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Eutanasia: El debate entre el derecho a la vida o muerte digna

martes 24 de julio de 2018, 06:00h
La eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente terminal con la intención de evitar sufrimientos, según recoge el Diccionario de la Real Academia Española. El concepto está asociado a la muerte sin sufrimiento físico y son los médicos los responsables de ejecutar la eutanasia, por lo general, con el apoyo de los familiares del enfermo en cuestión. Hay casos, sin embargo, donde el enfermo se encuentra en condiciones de elegir sobre su propio cuerpo y solicita la aplicación de la eutanasia. Esta práctica está prohibida en la mayoría de los países de la UE y el debate en España y concretamente en Balears está servido. Sus defensores aseguran que evita el sufrimiento de la persona y que rechaza la prolongación artificial de la vida; sus detractores, en cambio, consideran que nadie tiene derecho a decidir cuándo termina una vida. Desde mallorcadiario.com hemos querido dar una visión más amplia sobre el tema dando voz a todas las partes enfrentadas: unos defienden el "derecho a la vida" y otros el de "morir dignamente".

Concretamente, los expertos hablan de dos tipos de eutanasia. Así, por un lado, se sitúa la llamada eutanasia directa, que es aquella que define "el proceso de adelantar la muerte de una persona que tiene una enfermedad incurable". En este caso, a su vez,, lo dividen en dos clases: la activa, que básicamente consigue la muerte del enfermo mediante el uso de fármacos letales, y la pasiva, que es la que consiste en la consecución de la muerte mediante la suspensión tanto del tratamiento médico como de la alimentación por cualquier vía.

Por otro lado, encontramos la eutanasia indirecta o cuidados paliativos. Bajo dichos términos se encuentra la que "intentar paliar el dolor y sufrimiento de la persona en cuestión" y para ello se le suministran una serie de medicamentos que pueden producir la muerte de la citada persona.


EUTANASIA A DEBATE EN ESPAÑA


El tema de la eutanasia ha sido recurrente en los últimos años en España; este mismo mes de mayo, el Parlament de Catalunya propuso al congreso una ley para despenalizarla y el pasado 27 de junio el Congreso de los Diputados respaldó una proposición de ley del PSOE para su regulación "como un nuevo derecho individual y efectivo que se convierta en una prestación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud", aseguró el PSOE. La propuesta socialista fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos- aunque con reservas-, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís y EH Bildu. EL PP se opone frontalmente y el recién estrenado presidente de los populares, Pablo Casado, rechaza también la nueva ley sobre muerte digna que está preparando el Gobierno. "Somos el partido que nos vamos a oponer a la ley de la eutanasia de Pedro Sánchez por innecesaria e injusta", aseguró el líder popular.


EUTANASIA A DEBATE EN BALEARS


En Balears el debate también está servido y las posturas parecen estar enfrentadas de manera irremediable.

Por su parte, el Govern del 'Pacte' se alinea con las tesis del Ejecutivo Central y se muestra partidario de regular la eutanasia. Así, el PSIB presentó, el pasado 22 de mayo, una proposición no de ley que instaba a tramitar una iniciativa legislativa "que facilite una muerte digna y que despenalice la eutanasia y el suicidio asistido". De esta forma, el diputado del PSIB Vicenç Thomàs abogó por la inclusión de la la eutanasia como nuevo derecho individual puesto que "es una demanda real de una parte importante de la sociedad". Además, sostienen que la despenalización "no supondría quitar libertades a aquellos que quieren morir de forma natural, sino que solo da la opción a aquellos que actualmente no la tienen".

El PSIB basó esa PNL en que "en los últimos años se han presentado iniciativas desde diferentes parlamentos autonómicos", como es el caso del de Andalucía (2010), Navarra (2011), Balears (2015), Galicia (2015) o Madrid (2017), pero "ninguna de ellas ha prosperado".

