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Nueva reunión del Pacte de Cort, incapaz de aprobar la ordenanza cívica este verano
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Nueva reunión del Pacte de Cort, incapaz de aprobar la ordenanza cívica este verano

Por Redacción
lunes 21 de mayo de 2018, 08:22h
Las discrepancias entre los socios del gobierno municipal de Palma mantienen bloqueada la ordenanza cívica cuya aprobación se anunció, inicialmente, para el pasado mes de abril. A finales de mayo, la norma que debe regular el botellón, el trile, la venta ambulante o la prostitución callejera, sigue sobre la mesa de los gobernantes de Cort. Vecinos, comerciantes y empresarios de las zonas más afectadas, como Playa de Palma, insisten en la necesidad de aprobar ya una norma antes de que empiece la temporada de mayor afluencia de turistas. A estas voces se unió el pasado viernes la del propio jefe de la Policía Local, José Palouzié. Los servicios jurídicos alertan de que las pretensiones de Més y Podem, en el sentido de que las sanciones previstas sean leves, no están en consonancia con leyes de mayor rango por lo que la nueva ordenanza deberá endurecerse. Para desbloquear la situación, este lunes se ha convocado la enésima reunión.
Trileros este fin de semana en Playa de Palma
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Trileros este fin de semana en Playa de Palma

Representantes de los partidos que integran la mayoría de gobierno en el Ajuntament de Palma y responsables de la Policía Local se reúnen este lunes para intentar desbloquear los detalles que hasta ahora han hecho imposible fijar una fecha para la aprobación de la ordenanza cívica de la capital balear. La norma que debe regular actividades como el botellón, el trile, la venta ambulante o la prostitución en la calle, entre otras, sigue paralizada por la falta de acuerdo entre los partidos. Més y Podem quieren una aplicación con sanciones más leves mientras que los propios servicios jurídicos de Cort señalan que debe ir en consonancia con la legislación de ámbito superior, más restrictiva y sancionadora. Por su parte, el jefe de la Policía Local de Palma, José Palouzié, en su discurso en el acto oficial del pasado viernes, calificó de "imprescindible" que el nuevo texto legal se apruebe lo antes posible.

La aprobación de una nueva Ordenanza Reguladora del Uso Cívico del Espacio Público (ORUCEP) se viene retrasando por las discrepancias entre partidos, quienes habían anunciado la aprobación de la norma para el pleno de abril, después de acordar que aspectos como el 'top manta' estarían regulados en esta ordenanza y no en la del uso de la vía pública. En ese momento la concejala encargada de la seguridad, Angélica Pastor, señalaba que se quería "evitar un lenguaje discriminatorio, que pudiera herir sensibilidades", pero el desacuerdo no sólo se ha mantenido sino que se ha acrecentado. Posteriormente quedó para un pleno extraordinario en mayo; y ahora es un interrogante su aprobación, por lo que la temporada alta de verano puede dejar sin regulación aspectos clave en la seguridad de toda la ciudad y especialmente de zonas como la Playa de Palma.

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Los plazos corren, puesto que un texto acordado entre los partidos de gobierno debería remitirse con diez días de antelación para que los partidos de la oposición propongan alegaciones y desde el 12 de febrero en que tuvieron una reunión hasta ahora no han recibido nada. Tampoco los vecinos y comerciantes de Playa de Palma han tenido información y advierten de la "impunidad" con que determinadas actuaciones se siguen desarrollando en la zona.

Ante esta situación, la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Marga Durán, ha acusado al equipo de gobierno de "poner palos en las ruedas" para que se revise con urgencia la ordenanza. "Si ni siquiera ha pasado por el equipo de Gobierno, ¿cómo entonces va a ir al pleno?", señaló. "Está claro que este Ayuntamiento no quiere regular el uso del alcohol en la calle, no quiere frenar el trile, no quiere solucionar el tema de la venta ambulante", ha reprochado señalando especialmente a Podem y a Més del bloqueo para que se tramite la ordenanza.

Por su parte, los vecinos de Playa de Palma, que es probablemente la zona más conflictiva, reclaman la urgente aprobación de la ordenanza. "Mientras los políticos continúan sin ponerse acuerdo y faltan a su palabra, los que sufrimos las consecuencias somos los vecinos y los empresarios que invierten aquí", afirman.

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