www.mallorcadiario.com

Viviendas más caras y bolsillos menos llenos

miércoles 01 de enero de 2020, 06:00h
Las crecientes dificultades para el acceso a la vivienda de un sector de población de cada vez más numeroso, el récord en la llegada de pateras a la costa balear, la ralentización económica, la controversia sobre los perjuicios o beneficios del turismo de cruceros y la espeluznante estadística sobre la violencia de género son algunas de las cuestiones que han marcado el año 2019.

Los últimos 365 días han consolidado la posición de Baleares como una de las Comunidades en que más caro resulta comprar o alquilar una vivienda. Tanto es así, que el porcentaje del presupuesto doméstico que los ciudadanos de las islas se ven obligados a dedicar a este apartado acapara la mayor parte de la disponibilidad económica de las unidades familiares.

Uno de los datos más recientes a este respecto fue divulgado con ocasión del balance del tercer trimestre de 2019 realizado por el Instituto Nacional de Estadística. En el documento, se refleja que los precios medios de la vivienda libre subieron en Baleares un 6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, representando uno de los mayores incrementos de la comparativa interanual sobre la evolución del precio inmobiliario en las islas.

En comparación con el trimestre anterior, los precios habían subido en la Comunidad balear un 4,5 por ciento, constituyendo el mayor aumento de todo el Estado. De hecho, a nivel nacional, el incremento medio fue del 1,6 por ciento, y el interanual, del 4,7.

Más estadísticas: por tipo de vivienda, los precios para la residencia de nueva construcción han aumentado este año un 8,5 por ciento, además de un 4,8 trimestral. Por su parte, las casas de segunda mano han experimentado un crecimiento en su precio del 5,8 por ciento interanual, y del 4,5 si se compara con los tres meses inmediatamente anteriores de 2019.

LA VIVIENDA EN PALMA

Con vistas a 2020, las previsiones no invitan precisamente al optimismo en cuanto al objetivo de la moderación de los precios en un sector particularmente cambiante. Recientemente, un estudio realizado por el grupo Tinsa, especializado en la tasación y valoración de edificios y viviendas, mostró que el precio de la residencia en Palma crecerá por encima del 5 por ciento este próximo año. Solo otras nueve capitales del Estado aumentarán hasta tan alto grado el coste de adquisición de una casa.

Los datos concretos resultan absolutamente elocuentes respecto a la merma que los gastos de la vivienda generan en la economía de los habitantes de Baleares. Siguiendo con el ejemplo de Palma, una vivienda de 80 metros que hace apenas cinco años, en 2014, costaba a un comprador una media algo superior a los 141.000 euros, ahora requiere abonar más de 230.000. En otras palabras, el incremento experimentado se ha situado nada menos que en el 63,6 por ciento, en el corto espacio de tiempo de un lustro.

Esta alarmante evolución del mercado inmobiliario en Baleares está dificultando el acceso a la vivienda de amplios colectivos de población. Esta constatación se ve claramente reflejada en la caída en la firma de hipotecas que se ha registrado en las islas este año, y que alcanzó su punto más álgido en agosto, cuando la rúbrica de este tipo de operaciones descendió en un 43,8 por ciento en Baleares, mientras que el capital prestado para la compra de casas decayó un 25,1.

Para paliar esta coyuntura, los diferentes partidos políticos y agentes sociales han puesto sobre la mesa en el transcurso del año diversas alternativas: la limitación del precio del alquiler, la posibilidad de presentar reclamaciones contra una subida del coste de ocupación de una vivienda que pueda considerarse excesivo, y, por supuesto, la construcción de nueva oferta residencial.

LA SUBASTA DE SON BUSQUETS

No obstante, la falta de suelo es el gran escollo con el que el Govern se encuentra a la hora de sacar adelante un plan de vivienda ajustado a las actuales necesidades de la población. La gran carta de la baraja que el Ejecutivo autonómico guardaba en la chistera para hacer frente a este problema era el solar del antiguo acuartelamiento militar de Son Busquets, en Palma.

Sin embargo, tras muchos años de espera, la apuesta fracasó, después de que, a mediados de 2019, el Consejo de Ministros del Gobierno en funciones presidido por Pedro Sánchez autorizase al Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sacar a subasta este emplazamiento, por un valor total de 45,84 millones de euros.

