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Las mafias 'se protegen' para que no aumenten los desalojos exprés de okupas
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Las mafias "se protegen" para que no aumenten los desalojos exprés de okupas

lunes 02 de septiembre de 2019, 07:03h
A mediados del mes de junio, la Fiscalía Superior de Baleares emitía una instrucción a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para desalojar okupas de casas habitadas y segundas residencias sin necesidad de solicitar medidas judiciales, es decir, inmediatamente. En Palma, uno de los puntos más afectados por esta problemática de todo Baleares, el número de intervenciones policiales al respecto se mantiene desde entonces.

Fuentes oficiales indican a mallorcadiario.com que las actuaciones inmediatas en este contexto ya se desarrollaban antes de la instrucción de Fiscalía -ésta sólo vino a respaldar y dar solidez a las directrices-y en estos dos meses y medio, la tendencia se mantiene. No obstante, afirman que las mafias que se dedicaban al negocio de la okupación para alquilar a otras personas "se cubren más las espaldas".

La directriz se alumbró en un contexto de creciente problema social y legal debido a la ocupación ilegal de inmuebles y al aumento de mafias que se aprovechan de la necesidad de personas vulnerables. "Al no haber una respuesta jurídica uniforme se hace necesario establecer unos criterios de actuación atendiendo los intereses que hay en conflicto", indica la instrucción. Por un lado, se destacaba, está el derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio "ya que nadie puede entrar en domicilio ajeno sin autorización del titular o resolución judicial", y por otro, el derecho a una vivienda digna.

En el escrito, Barceló reconocía "situaciones reales pero diferentes, en función de si se trata de un inmueble ocupado por su titular o uno desocupado". En el primer caso -aquellas casas que sean empleadas por sus propietarios como primera o segunda residencia- los agentes de policía deberán proceder directamente y de forma inmediata al desalojo de los terceros ocupantes y su detención.

Es el caso de la vecina de Son Sardina, en Palma, que regresó de vacaciones y se encontró su finca ocupada. Rápidamente avisó a la Policía Local y los agentes le comunicaron que no podían hacer nada más que redactar un informe judicial y le recomendaron que denunciase ante el Juzgado. Dos días después, y gracias a la presión social, la mujer recuperó su legítima vivienda.

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