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Un informe municipal justifica el derribo del Bloque VIII en Corea por “peligro para la seguridad”
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Un informe municipal justifica el derribo del Bloque VIII en Corea por “peligro para la seguridad”

martes 23 de octubre de 2018, 13:48h
El Área de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna del Ayuntamiento de Palma ha dictaminado que dos escalas del Bloque VIII del Camp Redó y seis viviendas de otras dos escaleras "suponen un peligro para la seguridad de las personas" y se deben desalojar. Con este informe el Ayuntamiento respalda su decisión de desahuciar a las personas que ocupan las viviendas. Se trata de una de las conclusiones del informe que ha redactado el departamento de Disciplina y Protección de la Edificación después de visitar el bloque el pasado 2 de octubre, según ha informado el Ayuntamiento.

El informe concluye que hay dos escaleras, la 23 b y la 23 c, que tienen peligro de colapso por el estado de disgregación del hormigón y el armado de los pilares y de las vigas maestras.

Además, el informe señala que no se puede permitir el uso de seis viviendas más y que se deben evacuar. También se insta a apuntalar todo el bloque para garantizar la estabilidad estructural de todo el edificio e iniciar el procedimiento para declarar el edificio en ruina.

El concejal de Urbanismo, José Hila, ha remarcado que "en estas viviendas no pueden vivir personas porque supone un riesgo para su seguridad". "Con este informe no podemos permitir, como administración, que haya personas viviendo allí", ha afirmado.

El concejal ha señalado que se ofrecerán recursos municipales a las personas que viven actualmente en el bloque y que no son los propietarios.

Por otro lado, el regidor de Urbanismo ha señalado que se ha llegado a un acuerdo con los 20 propietarios legales del bloque.

Cort inició en julio de 2017 el procedimiento para expropiar el Bloque VIII para poder derribarlo. De las 32 viviendas, 12 pertenecían a instituciones (siete del patronato y cinco del Instituto Balear de la Vivienda) y 20 a particulares.

Según Hila, actualmente sólo queda una familia que ya tiene asignada una casa a la que "en breve se trasladará".

Los acuerdos alcanzados con los propietarios han sido aceptar el precio fijado por Urbanismo, la permuta de la vivienda por alguna propiedad municipal o la aceptación del precio más un alquiler social.

En cuanto a las personas que actualmente están ocupando el edificio de forma ilegal se les han ofrecido ayudas al alquiler o a la fianza o ayudas para comprar comida, entre otras del catálogo de Bienestar y Derechos Sociales. Si no tienen otra vivienda pueden acceder al Servicio de Acogida Municipal.

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