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Tertulia en la terraza

Por Francisco Gilet
miércoles 03 de marzo de 2021, 06:00h

Leer las noticias es no saber por dónde empezar. Lo del 8 M y las estupideces de la ministra con niñera es para mear y no echar gota; lo del parlamento catalán con sus etiquetas, sus casillas, sus copas vaginales es de alucinación; ver al Rey escoltado por el gran mentiroso como supervisor, es de pena; ver como los jueces consienten que su “función y cargo” sea objeto de cambalache y mercadeo, es incomprensible, aparte de lamentable.

Todo ello, sin embargo, no es suficiente para explicar cómo es posible qué consintamos que nos gobierne tal pandillas de zarrapastrosos políticos.
Hemos llegado a tal punto de decaimiento de nuestra autoestima como pueblo que lo estamos admitiendo todo, sin tan siquiera levantar una ceja. Parece que la aspiración ciudadana se halla ubicada en el perímetro de una mesa y cuatro sillas en una terraza. Ese es nuestro único consuelo, parece. Y, quizá, situados en ese perímetro pueda surgir algún comentario, susurrado, cuando uno de los contertulios ha sido capaz de sacar el tema.

Osadía peligrosa, dado que la Stasi tecnológica siempre está cerca. En nuestro mundo, un Hasel cualquiera puede solicitar todos los cánceres al mundo mundial, y sus twittees son libertad de expresión, como el intento de lapidación de un policía. Pero…, mentar al del moño, a su compañera o a su portavoz enclenque es tachable por surgir de fachas o ultras derechistas. Execración y quema en plaza pública inmediatamente.

Aunque todo ello es pura demagogia soviética ante un mes de febrero laboralmente nefasto. Otro contertulio osado, ha mencionado que, con los 30.211 empleos destruidos, España, alcanzados los más de cuatro millones de parados, va camino de superar el récord que consiguió el gobierno de ese débil mental que solicita el titulo de “ciudad de la paz” para Barcelona. Un hito laboral que puede alcanzar fácilmente los cinco millones si se tienen en cuenta los 900.000 en suspensión laboral, supuestamente temporal, como su título, ERTE, indica. Naturalmente, el contertulio, atrevido, pregunta y se pregunta, si con esa caída en rampa de los afiliados a la Seguridad Social, se podrán pagar las pensiones y admitir jubilaciones antes de los ochenta años, si se tiene trabajo, naturalmente. El optimista de turno opina que la solución está en el empleo público. Al fin y al cabo, solamente hay un organismo de tal calado por cada 2.800 contribuyentes. Con que se emita deuda pública a saco, será suficiente.

Incluso es posible que otro temerario contertulio pregunte dónde están aquellos 400.000 millones de euros anunciados hace un año por el mentiroso compulsivo y su destroza idioma, ministra de la cosa fiscal.

Ahora nos sale con 11.000 millones más, pero tampoco sabemos ― ni la ministra del ramo económico, según parece ― donde irán a parar, si es que llegan a salir a la palestra pública. Todo son promesas de charlatán, vendedor ambulante, mientras el pueblo traga atónito.

Sin embargo, no acaba en tal cúmulo de desastre gubernamental la susurrante conversación en la terraza. Hay un cuarto que alude, sottovoce, a la gran chapuza de un Real Decreto que la viceministra Calvo defendió en el Congreso, ocultando un informe del Consejo de Estado, presidido por la valenciana María Teresa Fernández de la Vega, en el cual se pone en evidencia la absoluta incompetencia y mala fe de esta mal llamado gobierno. Informe preceptivo, pero no vinculante que no se había emitido, cuando el 22 de diciembre el Consejo de Ministros, Ministras y Binarios, lo aprobó, Es decir, que jueces y juezas, economistas y economistos, catedráticos y catedráticas, junto con alguna antisistema ignorante, aprobó un texto legal pleno de chapuzas normativas, que vulneran aspectos normativos “esenciales” a la estimación del Consejo de Estado. Pero no se crea que son nimiedades; desde el título del real decreto, son varios los reproches que el chapucero texto merece. La memoria económica está repleta de “graves insuficiencias” en su contenido, con referencia al necesario análisis del impacto presupuestario. Anuncia que con tal redacción el Tribunal Constitucional tendría trabajo. A mayor abundamiento, los controles de carácter económico-presupuestarios han desaparecido, no existen. La fiscalización previa de los gastos tampoco existe, empero ser obligatoria en todo proceso de gasto de dinero público.

En este punto, el Tribunal de Cuentas es apartado de sus funciones, sin problema alguno. Como también se arrincona la autorización del Ministerio de Hacienda, freno último que, según el organismo que preside la socialista de la Vega, es absolutamente imprescindible. Como también clama al cielo la pretensión gubernamental de que la Intervención General de Estado sea suprimida en sus funciones, mediante los preceptivos informes de la Intervención Delegada, en todos los procedimientos administrativos relativos a convocatorias y bases reguladoras.

Conclusión, la chapuza parida por el Consejo de ministros y etc., es más propia de un gobierno comunista, al cual le repugna todo lo que sea control legal, al estimar apropiado gobernar al estilo venezolano y no al europeo. Colofón; estamos ante un documento que es esencial para que la U.E. nos remita los 140.000 millones de euros hasta 2026 como ayuda especial para superar la crisis, que el Consejo de Estado presume anticonstitucional, aparte de una completa chapuza. Sánchez y su gabinete pueden apuntarse otro éxito.

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