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Macronborto

Por Agustín Buades
domingo 23 de enero de 2022, 01:00h

El lobby proaborto ya ha dado un paso más, y así, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha propuesto en el Parlamento Europeo proteger el derecho al aborto en la UE mediante su inclusión en la Carta de los Derechos Fundamentales.

Esta no es la Europa que queremos, la que impone a los estados miembros su agenda ideológica aún a costa de contradecir la constitución de esos países.

Y así lo comprobamos, ya que el Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia, particularmente en la Sentencia 53/1985, de 11 de abril, afirma que “la vida humana es un devenir que comienza con la gestación y finaliza con la muerte”, de modo que la Constitución no puede desproteger la vida humana “en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma”.

Un pretendido derecho al aborto ignora que, como ha dicho también el Tribunal Constitucional, “la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional”.

Del artículo 15 de la Constitución se deriva el deber del Estado de proteger la vida del no nacido, bien absteniéndose de "interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación", bien estableciendo "un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como última garantía, las normas penales".

El aborto basado en la exclusiva decisión de la gestante contradice la doctrina del Tribunal Constitucional, que sostiene que "los derechos de la mujer no pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional".

Los promotores de este mal llamado y funesto 'derecho' no han podido rebatir muchas de las evidencias planteadas en el debate científico, jurídico y social. Ante este hecho, pretenden imponerlo por la exclusiva fuerza de los votos fiándose en el reparto de fuerzas políticas en la Unión europea. Y, contradiciendo la razón y el sentido común, intentan tapar la racionalidad jurídica y científica, manipulando el lenguaje, como siempre, pretendiendo generar derechos ficticios, como el inexistente 'derecho al aborto'.

La legislación española sobre el aborto necesita una reforma encaminada a proteger la vida del no nacido y amparar a las mujeres que se ven abocadas al aborto; pero lo que ahora se les impone es la solución más violenta, contraria a su dignidad, y la que más daño les ocasiona: acabar con la vida del hijo que esperan.

Además, hay que recordar la exigencia constitucional de respetar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios frente a cualquier aborto, como ha expresado el Tribunal Constitucional en la mencionada Sentencia 53/85, de 11 de abril.

Una Unión Europea que no respete la dignidad de cada persona a la vida y promocione unilateralmente el aborto no es digna de llamarse así.

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