La superficie registral del recinto suma 110.858 metros cuadrados, adquiridos en propiedad por el Ministerio de Defensa hace, prácticamente, 80 años, en 1940.

A pesar de las acusaciones cruzadas entre los diversos partidos políticos, las instituciones de las islas trataron de organizar un frente común con motivo de la controvertida operación de subasta de Son Busquets. En el Parlament, y a instancias de El PI Proposta per les Illes, se dio luz verde a una PNL en la que se instaba al Gobierno central a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo balear y el Ayuntamiento de Palma para la cesión del solar con el objetivo de que pudiera llevarse a efecto la construcción de viviendas públicas o, en su caso, que fuera el Ministerio de Fomento el que procediera a su compra de forma directa.

Por parte de Cort, el portavoz municipal, Alberto Jarabo, aseguró que el equipo de gobierno trabajaría para evitar la subasta de los terrenos de Son Busquets por parte del Ministerio de Defensa, y que, en caso de no conseguirlo, el Consistorio intentaría una reducción de la cifra de tasación y estudiaría la opción de pujar por el emplazamiento.

Sin embargo, Jarabo pinchó en hueso. Media hora después de sus declaraciones, el alcalde de Palma, José Hila, desmintió sus palabras y aseguró que los recursos económicos de Cort convertían en una misión absolutamente imposible la participación de la Administración municipal en el proceso de subasta.

EL IRRESTIBLE ASCENSO DEL MOVIMIENTO OKUPA

La carencia de viviendas y el alto coste de las mismas son cuestiones que guardan una clara relación con un fenómeno que ha proseguido su tendencia creciente durante este 2019 en Baleares: el movimiento okupa.

En este sentido, vale la pena destacar, entre las informaciones más relevantes del año, la instrucción dictada por el Fiscal Superior, Bartomeu Barceló, orientada a permitir que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad puedan actuar "directamente y de forma inmediata" cuando se advierta la presencia de okupas en casas habitadas y segundas residencias, procediéndose a su desalojo sin la necesidad de solicitar medidas judiciales. Barceló cursó la orden a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los diferentes Cuerpos de Policía Local.

Aún así, el fiscal superior, que este año también ha sido protagonista de la actualidad por su condición de víctima de un robo con violencia en plena vía pública, advirtió en el documento que cuando existan dudas de la naturaleza delictiva de la ocupación, sí será preceptivo reclamar la actuación de las instancias judiciales. Además, la orden insta a la intervención de los departamentos de Servicios Sociales en el caso de que los moradores ocasionales del piso sean personas en riesgo de exclusión social.

La iniciativa encabezada por el fiscal superior pretendía paliar la escalada del fenómeno okupa, especialmente en Palma, con la consiguiente situación de indefensión por parte de los propietarios. Este fue el caso de una vecina del barrio de Son Sardina, que se encontró con su finca ocupada por unos desconocidos a su regreso de las vacaciones.

La mujer avisó de inmediato a la Policía Local, pero los agentes le comunicaron que el único trámite que estaban autorizados a llevar a cabo consistía en la redacción de un informe judicial, recomendándole, en este sentido, que presentara una denuncia ante el Juzgado.

Dos días después, y gracias a la presión social, la mujer recuperó la vivienda, pero su caso sirvió de acicate para que las administraciones se apercibieran de la necesidad de llevar adelante medidas efectivas que resultasen útiles para contener los efectos de la ocupación ilegal de las propiedades inmobiliarias.

SON GOTLEU Y CAMP REDÓ, EJEMPLOS DE DEGRADACIÓN

El fenómeno okupa afecta, en mayor o menor magnitud, al conjunto del territorio de Palma. Sin embargo, hay dos puntas del iceberg en este problema que conviene tener presentes: los barrios de Son Gotleu y Camp Redó. En estas zonas, las asociaciones vecinales y ciudadanas afirman que las mafias campan a sus anchas, ocupando y alquilando pisos vacíos, la mayoría de ellos propiedad de los bancos y de ‘fondos buitre'.

La historia viene de lejos. La crisis económica iniciada en 2007 propició que las entidades financieras asumieran la propiedad de miles de viviendas en Palma, buena parte de ellas en barrios humildes como los anteriormente citados. La mayor parte de este parque inmobiliario se ha mantenido vacío durante todo este tiempo, favoreciendo la irrupción de grupos, frecuentemente bandas organizadas, que ocupan los pisos sin efectuar ningún tipo de contraprestación, y las alquilan posteriormente. Tanto en un caso como en otro, estaríamos hablando de ocupaciones declaradamente ilegales de una propiedad.

