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Paraísos y rufianes

Por Álvaro Delgado
lunes 30 de noviembre de 2020, 04:00h

Ese prócer del parlamentarismo mundial, ese Lincoln redivivo -más orondo y de inferior talla- que responde al premonitorio nombre de Gabriel Rufián, conocido por sus esputos oratorios y su desabrido manojo de neuronas enhebradas con lazos amarillos, quiere acabar con el “dumping” fiscal de la Comunidad de Madrid. Políglota y pesetero nos ha salido el bribón. Perdón, el rufián. Y, al parecer, también experto en tributos y macroeconomía. Aunque se le nota demasiado que lo que le gustaría de verdad es acabar con Madrid. Sin “dumping” ni leches. A secas. Borrar Madrid del mapa para que nadie compare la Comunidad más próspera de España con el desastre que sus correligionarios están perpetrando en su tierra catalana de adopción.

Resulta que, en España, tenemos algunas Comunidades Autónomas cuya voracidad gastadora y recaudatoria es creciente e imparable. Porque los objetivos políticos -y la propia supervivencia- de sus gobernantes dependen exclusivamente del volumen de gasto. Por ello anteponen su necesidad de ingresar dinero a los esquilmados bolsillos de sus ciudadanos. Y, además, lo hacen mal. Porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid cerró el ejercicio 2019 con un incremento nada despreciable del 3,9% en su total recaudación impositiva pese a haber bajado los impuestos y aumentado las deducciones tributarias. Así lo explicó gráficamente su Consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, en comparecencia reciente ante la Asamblea de Madrid.

Mientras que Cataluña aprovechó arteramente la primera legislación especial del estado de alarma (en abril de 2020) para subir el Impuesto de Sucesiones a sus desconcertados ciudadanos, la Comunidad de Madrid implantó en 2019 nuevas bonificaciones en este mismo impuesto, y también en los de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que son los que gestionan directamente. Y, a pesar de ello, recaudó 157 millones de euros más que el año anterior. Ello se debe a lo que -en la doctrina tributaria- se denomina el Efecto Laffer, según el cual una disminución de impuestos no lleva aparejada necesariamente una reducción de los ingresos fiscales. Y es que las bajadas de impuestos o el aumento de deducciones estimulan la actividad empresarial, atraen inversión, mejoran el consumo e incentivan que la gente emplee valores más altos y ajustados a la realidad en sus declaraciones tributarias. Eso resulta de cajón para quien no tiene una espesa boina ideológica tapándole siempre los ojos.

Aquí el problema de fondo es que el gran montaje del “procés” catalán precisa consumir continuamente más madera. O, hablando en plata, muchos más doblers. Pagar decenas de televisiones, radios y medios de comunicación públicos para hacer propaganda incesante, mantener el pomposo imperio en el exilio de Puigdemont en Waterloo, financiar carísimas embajadas para darse a conocer en los mejores inmuebles de todo el orbe, largar el enorme chorro habitual a las asociaciones afines dedicadas a cumplimentar sus sueños imperialistas colonizando Valencia y las Baleares y, en definitiva, mantener prietas las filas de sus comandos callejeros de acción y la ilusión del resto del pueblo elegido para la gloria eterna por el Padre Pujol -todo con objeto de que no decaiga el ímpetu separatista- cuesta realmente un pastizal.

Pero lo más preocupante de todo ello -con mucha diferencia- no es que los políticos catalanes quieran aumentar continuamente a sus ciudadanos su presión fiscal. Cada uno es muy libre de elegir los candidatos a quienes vota y la soga con la que se ahorca. Si quieren destinar su propia pasta a hacerse lacitos de oro para colgárselos en sus solapas es su problema, aunque ellos pretenden siempre exportar sus problemas a los demás. La cuestión es que lo suyo nunca les basta. Para evitar comparaciones con Madrid, que en materia económica es un modelo de gestión y se está consolidando -de largo- como la Comunidad más próspera y potente de España -poniendo en práctica políticas liberales- lo que quieren es que el Gobierno de Sánchez -que necesita a ERC para aprobar sus Presupuestos- imponga mínimos tributarios por debajo de los cuales la Comunidad de Madrid no pueda beneficiar fiscalmente a sus ciudadanos. Los muy rufianes, acostumbrados a freir a impuestos a los catalanes, quieren ahora “acabar con el paraíso fiscal de Madrid”.

Los hoy gobernantes de Cataluña no soportan que otros gestionen mucho mejor, ni que se produzcan odiosas comparaciones. Porque sus mayores empresas se marchan, su economía -y hasta el Barça- se están arruinando, e incluso la Comunidad Valenciana amenaza con pasarles en todos los rankings económicos de riqueza y prosperidad. Lo que resulta insoportable para tanto pagés con ínfulas de emperador convencido de comandar el glorioso paso del Ebro al mando de las hordas de una raza superior.

Los mandamases catalanes actuales no sólo se quieren separar de España, cosa que puede resultar hasta legítima, sino también que el resto de los españoles les paguemos la cama, sus vicios y el recibo de la luz. Como dicen ellos, “la puta y la Ramoneta”. Y eso no parece aceptable, salvo para las enormes tragaderas de un yonkie enfermizo del poder como nuestro Presidente Sánchez y del resto de sus vigentes aliados, todos empeñados en romper España y a quienes importa una higa lo que dejen detrás. Si es que dejan algo más allá de un páramo o un erial. Anden ellos calientes y muérase la gente.

La verdad es que el sufrido pueblo catalán no merece estos gobernantes. Ni encabezar siempre -junto con los vascos- toda demostración de avaricia, egoísmo e insolidaridad territorial. Ni que le pretendan continuadamente enfrentar con Madrid. Ni que le arruinen políticos sin escrúpulos que aspiran a pagarse sus prebendas con la ilusión de un pueblo. Ni que su lengua y su cultura se identifiquen con una sola ideología. Ni que le vendan un carísimo paisito imaginario, fruto de manipulaciones históricas y delirios de gobernantes corruptos, que aboque a la quiebra económica y a la fragmentación social. Algo tendrían que hacer para solucionar todo esto. Oportunidad tienen en las elecciones de febrero de 2021. Porque, si tienen un forat a la butxaca, Madrid no tiene la culpa.

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