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Quejas contra el tribunal de Can Domenge

viernes 14 de junio de 2013, 14:00h

Los jueces de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial y más concretamente su presidente, el magistrado Diego Gómez-Reino, se han mostrado especialmente duros e inflexibles en el inicio del juicio por el caso Can Domenge. Conscientes de la expectación mediática suscitada y sintiéndose escrutados en todos sus actos y decisiones, especialmente tras la decisión de la Sala de no imputar a la Infanta Cristina de Borbón por el caso Nóos y también  por la reciente absolución de ‘La Paca’, la matriarca de Son Banya, en el mayor juicio por narcotráfico celebrado en Mallorca, el tribunal parece haber sucumbido a la tentación de mostrarse ahora duro y agresivo, para compensar sus polémicas decisiones en los asuntos que hemos citado.

Sólo así puede entenderse la decisión de obligar a uno de los acusados, el letrado en ejercicio Santiago Fiol, a sentarse en el banquillo junto al resto de acusados vistiendo la toga negra característica de su profesión. Los abogados más veteranos del lugar no recuerdan nada parecido. Todo letrado, como perfectamente sabe el tribunal, tiene derecho a vestir la toga y ocupar el estrado junto a su defensor, si así lo desea. Por tanto, obligarle a ocupar el banquillo de los acusados sin despojarse de la toga es someterle a una humillación pública que no se justifica de ningún modo, por no hablar de la vulneración de derechos que supone o del déficit de imparcialidad que evidencia por parte de los magistrados.

No quedó allí el asunto, sino que además el presidente de la Sala amenazó con tomar medidas disciplinarias contra el profesor Gabriel Garcías cuando este anunció que de ningún modo podría continuar con la defensa de la acusada Maria Antònia Munar, dado que esta ha renunciado a su defensa. El magistrado Gómez-Reino advirtió en tono brusco y desabrido a Garcías que podía obligarle a ejercer la defensa de Munar si ella no designaba un nuevo defensor en el plazo otorgado para ello por el tribunal, cosa que de ningún modo puede legalmente hacer y él era consciente de ello. Tan es así que en una providencia fechada el día 7 de junio, el presidente de la sala ordena que un agente judicial se traslade a la sede del Colegio de Abogados para solicitar el nombramiento de un abogado de oficio para el caso que el nuevo abogado de la señora Munar se negara a asumir el calendario de sesiones establecido por la Audiencia.

No es extraño, por tanto, que la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares acordase el jueves trasladar una queja formal y escrita al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antoni Terrassa, por los inauditos hechos ocurridos en la primera sesión del juicio en relación al trato dispensado a dos colegiados. Confiemos en que esta queja surta efecto y el tribunal se serene y modere sus formas, en aras al buen desarrollo del proceso y a garantizar los derechos de todos.



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