La norma no tiene recorrido propio más allá de la Cámara balear. El Parlament carece de competencia para legislar mediante ley orgánica o modificar leyes estatales, de modo que el texto —si supera la tramitación autonómica— deberá remitirse al Congreso de los Diputados para seguir su curso.
La propuesta de Vox establece la prohibición total del burka y el niqab en espacios públicos y fija multas de hasta 30.000 euros para quienes reincidan en su uso o lo impongan a menores o mujeres bajo tutela. En el plano penal, pide entre uno y tres años y medio de prisión para quien coaccione a una mujer a llevar estas prendas, y entre dos años y medio y cuatro si la víctima es menor o vulnerable.
La norma también contempla la expulsión del territorio nacional para personas extranjeras que reincidan en la infracción, y declara la imposición del velo integral contraria al orden público y a la dignidad humana. Pero hay un obstáculo técnico que el propio texto reconoce implícitamente: todo lo que afecta al Código Penal y a legislación estatal requiere tramitación en el Congreso. El Parlament solo puede iniciar ese camino, no completarlo.
La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha defendido que en España "no tienen cabida prácticas islámicas ni de ningún otro tipo que denigren a la mujer" y ha calificado los velos integrales de "herramientas de anulación de la personalidad diseñadas para borrar la existencia civil de la mujer".
La diputada del PP Cristina Gil ha compartido el diagnóstico, aunque con distinto tono. "Permitir el velo integral es institucionalizar la invisibilidad de la mujer", ha sostenido, y ha defendido que la ley "no afecta a la libertad religiosa". Ha añadido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la posibilidad de limitar el uso del velo integral en espacios públicos —lo que es técnicamente correcto: el TEDH lo respaldó en el caso S.A.S. contra Francia en 2014.
La diputada del PSIB-PSOE Teresa Suárez ha criticado que "Vox vote en contra del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se dedique a negar las violencias machistas". "Ahora, de repente, están preocupados", ha dicho. A su juicio, la norma no busca resolver un problema —"prácticamente inexistente" en Baleares— sino reactivar "el mecanismo ancestral del estigma".
La ecosoberanista Marta Carrió (Més per Mallorca) ha reconocido que el burka y el niqab son "expresiones del patriarcado", pero ha rechazado que Vox tenga autoridad moral para abanderar esa causa. "Como también lo son otras formas de control sobre el cuerpo de las mujeres en todas las culturas y religiones", ha apuntado, citando el fundamentalismo cristiano y el judaísmo más ortodoxo.
Joana Gomila (Més per Menorca) ha sido más concisa: Cañadas, ha dicho, no habló en su intervención de mujeres sino de musulmanes. Una distinción que, para la diputada menorquina, lo explica todo. El representante de Unidas Podemos, José María García, ha acusado a Vox de emular a los Reyes Católicos: "echar de esta tierra a quienes no les gustan, por miedo o por odio a quien es diferente". El texto de la ley, ha añadido, está "repleto de racismo y clasismo" disfrazado de protección.
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