En el lado opuesto encontramos a las asociaciones provida y a partidos políticos. Tanto el PP Nacional y en Balears se posicionan claramente en contra. Así, el diputado del PP en Balears, Vicent Serra expuso que en la PNL se eludía "todo debate técnico" y lo que primaba era "ir con un mensaje pseudo-progresista que aplicar rigor. Se quiere imponer la eutanasia por decreto", afirmó en el Parlament Balear este pasado mayo. Por su parte, Ciudadanos se abstuvo en la votación del Congreso de los Diputados.


ASOCIACIONES PROVIDA


Desde las asociaciones provida, como el Institut Balear de la Familia (IBFamilia), denuncian que "una ley de eutanasia dejaría sin efecto la Ley 4/2015, de 23 de marzo, de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir aprobada por unanimidad en el Parlament de les Illes Balears dejando de dar respuesta real a muchas personas que sufren por qué no habrá cuidados paliativos cubiertos por ley".

Su presidente, Agustín Buades, apuesta por los cuidados paliativos, pero nunca la muerte. "La única respuesta ética aceptable ante el final de la vida son los cuidados paliativos, que ni precipitan deliberadamente la muerte ni prolongan innecesariamente la agonía, si no que cuidan al enfermo, aliviando su dolor mientras llega la muerte".

De esta forma, aseguran que el proyecto "es inconsistente en su misma esencia", ya que "si consideramos que debe primar la autonomía, no tiene sentido restringir la aplicación de la eutanasia a determinadas situaciones clínicas y por lo tanto podría suceder lo que ya está pasando en Holanda y Bélgica, que las personas mayores prefieren ser tratadas fuera de su país ante el temor y desconfianza en la aplicación de las practicas eutanásicas", aseguran.

Por su lado, la portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Gádor Joya, no ve una regulación, ya que "ni Baleares ni tampoco España necesitan una ley que permita la eutanasia", mientras que Valores en Baleares defiende que "no existe el derecho a quitarse la vida" y considera "la eutanasia la competidora de los cuidados paliativos" ya que es "mucho más fácil acudir al corredor de la muerte que adentrarse en un acompañamiento de calidad y dignificante para los pacientes en el tramo final de la vida", mientras que La Asociación Baleares Vida considera que "es una derrota social el mero hecho de hablar, debatir y considerar la eutanasia como un logro social o un derecho, cuando existen innumerables medios para que un paciente no sufra".


¿QUÉ ESTÁ PENADO EN ESPAÑA?


En estos momentos, el Código Penal castiga -en su artículo 143- la "cooperación necesaria para el suicidio" y, por ende, la eutanasia se considera homicidio. Lo que no está penado en España es una especie de "eutanasia pasiva", regulada por la Ley de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, que establece que el paciente tiene derecho "a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles", así como a "negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley".

La Ley que pretende aprobar el Gobierno contemplaría dos supuestos. Primero: ante una enfermedad grave incurable. Segundo: ante una discapacidad grave crónica. Otras condiciones para que se aplicara serían: la mayoría de edad, dos valoraciones médicas distintas y presentar dos veces por escrito, una solicitud voluntaria. Además, tal y como aseguraron fuentes del PSOE en el Congreso de los Diputados, los médicos podrían apelar a la objeción de conciencia para no practicarla. "Holanda, Bélgica y Luxemburgo ya lo han regulado y en muchos otros países lo están debatiendo como nosotros, pero la ley que presentamos opta por el modelo más garantista", aseguró la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra.

Uno de los casos más conocidos y mediáticos sobre eutanasia en nuestro país fue la del español Ramón Sampedro, que a los 25 años quedó tetrapléjico por culpa de un golpe contra una roca al tirarse al mar. Sampedro siempre pidió morir dignamente y para ello, necesitó ayuda e ideó un plan que le llevó a conseguir su objetivo sin que ninguna de las personas que le habían ayudado incurriera en delito.

Así, el debate está servido y pese al fracaso de las reiteradas iniciativas estatales que han intentado abrir la puerta a la despenalización de la eutanasia en España, la última encuesta realizada sobre esta cuestión (Metroscopia en febrero de 2017) situaba en el 84 por ciento el porcentaje de personas que respondían "sí" a la siguiente pregunta: ¿Debería tener derecho un enfermo incurable a que los médicos le proporcionaran algún producto para poner fin a su vida sin dolor?.













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