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Investigan la contaminación del acuífero de Son Reus
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Investigan la contaminación del acuífero de Son Reus

Por EFE
miércoles 07 de julio de 2021, 12:03h
El juzgado de instrucción 12 de Palma investiga las posibles responsabilidades penales por la contaminación que producen en el acuífero de Son Reus las filtraciones del vertedero ubicado en su superficie, que acumuló 4,7 millones de toneladas de residuos entre 1975 y 2008.

Las pesquisas se iniciaron a finales de 2019, cuando la Justicia tuvo conocimiento del informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en el que se constata la presencia de numerosas sustancias químicas perjudiciales para la salud en las aguas subterráneas de Son Reus.

Este informe fue realizado por el organismo científico estatal por encargo de la empresa pública municipal de Palma Emaya, responsable del abastecimiento de agua y la recogida de residuos en la ciudad, que es objeto de las investigaciones judiciales. De acuerdo con el documento, en el acuífero se han detectado once metales pesados que superan de manera reiterada en el tiempo los límites establecidos por la normativa de aguas para el consumo humano.

El juzgado de instrucción número 12 de Palma abrió unas diligencias a finales de 2019 para esclarecer las posibles consecuencias penales de los vertidos de lixiviados (fluidos que arrastran los contaminantes de las basuras) a las aguas del subsuelo.

Según diversas fuentes, la investigación, que está bajo secreto de sumario, se habría iniciado coincidiendo con las actuaciones en la causa por los vertidos de aguas fecales sin depurar a la bahía de Palma, en la que también se investiga a Emaya.

En el caso de la contaminación del acuífero han intervenido la fiscal delegada de Medio Ambiente en Baleares, Rosario García Guillot, y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

La investigación, que afecta a la empresa pública Emaya y a sus responsables, se ha realizado con sigilo por parte de las autoridades judiciales y policiales.

Dos años después de abrirse, la causa está en manos de la jueza de adscripción territorial Ana Pérez Carrillo, que reemplazó a la jueza sustituta Víctoria Pelufo, quien a su vez se hizo cargo del juzgado tras la salida de su anterior titular, Manuel Penalva, apartado por las presuntas irregularidades en el caso Cursach.

En este tiempo, han declarado varios testigos ante agentes del Seprona para explicar, entre otras cuestiones, si conocían el alcance de los vertidos contaminantes que provoca el vertedero de Son Reus y la presencia de metales pesados en el acuífero, una masa de unos 6.000 millones de litros de agua de las que se realizan extracciones para consumo humano.

Además, según consta en la memoria anual del IGME de 2019, el juzgado realizó al organismo estatal una petición de información específica sobre la contaminación causada por el vertedero de Palma, clausurado hace más de una década.

El juzgado también solicitó informes sobre la posibilidad de clausurar los pozos que extraen agua del acuífero debido a la presencia de contaminantes.

De acuerdo con los datos de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio, 1.083 pozos están autorizados para aprovechar esa masa de agua subterránea. Casi la mitad de ellos (505) se hallan aguas abajo del vertedero que, según el informe del IGME, es el foco de contaminación del acuífero. De esos 505 pozos que constan en los registros públicos, unos 190 se usan para regadío de cultivos y unos 180 para consumo doméstico. Además, hay 13 perforaciones que se utilizan para redes de abastecimiento. Los 120 pozos restantes tienen declarados otros usos, tales como sondeos, geotermia o industriales.

En los sondeos realizados por el IGME en virtud de un convenio de colaboración firmado con Emaya, el organismo estatal detectó concentraciones por encima del nivel legal de aluminio, arsénico, barrio, cadmio, cobre, hierro, mercurio, manganeso, níquel, plomo y zinc. Los análisis se realizaron entre 2015 y 2019 en una red de 36 pozos excavados sobre el acuífero de Son Reus.

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