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Sobre la implantación del SDDR

martes 23 de octubre de 2018, 09:41h

El tan controvertido Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que está en el debate de la Agenda política del Govern de les IIlles, plantea una serie de interrogantes que hace que las personas consumidoras manifestemos nuestras dudas y pongamos nuestros peros a la hora de una implantación sin un consenso claro entre todos los sectores implicados. Según los datos que manejamos las organizaciones de personas consumidoras y otros colectivos, la implantación de este sistema supondría un incremento importante en los gastos de gestión no sólo para todos los sectores sino, lo más preocupante, para el propio bolsillo de los consumidores.

El hecho de que todos los sectores implicados hayan manifestado sus dudas, en algunos casos, o su negativa debido a los perjuicios económicos que supone la implantación de un sistema de estas características hace que las personas consumidoras seamos, una vez más, los máximos perjudicados.

El cambio de paradigma de una economía lineal a una circular lleva consigo muchas ventajas para la sociedad y su ciudadanía en particular, pero este tipo de iniciativas no supone la puesta en marcha de medidas que puedan entorpecer la capacidad económica de la ciudadanía. Un cambio de modelo que conllevará muchas ventajas para las personas consumidoras, una mejora en la sostenibilidad del sistema basada en tres ejes fundamentales: el medioambiental, el económico y el social. Es precisamente en estos dos últimos en los que tenemos que poner énfasis a la hora de poner en marcha medidas de este calado que suponen un desajuste preocupante si no existe un consenso previo entre todos los sectores económicos implicados.

Además, como organizaciones de personas consumidoras, creemos necesario la puesta en marcha de campañas previas de concienciación y de cambios de hábitos de consumo, que pueden ser más resolutivas que la implantación de medidas como el SDDR sin un proceso de participación, de diálogo con todos los sectores implicados y, sobre todo, de consenso de todos los agentes.

Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias consideramos que desde un principio este tema no se ha gestionado correctamente a la hora de recoger las opiniones de todos los agentes implicados. Medidas de este calado deberían meditarse antes de lanzarlas a la opinión pública, y más un tema tan controvertido entre sus detractores y defensores.

Muchas son las dudas que tenemos como personas consumidoras, ¿qué va a pasar con los envases que no se admiten con este sistema?, ¿qué pasa con la ubicación de los nuevos puntos de depósito de estos residuos?, ¿qué pasará con los trabajadores de las plantas de reciclaje?, ¿cómo van a convivir los dos sistemas para no ocasionar problemas a las personas consumidoras?, ¿por qué tenemos que pagar los sobrecostes de este sistema que sin duda acabaremos pagando de uno u otra manera la ciudadanía?

Claro que somos defensores del medio ambiente y de todas las acciones que supongan una mejora del planeta en el que vivimos, pero con los datos en la mano no podemos enfocar este debate como una cuestión de porcentajes de generación de residuos de envases. ¿Qué tal si lo hacemos pensando en hábitos de consumo y en términos de economía familiar buscando el beneficio para las personas consumidoras y sus familias?

Mejoremos los sistemas actuales, concienciemos a la ciudadanía y pongamos en marcha mecanismos de formación que hagan que la ciudadanía cambie sus hábitos de consumo bajo la premisa de que es necesario mejorar el cuidado de nuestro planeta y el entorno en el que vivimos. No queramos implantar soluciones que acaben perjudicando a los de siempre, a las personas consumidoras.

Vicente Inglada, secretario de la Unión de Consumidores

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