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'El secreto profesional debía sucumbir'. Y sucumbió
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"El secreto profesional debía sucumbir". Y sucumbió

jueves 27 de febrero de 2020, 19:06h
El juez Miguel Florit, quien fuera magistrado del juzgado de Instrucción número seis de Palma e instructor del 'caso Cursach' tras la recusación del juez Manuel Penalva, ha sido juzgado este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), acusado en el conocido como 'caso Móviles' de vulnerar el secreto profesional, la interceptación de las comunicaciones, prevaricación, y un delito contra la inviolabilidad del domicilio. La acusación particular y popular pide para él 42 años de inhabilitación. El juicio del 'caso Móviles' ha quedado visto para sentencia.

En su declaración, Florit, que solicitó la jubilación anticipada, ha asegurado que "era más importante averiguar el delito, que no el derecho profesional de los periodistas" en cuanto a que sus fuentes, según ha dicho, "no eran tan secretas" puesto que "los mismos periodistas ya decían en sus publicaciones que lo conocían a través de fuentes policiales".

El 11 de diciembre de 2018, la Policía, por orden del juez Florit, se incautó de los teléfonos móviles de Blanca Pou, de Europa Press, y Kiko Mestre, de Diario de Mallorca. "Pensé que era mi deber investigar el delito y que el delito era grave y debía sucumbir el derecho al secreto profesional en este extremos", ha explicado Florit. "Este informe fue la gota que colmó el vaso" pues ya se habían producido otras denuncias por actuaciones similares y lo consideró un "hecho gravísimo". Más adelante la Policía Judicial informó de que se habían producido unas 25 filtraciones a la prensa.

Grupo Cursach

Se estaba refiriendo a un informe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional sobre un presunto delito contra la Hacienda pública por parte del Grupo Cursach, cuantificado en unos 50 millones de euros, que fue publicado por dichos medios. La aparición en prensa de lo que pedía la Policía, incluida la detención de 18 personas, motivó la apertura de diligencias previas por delito de revelación de secretos. “Yo no lo había leído todavía y las partes no lo tenían”, ha explicado Florit. Además, había anteriores denuncias previas por filtraciones.

Florit, que se ha negado a responder a las acusaciones y únicamente ha contestado a las preguntas de la Fiscalía, representada por el fiscal superior Bartomeu Barceló, incurrió en una contradicción al afirmar que en su decisión de intervenir los dispositivos de los periodistas “lo valoré y estimé que no comprometía el secreto profesional”, pero también defendió que consideró su deber “investigar el delito y que el delito era grave y debía sucumbir el derecho al secreto profesional”. Además, reconoció que en el auto de incautación de los móviles no se hacía referencia a la ponderación de la decisión adoptada. “No lo fundamenté debidamente”, ha admitido.

Delito continuado

El fiscal Anticorrupción Juan Carrau, quien informó a favor de la incautación de los móviles a los periodistas dada la gravedad de lo que estaba sucediendo con las filtraciones, que a su juicio afectaban a la nulidad del 'caso Cursach' y vulneraban el derecho a la presunción de inocencia de los investigados, ha declarado como testigo y ha recibido por parte de las acusaciones el interrogatorio que hubieran querido hacerle a Florit y que este ha eludido. Carrau no ha podido no contestar, dada su condición de testigo.

Así, ha explicado que no era "solo el asunto del informe de la Agencia Tributaria, sino que se habían filtrado muchas cosas a lo largo de mucho tiempo". "Era un delito continuado", ha asegurado. Y también ha revelado que conocían que las informaciones publicadas tenían su origen en funcionarios policiales pues "una foto que se filtra provenía de un 'chat' en el que solo intervenían policías".

El veterano fiscal ha defendido que era “menos invasivo” pedir el listado de llamadas recibidas desde el origen de la información, esto es de los periodistas Mestre y Pou y que en otros casos se ha actuado del mismo modo, como en el 'caso Villarejo'.

Carrau ha revelado que sospechaban que las filtraciones se producían por parte de agentes del Grupo de Blanqueo y que concretamente el informe del delito fiscal de 50 millones fue filtrado para que se viera “que bien hemos trabajado la Policía”, aunque él no compartía las conclusiones del informe.

Carrau también ha reconocido que consultó con su superior, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y que contaba con su apoyo, algo que Luzón ha confirmado por videoconferencia: “Teníamos muy presente la cuestión del secreto profesional y el derecho a no revelar las fuentes". No se pretendía revelar la fuente; era una investigación excepcional y excepcionalmente grave, que se alejaba de las filtraciones habituales y que atacaban los derechos y la presunción de inocencia del principal investigado del proceso", ha dicho.

Devolución de los móviles

Carrau también ha explicado que Florit le dijo que se sentía muy presionado y que iba a devolver los teléfonos, ya que no era "tan necesario ni tan eficaz" inspeccionar los móviles pues ya tenían "mucha prueba" contra los policías que investigaban. El 4 de enero de 2019, el Juzgado devolvió el material incautado a los dos periodistas y se certificó que los dispositivos móviles no se habían inspeccionado durante su estancia en la sede judicial.

Por otra parte, los periodistas a quienes se intervinieron sus móviles y otros dispositivos informáticos, han declarado haberlo hecho no voluntariamente, como afirmó el juez Florit que lo hicieron, sino conminados a hacerlo por la Policía y también por la secretaria judicial en el caso de Blanca Pou. En el caso de esta redactora de Europa Press, los agentes de la Policía Judicial encargados de intervenir su móvil han reconocido que esta alegó su derecho al secreto profesional.

Kiko Mestre, por su parte, reclama una indemnización de 30.000 euros por daños morales y alega haber sufrido ansiedad que fue motivo de una baja laboral. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado interrogaron a Mestre casi como si fuera él el acusado.

El juicio del 'caso Móviles' por el que se investiga al magistrado jubilado Miguel Florit por la incautación de móviles a periodistas y el rastreo de sus llamadas ha quedado visto para sentencia. La defensa de los medios afectados pide una pena que suma 42 años de inhabilitación por vulneración del secreto profesional, interceptación de las comunicaciones, prevaricación, y un delito contra la inviolabilidad del domicilio.

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