En Son Gotleu, el presidente de la entidad vecinal ‘Orson Welles’, Ginés Quiñonero, calcula que al menos unas mil viviendas se encuentran actualmente en esta situación. La consecuencia más directa es, en palabras de este representante ciudadano, que este barrio del extrarradio de Palma se ha convertido en “un ghetto”, con la conflictividad social y los problemas de convivencia que acarrean estas situaciones.

Camp Redó tampoco es ajeno al boom de la ocupación ilegal. El barrio se halla inmerso en un progresivo estado de degradación que se constata fielmente en el lamentable estado que presentan la vía pública y los equipamientos urbanos, y el deplorable aspecto de la mayor parte de sus viviendas.

Paradójicamente, algunas de las casas de Camp Redó que se encuentran actualmente tapiadas o abandonadas son propiedad del Govern, y, en concreto, del Ibavi. Este organismo detenta la titularidad de 42 viviendas en la barriada, la mayor parte de ellas en el espacio que ocupan las antiguas viviendas sociales de Camp Redó. En estos bloques, proliferan los casos de ocupación ilegal por parte de personas o familias que no pagan alquiler alguno.

A finales de este año, el Ayuntamiento de Palma movió ficha reclamando al Govern la cesión de estos inmuebles, siempre que la entrega se realizase tras liberarlos de cargas y deudas. De hecho, una vez consumado el fiasco de Son Busquets, Cort precisa incrementar su parque inmobiliario público para hacer frente a las numerosas solicitudes de familias que no pueden acceder a los pisos si se aplican los precios de mercado, pero que, en cambio, cuentan con recursos suficientes si la opción que se les pone sobre la mesa es la de ocupar una vivienda social.

Paralelamente, a través del Patronat Municipal de l’Habitatge, Cort dispone de la titularidad de otras 11 viviendas en Camp Redó, de las que siete cuentan con un expediente abierto de expropiación. Para el Consistorio palmesano, como ocurrió también con los que le precedieron, este barrio se ha convertido en una patata caliente muy difícil de pelar.

A finales de este año, el Ayuntamiento procedió a la demolición del Bloque VIII, un edificio que presentaba un serio peligro de derrumbe y en el que residían de forma ilegal varias personas. A partir de aquí, la intención de Cort, dentro del proyecto que el departamento encabezado por la regidora Neus Truyol ha denominado ‘Reurbaniza’, consiste en transformar este espacio en un recinto de uso público, si bien el área de Infraestructuras todavía no ha ultimado las características del proyecto, para el que cuenta con una partida aproximada de 300.000 euros.

Entretanto, los vecinos organizados a través de la activa y combativa plataforma ciudadana ‘Salvem Camp Redó’ siguen denunciando, periódicamente, el estado de abandono de esta zona de Palma y las, a su juicio, escasas alternativas que está planteando el gobierno municipal presidido por José Hila.

A LA CABEZA DE LA ESTADÍSTICA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Baleares habrá cerrado 2019 con la cifra más elevada de delitos por violencia de género de todo el Estado, con una ratio de 33,7 casos por cada 10.000 mujeres. Este registro se sitúa, además, tres puntos por encima del pasado año, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La media nacional es del 18,1 por ciento.

Tras Baleares, ocupan los siguientes puestos del ránking Canarias (24,7) y la Comunidad Valenciana (24,2). En cambio, la tasa más baja se dio en Galicia (10,7), seguida de Castilla y León (11,7) y Extremadura (12,1).

De todos los casos que han tenido lugar en el archipiélago uno de ellos acarreó el peor desenlace posible: la muerte de la víctima. El suceso ocurrió el pasado septiembre en Colònia de Sant Jordi, y la destinataria del ataque machista que acabó con su vida fue una mujer de 59 años, de nacionalidad alemana, que fue acuchillada por su pareja, recibiendo un total de cinco heridas en el tórax y el abdomen.

