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Nadal y Sastre vuelven al calabozo tras declarar

miércoles 29 de junio de 2011, 23:02h
El ex conceller de Turismo y ex presidente de UM, Miquel Nadal, y el ex director general de Promoción Turística, Joan Sastre, detenidos en el marco de la nueva fase del caso Ibatur, permanecerán una noche más en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía y será este jueves cuando pasarán a disposición judicial para ser interrogados por el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, encargado de las pesquisas y quien precisamente mañana estará de guardia. Así lo han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que han explicado que Nadal ha sido interrogado esta tarde durante más de cuatro horas en torno a las contrataciones presuntamente irregulares que se llevaron a cabo durante la pasada legislatura a través del Instituto Balear de Turismo, cuando el imputado estaba al frente de la Conselleria. Mientras tanto, Sastre ya prestó declaración esta mañana ante los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán. Por el contrario, han sido puestos en libertad la empresaria Luisa Almiñana y el arquitecto Vicente Mulet, al igual que los otros dos arrestados dentro de estas pesquisas, la periodista y ex directiva de IB3 Àngela Seguí así como el director general de medios de comunicación del grupo Canal 4 José María Castro, quienes continúan imputados a la espera de que sean citados a declarar por el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, encargado de las investigaciones. Se da la circunstancia de que tanto Nadal como Almiñana, ex administradora de la productora Bahía Difusión, vinculada la sociedad Vídeo U, se encuentran imputados asimismo en el caso Maquillaje. Sin embargo, no son los únicos procedimientos en los que el ex conseller está siendo investigado, ya que también está encausado en los de Voltor (por el que se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros), Can Domenge y Son Oms. Por su parte, Sastre ya fue también arrestado dentro del caso Voltor, en el que eludió ingresar en la cárcel tras abonar una caución de 100.000 euros. Todos ellos han sido arrestados por orden de Lope Sola a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de su implicación en contrataciones que habrían sido llevadas a cabo de forma irregular a través del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), empresa mediante la cual presuntamente se desviaron millones de euros de fondos públicos durante la última legislatura de Jaume Matas (PP). Ahora el cerco se amplía a la etapa de UM en el Govern de Francesc Antich (PSIB). Cabe recordar que las cinco fases policiales que se han registrado se han registrado dentro del caso Ibatur se han saldado hasta el momento con la detención de hasta un total de 24 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía, así como el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet. Varios de ellos se encuentran en libertad bajo fianza, como es el caso de Alabern --que depositó una caución de 350.000 euros--, Bonet --250.000-- y los empresarios Guillermo Deyà --100.000-- y Miquel Jaume --15.000 euros--. Se da la circunstancia de que a Alía le fue inicialmente impuesta una fianza de 30.000 euros, aunque a raíz de las confesiones del publicista Bartolomé Morey el magistrado decretó su privación de libertad sin fianza. Tres meses después salió de la cárcel tras abonar una caución de 150.000 euros. El ex gerente abandonó además en 2004 su cargo en el Ibatur a raíz de los gastos cargados a la empresa y que fueron efectuados en el club de alterne Rasputín durante un viaje promocional del Govern balear a Moscú, tras lo cual fue sustituido por Alabern. El caso Ibatur estalló en febrero de 2009 con la primera detención de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue arrestado, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como caución para evitar su ingreso en prisión.  
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