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Baleares se libra de un aumento de okupaciones durante el confinamiento
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Baleares se libra de un aumento de okupaciones durante el confinamiento

Por Cristina Suárez
jueves 18 de junio de 2020, 12:35h
El confinamiento no ha propiciado un incremento de okupación de viviendas de particulares en los principales núcleos urbanos de Baleares. Según fuentes oficiales consultadas por mallorcadiario.com, de hecho, las cifras han bajado ligeramente.

Un país confinado y miles de viviendas vacías. Podría parecer el momento idóneo para "pegar el patadón" y hacerse con una casa de manera ilegal pero, a tenor de los datos oficiales, el confinamiento decretado por el estado de alarma no ha favorecido la okupación en los principales núcleos urbanos de Baleares.

mallorcadiario.com ha tenido acceso a las denuncias presentadas ante la Policía Nacional desde el 15 de marzo hasta el 15 mayo -es decir, el tramo más duro de la cuarentena- y en sus cinco demarcaciones -Palma, Manacor, Eivissa, Maó y Ciutadella- se han registrado menos que en el mismo periodo del año pasado: 13 denuncias de particulares frente a las 15 de 2019.

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Por ciudades, en Palma se han presentado siete al igual que el año pasado en las mismas fechas: siete también. En Eivissa, cuatro frente a las seis del período anterior; en Maó mismo número: una denuncia este año frente a una del año pasado y en Ciutadella, ninguna ni en 2020 ni en 2019.

Manacor es el único núcleo en el que sí se observa un aumento aunque en cómputo total, no representa una amenaza seria: cuatro denuncias durante el estado de alarma frente a una del mismo tramo del año pasado.

LA INSTRUCCIÓN DE FISCALÍA, CLAVE

Las fuentes policiales consultadas no dudan en apuntar a la instrucción de Fiscalía Superior de Baleares como "herramienta determinante" en el comportamiento de las cifras, incluso en una época propicia para la okupación de viviendas dada la prohibición de desplazamientos decretada por la expansión del coronavirus.

Una orden emitida hace un año mediante la cual el Fiscal Superior, Bartolomé Barceló, instaba a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a actuar "directamente y de forma inmediata" sobre los okupas de casas habitadas y segundas residencias, desalojándolos sin necesidad de medidas judiciales.

La instrucción indicaba que sólo cuando existiesen dudas de la naturaleza delictiva de la ocupación, se solicitarían medidas judiciales, y para aquellos casos en los que los okupas se encontrasen en riesgo de exclusión social, se daría cuenta a los servicios sociales.
Desde entonces, Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales han podido intervenir automáticamente en pisos y chalets de particulares que, al regresar a su vivienda -ya sea su residencia habitual o segunda residencia- se la han encontrado ocupada. Incluso si han transcurrido meses desde la entrada de los delincuentes.
Cuestión diferente son las viviendas de bancos, el gran agujero negro de la ocupación ilegal ya que, al no haber perjudicados personales, las entidades suelen activar los procesos judiciales con mucho retraso. En multitud de ocasiones, de hecho, son los vecinos de la comunidad quienes acaban interponiendo denuncia por los problemas de convivencia: desde ruidos y suciedad hasta conflictos graves como amenazas y coacciones a vecinos o venta de droga.
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