Los protagonistas de la luctuosa noticia no tenían hijos y solo llevaban unos pocos meses residiendo en este núcleo turístico del municipio de ses Salines. Como en otros muchos casos, tampoco en éste constaban denuncias previas por violencia de género. El hombre, de nacionalidad española, fue detenido.

No muy lejos, en Campos, otra mujer fue repetidamente agredida con un martillo por su pareja, pero sobrevivió al ataque tras pasar varios días ingresada en estado crítico.

Igualmente, cabe mencionar que en este 2019 se incorporó a la estadística de muertes por violencia de género ocurridas en Baleares un suceso acaecido en Menorca en 2018. Inicialmente, la muerte recibió el tratamiento de fallecimiento accidental, hasta que el historial reincidente del presunto autor del crimen obligó a optar por un abrupto giro en las investigaciones.

A nivel nacional, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ha registrado un nuevo repunte este año que ya finaliza. Si no se producen nuevos homicidios antes de inaugurar 2020, habrán sido 55 las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas.

Esta siniestra estadística lleva aumentado en España desde 2017, cuando se contabilizaron 50 mujeres asesinadas. Por su parte, 2018 cerró con una víctima más, 51, cuatro menos que en 2019. Aún así, el pico sigue anclado en 2015, cuando la cifra de crímenes machistas en nuestro país ascendió a 60. Según reflejan los datos que elabora la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, desde el 1 de enero de 2003 hasta la actualidad el número de víctimas suma ya la espeluznante cifra de 1.033.

La última víctima incorporada a este recuento fue una mujer de 38 años que fue asesinada presuntamente por su pareja el pasado 30 de noviembre. No había denunciado su situación de maltrato, al igual que la mayoría de las asesinadas: de las 55 víctimas correspondientes a 2019, sólo once, es decir, el 20 por ciento, habían acudido previamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En cinco de los casos en los que sí existía denuncia se adoptaron medidas de protección a favor de la víctima; y en cuatro de ellos, estas medidas estaban vigentes en el momento del crimen. Para ahondar más en la cuestión, cabe señalar que una de cada diez mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde 2006 disponía de alguna medida de protección a su favor en el momento del asesinato.

En 2019, la mayoría de las víctimas mortales en España (40 por ciento) tenía entre 41 y 50 años, franja de edad que también predomina entre los agresores (47,3 por ciento). La mayoría de estas mujeres eran españolas (60 por ciento), y también la mayoría (el 65,5 por ciento) convivían con su presunto agresor.

Respecto a los 55 presuntos agresores, en su mayor parte (el 61,8 por ciento) eran españoles. Tras cometer el crimen, 14 se suicidaron, y tres de ellos lo intentaron sin éxito.

Por comunidades autónomas, cinco territorios lideran la estadística de homicidios de mujeres a manos de sus compañeros sentimentales o de relaciones anteriores, en este 2019. Andalucía encabeza el ránking, con 13 casos, y le siguen Cataluña (9), Canarias (8), Comunidad Valenciana (7) y Comunidad de Madrid (7). Los crímenes restantes se produjeron en Castilla y León (3), Galicia (3), Cantabria (2), Aragón (1), Murcia (1) y, como ya se ha dicho, Baleares (1).

Como último efecto, la violencia de género ha dejado un total de 46 huérfanos. Este colectivo suma ya la cifra de 279 si los datos se contabilizan desde 2013.

ESPECTACULAR AUMENTO DE PATERAS EN LA COSTA BALEAR

Este final de año ha coincidido con un nuevo repunte en la llegada de pateras a Baleares, y ello acompañado por la perplejidad que la mayor parte de los ciudadanos de las islas sintieron tras conocer que la Policía Nacional iba a poner en libertad a los 27 migrantes llegados en el último tramo del mes de diciembre a causa de la falta de espacio en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Península.

Según informó la Delegación del Gobierno en las islas, ante la llegada masiva de estas embarcaciones en el conjunto del territorio nacional, las plazas disponibles habían sido ya ocupadas.

El día anterior, de madrugada, los efectivos de vigilancia habían localizado tres pateras en aguas de Baleares. La primera de estas embarcaciones, de cinco metros de eslora, transportaba a diez personas, todos hombres, y su presencia fue detectada, al sudeste de Cabrera, por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

Esa misma fecha, una segunda embarcación desembarcó en las costas de Cala Pi, en el municipio de Llucmajor. La Guardia Civil tuvo que realizar un total de cinco detenciones relacionadas con este suceso.

