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Más cárcel para el maltrato animal, un debate abierto

sábado 17 de marzo de 2018, 00:00h

Las comisiones de defensa de los derechos de los animales de los diferentes colegios de abogados de España se reunieron en Palma hace unos días para concretar líneas de actuación y decidir acciones futuras. Entre las conclusiones del encuentro, los abogados acordaron instar a los poderes públicos para que las legislaciones sobre el tema sean más ambiciosas, llegando incluso a reclamar penas de prisión superiores a las actualmente previstas.

Tras la última reforma legal sobre este asunto, la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo modificó el delito de maltrato animal estableciendo penas de cárcel entre los 3 y los 18 meses, inhabilitaciones de hasta 4 años y también multas, según las circunstancias de cada caso. Desde entonces, el concepto de maltrato incluye las agresiones, la muerte en actividades o espectáculos no autorizados, el abandono o, incluso, la explotación sexual de los animales. Con todo, en la práctica, la aplicación de la ley en la mayoría de los casos no ha pasado de la imposición de sanciones económicas.

Algunos casos, es verdad, han tenido la gravedad suficiente como para haber sido objeto de condenas de cárcel. Aquí, en Mallorca, alcanzó mucha notoriedad la condena de 8 meses de cárcel para el propietario del caballo Sorky que murió golpeado por su dueño tras ser descalificado en una carretera de trot. El condenado entró en prisión por orden de un juzgado de Manacor en octubre de 2015, pero la Audiencia provincial estimó el recurso de la defensa y lo excarceló en diciembre del mismo año atendiendo circunstancias personales.

Otro ciudadano de Palma, también en 2015, fue condenado a un año de prisión por dejar morir a su perro de hambre en su domicilio. En este caso, la condena se cumplió íntegra al confluir otro delito, en este caso por violencia de género.

Han sido casos recientes y muy próximos marcados por la aplicación de la nueva ley. Muy graves y muy llamativos. El escenario, sin embargo, resulta especialmente descorazonador si tenemos en cuenta que, al margen de los casos flagrantes de violencia directa como los citados, España ostenta el triste récord europeo de ser el país con mayor número de abandono de perros y gatos: unos 200.000 cada año. Son circunstancias mucho más cotidianas sobre las que no se suele aplicar ninguna ley.

Es loable el interés de los abogados, pero su pretensión de que se aumenten hasta dos años o más las penas por maltrato no parece la mejor opción para intentar reconducir una realidad en la que la nueva ley apenas ha conseguido frenar los casos más graves.

El camino debe ser profundizar en la educación de la sociedad actual. Cuando las sociedades eran fundamentalmente rurales, los animales formaban parte del día a día, integrados en los ciclos de la vida de las personas, su trabajo, su ocio y su sustento. No se hablaba de animalismo porque los animales eran una parte de lo cotidiano.

Ahora resultará más efectivo promover campañas y actitudes acordes con la recuperación de nuestra propia naturaleza que el aumento de penas defendido por los abogados reunidos en Palma. Más cárcel no solucionará el problema, pero el debate está abierto.

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