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Torpe Pumpido

Por Álvaro Delgado
lunes 26 de julio de 2021, 04:00h

Hace ahora la friolera de treinta años que me dedico profesionalmente al Derecho. Coincidirán ustedes conmigo en que ya son años, y ya es Derecho. El ejercicio durante tanto tiempo de una profesión jurídica pública proporciona una interesante visión del paisaje, del entorno y de los personajes que a todos nos rodean en el complejo mundo del cumplimiento de las Leyes. Tanto en el campo de la contratación privada como en el de la práctica habitual de la Fiscalía, de los Tribunales de Justicia y de las diversas Administraciones públicas. Y, después de ese prolongado camino, uno acaba sabiendo más por viejo que por diablo, pudiendo afirmar -sin temor a equivocarse- que recorriendo esa larga trayectoria se llega a ver de todo, o dejémoslo en casi todo.

Desde la panorámica que me proporcionan tres décadas en primera línea de trinchera, recibiendo todos los días a muchas personas a portagayola -sin conocer previamente de qué asunto me van a hablar- para que me expongan sus problemas jurídicos y ofrecerles sobre la marcha alguna solución legal, siempre me pareció erróneo mezclar el trabajo con mis ideas. Todos los clientes que han pasado por mi oficina notarial durante estos años han obtenido lo mejor de mí, y jamás han experimentado una diferencia de trato por razón de ideología, lengua, posición social, aspecto personal, educación, aficiones o tendencias. Lo que no les haya podido solucionar satisfactoriamente será imputable a mis limitaciones, pero el trabajo, el interés y la dedicación han sido iguales para rojos, verdes, naranjas, morados o azules; altos y bajos; ricos y pobres; y ellos, ellas o elles. Hasta cuando no sabía de su existencia.

Por ello, les confieso que no puedo soportar a los juristas politizados o sectarios. Aquéllos que, en su trabajo cotidiano, enarbolan como hooligans posesos la bandera de un partido o de una ideología, que les causa una ceguera tal que condiciona su recta aplicación del Derecho. Me generan una repugnancia infinita, hasta el punto de que les considero sacrílegos profanadores de las muy respetables y necesarias profesiones jurídicas.

Uno de los tipos más sectarios que circula desde hace años en el mundo jurídico es Cándido Conde-Pumpido. Ese omnipresente personaje al que los servicios prestados al poder le han permitido ocupar cargos de primer nivel -Fiscal General del Estado, Magistrado del Tribunal Constitucional, vocal del Consejo de Estado- más debidos a su incondicional adscripción ideológica que a su limitado talento jurídico. Pumpido, siendo Fiscal General nombrado por Zapatero, fue autor de la conocida frase “las togas deben mancharse con el polvo del camino”. Doctrina que puso en práctica pidiendo el archivo inmediato de todas las investigaciones por corrupción, impulsadas por la propia Fiscalía, que afectaban a miembros del PSOE. Esa famosa expresión provocó la memorable réplica de su sucesor Eduardo Torres-Dulce diciendo “yo solo me mancho la toga con los principios de legalidad e imparcialidad”.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que ha estimado inconstitucionales las medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez empleando el estado del alarma, bajo la consideración de que debería haberse declarado un estado de excepción, el esbirro de la toga empolvada ha salido como un poseso a criticar cruelmente a sus compañeros de Tribunal en su voto particular, calificándoles de “legos en Derecho” o “juristas de salón”, y diciendo que la sentencia “dejaba desarmado al Estado frente a las pandemias”. Solo por acordar -por mayoría de votos- que las mismas medidas deberían haberse adoptado mediante otro mecanismo constitucional que requiere un mayor control parlamentario. Ahí pueden ustedes ver a un profesional de larga trayectoria al que su ceguera ideológica no le permite respetar ni las reglas de funcionamiento de los Tribunales colegiados ni la acreditada carrera profesional de sus compañeros de Tribunal.

Cuando una persona recibe del Estado un poder omnímodo que le permite declarar como verdad oficial todo lo que firma o autoriza -como sucede con mi profesión notarial- o privar a algunos ciudadanos de parte de su patrimonio o incluso de su libertad -como sucede con Jueces y Fiscales- ese exorbitante poder debe usarse con humildad, prudencia y mesura. Entendiendo que lo importante es el correcto y ajustado desempeño del poder mismo, y no el cumplimiento de los anhelos o aspiraciones particulares de las afortunadas personas que somos elegidas para ejercerlo.

Por ello, el único objetivo de ese ejercicio debe ser el estricto cumplimiento de la Ley -sea la que sea, se esté de acuerdo o no con ella, y caiga mejor o peor su destinatario- y no dar satisfacción a creencias ideológicas o a personalísimas concepciones de lo que debe ser la justicia social. Eso revela una soberbia intolerable, que coloca los intereses del ejerciente por encima del recto desempeño de su delicado cometido. Ningún funcionario público debe estar situado por encima del cargo que ocupa, ni hacer con él lo que le venga en gana. Resulta ilícito aprovechar el poder que el Estado nos otorga usándolo con fines políticos. La propia Unión Europea, en su informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en sus países miembros, ha vuelto a pedir a España que sean los Jueces los que elijan los vocales del CGPJ y no los partidos políticos, una mayor autonomía para la Fiscalía, y que Jueces y Fiscales no vayan y vuelvan con tanta facilidad de la toga a la actividad política.

Como escribió Rafa Latorre sobre el torpe Pumpido, “la mugre partidista embadurna cada línea de su prosa jurídica sobre los más diversos asuntos, desde el ultraje a los símbolos a la inclusión de Pablo Iglesias en el CNI por la puerta de atrás”. Aunque el tipo haya acabado pidiendo disculpas, y también retirando algunas frases de su voto particular ante el enorme cabreo de sus compañeros del Tribunal Constitucional, entran escalofríos de pensar que vidas y haciendas de muchos ciudadanos lleven tantos años en las polvorientas manos de alguien tan sectario. Toda una vida profesional ejerciendo como sicario incondicional del poder político. Me van ustedes a perdonar, pero qué asco de Juez.

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