Finalmente, se avistó una tercera embarcación en Formentera, en concreto en la playa de Can Marí. La Benemérita puso en marcha un dispositivo para interceptar a los ocupantes y arrestó a otras diez personas.

Poco tiempo antes, en octubre, otras cinco embarcaciones habían alcanzado el litoral balear, también de madrugada, tres de ellas en Mallorca, con un balance total de 52 detenciones.

Ese mismo mes, el radar del SIVE había conseguido detectar la presencia de otras dos pateras, cuyos ocupantes no llegaron a poner el pie en tierra porque la Guardia Civil procedió a detenerles en alta mar. Los puntos de localización: cap Salines y Cala Figuera, en el municipio de Santanyí.

Estas son solo las intervenciones más recientes que han debido realizar las fuerzas de seguridad en Mallorca y el resto del archipiélago a causa de un fenómeno que ha cobrado un auge espectacular en este año 2019, casi en todos los casos con un mismo punto de origen: Argelia. Así lo reconoció el delegado del Gobierno en funciones, Ramon Morey, que calificó de “excepcional” la situación que afecta a Baleares y al sudeste de la península, siendo Alicante, Almería y Murcia los otros destinos preferentes.

Curiosamente, en la rueda de prensa que Morey ofreció tras la llegada de nada menos que cinco embarcaciones al unísono, cuatro de ellas a las Pitiusas y una quinta a Mallorca, el representante de la Administración central puso sobre la mesa un dato más que significativo: hasta el 5 de agosto, solo habían llegado 2 personas por inmigración ilegal a Baleares; el resto, es decir, 302 (muchas más, en realidad, desde que tuvo lugar la comparecencia de Morey), lo han hecho a partir de ese momento.

Con estas estadísticas en la mano, 2019 pasará a la historia por ser el ejercicio que ha registrado una mayor llegada de pateras a Baleares desde que se contabiliza este registro. De hecho, en 2017, llegaron 277 personas en 23 embarcaciones, y, en 2018, 199 migrantes, en 17 de estos pequeños utilitarios náuticos.

LA ECONOMÍA SE RALENTIZA

Las cosas no pintan bien a nivel económico en Baleares. Por primera vez, las islas podrían cerrar 2019 con una renta per cápita inferior a la media española, una circunstancia insólita en un territorio que hace apenas dos décadas era la Comunidad con mayor disponibilidad adquisitiva del Estado, superando, y además con creces, el índice marcado en el conjunto de la Unión Europea.

Ese primer lugar en renta per cápita de finales de los 90 y principios de los 2000 ha ido retrocediendo, progresivamente, hasta situarse, en el transcurso de estos últimos años, en una discreta séptima posición. A la espera de que se cierre el balance definitivo de 2019, Baleares podría haber descendido al octavo puesto del ránking estatal y, como ya se ha apuntado, por debajo el nivel medio español.

La desaceleración balear se enmarca, además, en el contexto de la ralentización general del país, derivada de la parálisis del gasto en las unidades familiares, el freno de las exportaciones de servicios turísticos, y el menor impulso de la demanda europea.

Así se expone en los diversos informes sobre la evolución de la coyuntura económica efectuados estos últimos meses. Uno de los estudios más representativos ha corrido a cargo del Observatorio Regional del BBVA Research, cuya previsión es que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de Baleares se quede en el 1,2 por ciento en 2020, bastante lejos del 1,8 del año actual y aún más distante del 2,2 de 2018. De cumplirse este pronóstico, solo una Comunidad, Canarias, se situaría en esta próxima anualidad por debajo de Baleares, con un 1,1 por ciento.

Ambos territorios comparten una característica en común: son, hoy por hoy, los principales epicentros de los efectos del Brexit. De hecho, en ambas comunidades insulares, el gasto que efectúan los turistas procedentes de Reino Unido supone nada menos que el 10 por ciento del total del PIB.

Desde organizaciones patronales como CAEB se ha lanzado la voz de alarma en repetidas ocasiones durante 2019. La presidenta de la entidad, Carmen Planas, ha alertado sobre la necesidad de incentivar la recuperación de la economía balear a través de medidas concretas que favorezcan la contratación laboral y descarguen la presión fiscal que han de soportar las empresas con el objetivo de impulsar el empleo y el crecimiento a través de la inversión.

