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Ley sobre maternidad: demanda social

Por Agustín Buades
domingo 01 de mayo de 2022, 01:00h

Hace ya 4 años que nos robaron la única ley de maternidad que hemos tenido en la Islas Baleares, aprobada en el Parlament la pasada legislatura y que el nuevo Govern Balear derogó inmediatamente. Es la llamada maternofobia de que adolecen los sectarios de los regímenes totalitarios de la izquierda.

Y hoy, en el Día de la Madre, bien justo es reivindicarla de nuevo y apostar para que en la próxima legislatura la tengamos actualizada y mejorada

La finalidad de esta futura ley ha de ser la configuración de un marco legal adecuado para la protección del derecho de la embarazada a ser madre y el establecimiento de una serie de actuaciones por parte de los poderes públicos que tengan como elemento nuclear la ayuda a la mujer embarazada y la consideración de la maternidad como un bien individual y social.

La protección de la maternidad exige contemplar a la vez los derechos del concebido, pues éstos redundan en fundamento de aquella. El marco jurídico adecuado para la protección de la maternidad debe partir de la idea de que el concebido y no nacido goza de protección en el propio texto constitucional, más concretamente en el artículo 15 de la Constitución y en el reconocimiento de los principios constitucionales explicitados por el Tribunal Constitucional a partir de su Sentencia 53/1985, que a su vez tiene como base fundamental el reconocimiento de un estatuto jurídico al nasciturus, que constituye un “bien constitucionalmente protegido”, según palabras del propio Tribunal Constitucional.

Precisamente, la carencia de aspectos referidos a la protección de la maternidad es una de las carencias históricas en las Islas Baleares. Por ello, es muy importante una ley como esta que regula con detalle la protección de la maternidad y el estatuto jurídico-civil básico del concebido aún no nacido, pues ambas materias se complementan y se apoyan mutuamente.

La protección de la vida del concebido y la protección del derecho de la mujer a la maternidad son las dos caras de la misma moneda. A cumplir esas obligaciones tenderá la futura ley.

La necesidad de que la Administración ofrezca, atendiendo a su mandato constitucional, a las mujeres embarazadas, todas las medidas a su alcance para, por un lado, defender la expectativa de nacer del niño, y, por otro, garantizar una protección integral del derecho a la maternidad de la mujer.

Los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno y las legislaciones de las Comunidades Autónomas han ido incorporando en los últimos años leyes protectoras de la maternidad. Hay, por tanto, una auténtica demanda social de una norma de protección a la maternidad. A estos propósitos debe responder la ley, y por ello en ella se deberán recoger un conjunto de medidas administrativas, económicas, laborales y sociales que permitan a las mujeres ejercer efectivamente su derecho a la maternidad.

Pues la maternidad merece todo el amparo de los poderes públicos, tanto por ser proyección del derecho de la mujer al desarrollo de su personalidad como por estar implicada siempre una vida, la del concebido y no nacido.

Por otra parte, la Unión Europea no deja de poner de manifiesto el gravísimo problema demográfico que afronta la sociedad occidental en general, y nuestro país en particular. A partir de aquí, la CAIB debe coadyuvar activamente a remover los obstáculos que muchas mujeres encuentran para realizar su deseo de ser madres.

La ausencia de una ley sobre maternidad ha resentido toda nuestra sociedad, que cada vez se vuelve más vieja y que va perdiendo su esperanza demográfica para mantener el nivel de bienestar que hemos alcanzado.

Y tendremos dicha ley, porque la maternidad sí importa y hoy más que nunca.

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