El Govern deberá abonar al Estado un total de 45,3 millones de euros a consecuencia del rescate de las desalinizadoras de Santa Eulària y Ciutadella, tras la sentencia promulgada en este sentido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). El Ejecutivo autonómico ya ha anunciado, a través del conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, que recurrirá el fallo, al considerarlo "injusto".
De esta manera, Mir ha lamentado que esta situación no se haya resuelto en el ámbito político, "tal como viene reclamando el Govern desde 2015". En este sentido, además de anunciar que la Administración autonómica recurrirá la sentencia, el conseller ha reclamado al Gobierno central "una solución política, tal como se había acordado a inicios de la anterior legislatura", a pesar de que el gabinete entonces presidido por Mariano Rajoy "incumplió" el compromiso, según Mir.
Ambas desalinizadoras fueron declaradas de interés general en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero hasta el 29 de abril de 2005 el Gobierno del Estado y el de la Comunidad Autónoma no firmaron el convenio para ejecutar las obras. En septiembre de aquel mismo año, el Ministerio adjudicó el contrato para la elaboración del proyecto y la obra, así como su explotación posterior. La estación desalinizadora de Santa Eulària contó con un presupuesto de 14.191.436 euros, y la de Ciutadella, 12.475.089 euros.
En los dos casos se añadieron modificaciones al proyecto por parte del Ministerio, y esto supuso un sobrecoste de 8.020.812 euros en el caso de la instalación de Ibiza, y de 4.531,875 euros para la de Menorca.
Según la Conselleria de Medi Ambient, las obras acabaron el 2011, pero el Gobierno "se negó a recibirlas porque no eran plenamente operativas, puesto que no estaban conectadas en la red de abastecimiento". Además, el sobrecoste de las modificaciones representaba un aumento de la tarifa que incumplía el Convenio con el Ministerio con la agravante que, en Ibiza, el mismo Ministerio estaba construyendo el anillo de interconexión, proyecto que, en aquellos momentos, no llegaba hasta la desala de Santa Eulària.
En diciembre de 2013, las concesionarias pidieron la resolución del contrato de concesión al Ministerio, y reclamaron una indemnización de 31.079.658 euros por la desalinizadora de Ibiza y 32.549.448 euros por la de Menorca. Dos años más tarde, el 29 diciembre de 2015, el Consejo de Ministros autorizó las resoluciones de los contratos, y el secretario de Medio Ambiente resolvió que se tenían que abonar 26.113.865 euros por la desalinizadora de Santa Eulària y 19.185.465 euros por la de Ciutadella.
El Govern se ofreció, a inicios de la anterior legislatura, a asumir estas obras a cambio de que el Estado se hiciera cargo del coste de las instalaciones y de su sobrecoste. Mir ha recordado, en este sentido, "la grave situación de sequía que sufría, especialmente, la isla de Ibiza en aquel momento", motivo por el cual la Administración autonómica "ofreció esta solución para desbloquear el conflicto".
Finalmente, las instalaciones fueron recibidas por la Comunidad Autónoma en el mes de mayo de 2016. En octubre de ese mismo año, sin embargo, el Govern de Armengol recibió un requerimiento del Ministerio donde, incumpliendo el acuerdo, le reclamaba el coste de las obras y el sobrecoste.
Mir explicó que hace dos semanas pidió formalmente a la vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, una reunión urgente para tratar, entre otros temas, esta cuestión. En este sentido, lamentó que, "a pesar del buen talante del actual Ejecutivo central, no se haya podido reconducir la situación en el ámbito político".
Si (
No(
A favor (
En contra (