Desde el ámbito de la pequeña y la mediana empresa, representadas por organizaciones como Pimem y Afedeco, el análisis no difiere demasiado, si bien en su caso se pone el acento en la prioridad de insuflar aire a las pymes a partir de regulaciones que doten a su oferta comercial de un mayor dinamismo. Esta finalidad genérica ha de pasar, a su juicio, por una legislación de comercio mejor ordenada que sea capaz de actuar directamente en aspectos como los calendarios de las rebajas.

LA CRISIS DE THOMAS COOK

En Baleares, la actividad económica está íntimamente ligada a los resultados del negocio turístico. En este apartado, la quiebra del touroperador británico Thomas Cook, el pasado septiembre, ha copado las portadas informativas del último cuatrimestre de 2019.

No en vano, estamos hablando del que fuera el segundo mayor grupo turístico mundial, con más de 178 años de historia. Su desaparición dejó a más de 600.000 turistas retenidos en sus diversos puntos de destino, siendo necesario habilitar una 'operación retorno' que ha sido comparada a las repatriaciones masivas que tuvieron que organizarse durante la Segunda Guerra Mundial.

De hecho, cientos de vuelos resultaron cancelados y, tanto en Baleares como en otros destinos preferentes, las compañías hoteleras se vieron, de golpe y porrazo, con un montón de facturas pendientes de cobro cuyo responsable de liquidarlas acababa de cerrar sus puertas de un día para otro.

Las administraciones no tardaron en reaccionar. A nivel nacional, el Gobierno en funciones aprobó un plan de choque integrado por 13 medidas y valorado en unos 300 millones, de los cuales 200 correspondían a créditos del ICO. Canarias y Baleares han sido los principales perceptores de estos recursos al ser, sin lugar a dudas, los territorios autonómicos más afectados por la quiebra del gigante británico. Ambos archipiélagos constituían los puntos vacacionales más recurrentes en una empresa que, según cifras de 2018, trasladó a España 3,6 millones de turistas ese año.

También por parte del Govern balear se aprobaron medidas ideadas para los sectores más seriamente perjudicados por la desaparición de Thomas Cook. Algunas de estas actuaciones no estuvieron exentas de controversia, ya que el Ejecutivo presidido por Francina Armengol planteó la reorientación de una parte de los fondos obtenidos a través del cobro del impuesto ecoturístico a facilitar la estabilidad de la tesorería de las compañías hoteleras y otras empresas del sector. Incluso dentro del gabinete balear se escucharon voces disidentes por parte de uno de los partidos que forma parte del pacto de legislatura, Més per Mallorca, sin dejar de lado las protestas del socio menorquín de la coalición ecosoberanista.

La intervención del Govern también se centró en el personal de Thomas Cook en Baleares que había perdido su puesto de trabajo, articulando la habilitación de ayudas y bonificaciones tendentes a amortiguar la situación de desempleo a la que estos profesionales se habían visto abocados de la noche a la mañana.

El repaso a la actualidad de 2019 debe hacerse eco también de la agria controversia a cuenta de los viajes del Imserso, verdadero pulmón de emergencia de la actividad vacacional en Baleares durante los meses con menor afluencia de visitantes.

Cuando la adjudicación se hizo pública, en el mes de septiembre, uno de los grupos que optaba a la concesión del servicio, Mundiplan (UTE formada por Iberia, IAG7 y Alsa) presentó un recurso contra la adjudicación de uno de los lotes, que había ido a parar a manos de Mundosenior (con participación de Halcón Viajes y Barceló).

El lote recurrido no incluía a Baleares, pero la reclamación paralizó el proceso y, durante casi dos meses, el sector turístico y hotelero de las islas, además de la oferta complementaria, experimentaron la angustia de la posible anulación de unas plazas con las que ya contaban para paliar la caída en picado de la actividad durante el período invernal. Finalmente, el recurso fue desestimado y los hoteles del archipiélago pueden alojar al segmento de usuarios más numeroso de la denominada temporada baja.

LAS PATRONALES DEFIENDEN EL TURISMO DE CRUCEROS

El pasado 23 de julio, un centenar de personas se concentraron ante la sede la Estación Marítima del Port de Palma para defender el turismo de cruceros, respondiendo, de esta manera, a la convocatoria lanzada por la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (Pimem), cuyo manifiesto a favor de dicha actividad logró la adhesión de 41 entidades empresariales y comerciales de Baleares.

La declaración pivota sobre un argumento esencial: 'Gestión sí, prohibición no'. De esta manera, los partidarios de la oferta crucerística salían al paso de las movilizaciones auspiciadas por el tejido social y ciudadano contrario a la llegada de estas embarcaciones, a quienes, pocos días antes, había recibido la presidenta del Govern en el Consolat de Mar.

En contraposición a las propuestas abolicionistas de estos colectivos, la Pimem y el resto de organizaciones que se sumaron a la concentración favorable a los cruceros solicitaron a las administraciones que, antes de acometer ningún tipo de prohibición o restricción, apuesten por sacar adelante un estudio "fiable, veraz y profundo" sobre las consecuencias que el imparable auge de este sector turístico ejerce en las islas, en clave ambiental, social y económica.

En este último aspecto, el económico, los datos divulgados por Pimem no parecen ofrecer dudas sobre la rentabilidad de los cruceros que hacen escala en Palma. Concretamente, el 60 por ciento de los cruceristas en tránsito, es decir, aquellos que viajan en embarcaciones que permanecen atracados en el puerto durante un margen de entre 4 y 8 horas, pone el pie a tierra: el 70 por ciento pasean por Palma, y el resto aprovecha para desplazarse a otras localidades de la isla.

Desde este punto de vista, según argumenta la entidad patronal, el comercio autóctono recibe una inyección de clientes que de ninguna de las maneras puede ser despreciado y que, de hecho, resulta vital para que los números cuadren a final de mes.

Al mismo tiempo, el manifiesto que recabó el apoyo de 40 entidades sectoriales y vecinales hace referencia a un estudio sobre el impacto económico de los cruceros en Baleares realizado en 2015, de forma conjunta, por la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Cámara de Comercio de Mallorca y la Autoridad Portuaria (APB). En este documento, se revela que la oferta crucerística genera ingresos por valor de más de 250 millones de euros, y crea, en las islas, casi 5.800 puestos de trabajo.

Desde este punto de vista, las organizaciones firmantes del manifiesto abogan por una gestión "ordenada y escalonada" de la llegada de cruceros a Palma, sin limitación ni imposición de ningún otro tipo de prohibición, aunque, al mismo tiempo, instan a que las embarcaciones reduzcan sus emisiones contaminantes.

Otras peticiones del sector pasan por la realización de un estudio sobre la contaminación de los cruceros financiado con fondos recaudados por el Impuesto de Turismo Sostenible, o un informe riguroso en torno al impacto económico de la actividad en Baleares.

En este sentido, tanto Pimem como el resto de entidades, entre las que se encuentran Pimeco, el colectivo del taxi, la Federación Empresarial Balear de Transporte y la Agrupación de Agencias de Viajes, alegan que el turismo de cruceros "no ocupa plazas ni sobrecarga" las vías de Palma, dado que representa "menos del 8 por ciento" del turismo que recibe Mallorca.

EFECTOS MEDIOAMBIENTALES DE LOS CRUCEROS

Ahora bien, ¿realmente la oferta de cruceros ejerce un efecto depredador y destructivo del entorno ambiental, como aseguran sus detractores? Precisamente, un estudio del Govern parece desmentir este argumento. Se trata de un informe realizado por el Ejecutivo autonómico en la segunda mitad de 2018, orientado a analizar la calidad del aire en la terminal de pasajeros del Port de Palma y el entorno del Passeig Marítim. La conclusión es que la calidad es “buena”, una vez evaluados los valores alcanzados de los diferentes contaminantes analizados.

Así, el documento aprecia que los valores de dióxido de azufre (SO2), uno de los más recurrentes en el caso de los buques de grandes dimensiones, son “muy aceptables” y, además, según se apunta en el estudio, “todos los valores observados han sido significativamente inferiores a los niveles fijados en la legislación vigente”.

No obstante, el informe reconoce que los bajos valores “pueden ser debidos a que las chimeneas de los barcos están situadas en puntos mucho más elevados que la toma de muestras de contaminantes de la estación”. Precisamente por este motivo, el informe sugiere que “para conocer los valores reales se deberían buscar ubicaciones con mayor altitud”.

Un ejemplo sería la estación del Parc de Bellver, ubicada a mayor altura (117 metros) y en un punto clave para la recepción de estas emisiones. En cualquier caso, repasando los informes del Govern correspondientes a los ejercicios de 2018, 2017 y 2016 (estos dos últimos ejercicios coincidiendo con años de récords turísticos) las alertas por superar el límite diario que, eventualmente, puede poner en peligro la salud de la población, fueron igual a cero.

Por otro lado, el informe refleja que los valores de dióxido de nitrógeno son inferiores a los niveles fijados, pero, según refleja el documento, “demuestran el elevado tráfico de camiones en el entorno del muelle”. En otras palabras, el informe pone el foco no sobre los cruceros, sino sobre el tráfico rodado.

Asimismo, las cifras de las partículas en suspensión PM10 apuntan a “importantes fuentes de combustión en el muelle”, aunque el estudio también reconoce que la recogida de datos coincidió con numerosos episodios naturales de irrupción del polvo sahariano. Cabe recordar que estas partículas abarcan un amplio espectro, que va desde sustancias inorgánicas hasta orgánicas, procedentes de fuentes naturales y artificiales, sin que todas ellas puedan achacarse a la presencia próxima de embarcaciones.

Por su parte, la Autoridad Portuaria (APB) gestiona desde este verano una red de ocho nuevos sensores en el Port de Palma y sus inmediaciones con el objetivo de realizar el seguimiento de la concentración de emisiones y niveles acústicos. Los equipos anteriores habían sido reemplazados después de que entidades ecologistas cuestionasen la validez de los equipos previos para medir las nubes de contaminación de cruceros y grandes ferrys debido a su ubicación.

Con los nuevos equipos, desarrollados por Kunak, se recogen muestras de manera continua y se calcula la media de concentración de emisiones y niveles acústicos en un periodo determinado. La información recogida se envía en tiempo real a una plataforma cloud, a través de la cual la APB fija alarmas personalizables que se activan al superar los umbrales o límites prefijados por exceso de contaminación ambiental o por ruido.

LAS GRANDES OPERACIONES DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA

Para la actividad aeronáutica, el año también ha sido pródigo en noticias, algunas de ellas tan espectaculares, desde el punto de vista económico y social, como la compra de la aerolínea con sede en Mallorca Air Europa por parte de Iberia, o la fusión de las agencias de viajes de Globalia y Barceló.

En el caso de Air Europa, estamos hablando de la mayor transacción de la historia de la aviación española, con un montante global de 1.000 millones en ‘cash’. Uno de los objetivos de la absorción ha tenido que ver con la creación de un gran 'hub' en el aeropuerto de Madrid capaz de competir con los que existen en las más importantes terminales europeas, como Heathrow (Londres), Frankfurt, Charles de Gaulle (París) y Ámsterdam.

La apuesta del grupo encabezado por Juan José Hidalgo consistía en liberar parte de sus recursos para centrarse en la carrera por hacerse con una participación en la explotación del tren de alta velocidad. El proyecto aunó las fuerzas de la compañía mallorquina con Talgo, una marca históricamente ligada al negocio ferroviario, y el fondo Trilantic. Sin embargo, la carta no salió de cara para Air Europa, ya que, a finales de noviembre, el Estado anunció que la adjudicación de las primeras líneas del AVE corresponderían a la oferta presentada conjuntamente por Air Nostrum, Trenitalia y SNCF.

Pocos días después de consumarse la venta de Air Europa, se dio a conocer otro de los grandes bombazos informativos del año: la alianza entre Barceló y Globalia para llevar a cabo la fusión de sus agencias de viaje y crear un descomunal emporium formado por 1.500 puntos de venta capaces de generar una facturación agregada de 2.800 millones de euros.

De la nueva plataforma forman parte todas las marcas minoristas y mayoristas de Globalia (Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Geomoon, Travelplan, Welcome, Globalia Meeting and Events, Globalia Corporate Travel y Globalia Autocares), mientras que en el caso de Barceló se incorporaron todas las marcas de la división minorista Avoris (B The Travel Brand, Catai, Rhodasol, Bedtoyou, BCD Travels y BCD Meetings&Events).

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

Compartir en Meneame


Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Mallorca

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes.

La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales.

Tu dirección de email no será publicada.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.