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Secreto de sumario

martes 01 de octubre de 2019, 05:00h

En el caso de la detención de varios ciudadanos catalanes, al parecer miembros de los CDR, llama poderosamente la atención, para alguien que como yo no tiene conocimientos de leyes ni de procedimientos judiciales, el hecho de que se haya declarado por el magistrado instructor “secreto de sumario” y se hayan divulgado en los medios de comunicación multitud de detalles de las detenciones y de todo el desarrollo del proceso hasta el momento.

Está claro que hay filtraciones de las actuaciones, seguro que interesadas y, por tanto, parciales y, cabe pensar, exageradas e incluso deliberadamente falseadas. He consultado con algunos amigos licenciados en derecho y me han indicado que si las filtraciones de un sumario secreto las realiza un funcionario público, juez, fiscal, secretario de juzgado, funcionario de justicia o funcionario policial, es un delito y, por tanto, perseguible penalmente y si es un abogado defensor un otra persona no funcionaria pública, se arriesga a una amonestación y multa.

En el caso que nos ocupa no parece que quepan demasiadas dudas de que las filtraciones no han procedido de los abogados defensores, ya que la mayoría apenas han podido empezar a actuar y, de momento, desconocen prácticamente por completo el contenido real y fehaciente del sumario y, por tanto, no parece imprudente pensar que las filtraciones, o son invenciones puras y duras de los periodistas, o se han conseguido gracias a las artes adivinatorias de cristalomantes, o procederían del entorno judicial, ya sea la fiscalía o el juzgado.

De ser ese el caso, se trataría de un delito y un delito de especial gravedad, porque procedería de personas cuya obligación es precisamente la preservación de la legalidad. Con las filtraciones no solo se conculca el propio secreto de sumario dictado por el juez instructor y, por tanto, se está actuando ilegalmente contra una instrucción judicial, sino que además, por interesadas, parciales y con información quizás tergiversada, también conculcan la presunción de inocencia de los encausados, uno de los derechos fundamentales que constituyen la base de una sociedad democrática.

Los filtradores, por tanto, si son funcionarios públicos están cometiendo un delito y, sean quienes sean, están actuando directamente contra uno los pilares fundamentales de la sociedad democrática y de la constitución. Resulta muy curioso que a los políticos, partidos, organizaciones, intelectuales (auténticos o presuntos), periodistas y medios de comunicación, que cada día se llenan la boca de la necesidad de respetar la constitución y la legalidad, no parezca preocuparles en demasía este atentado gravísimo a la legalidad como es la conculcación del secreto de sumario y de la presunción de inocencia.

De hecho, la combinación de la información procedente de las filtraciones con deducciones delirantes por parte de algunos medios de comunicación afectos al régimen, han dado lugar a algunos titulares muy preocupantes, puesto que imputan supuestas acciones conspirativas terroristas a personas del liderazgo independentista y de su entorno, en un claro ejemplo de construcción de un relato (falso) de violencia por parte del independentismo catalán, que justifique la más que probable sentencia durísima del juicio a los políticos catalanes y una reactivación de las euroórdenes contra los exiliados por delito de terrorismo, que es uno de los de la lista que implica una entrega prácticamente automática al estado solicitante.

Y en este mismo sentido de criminalizar al independentismo, destacan las insistentes solicitudes del presidente en funciones, Sr. Pedro Sánchez, de algunos de sus ministros en funciones, de miembros de otros partidos políticos, de otros ámbitos de la administración, así como de periodistas y medios de comunicación, de que el presidente Torra y el resto de independentistas condenen las acciones violentas de los implicados. Pero cabe preguntarse, si hay secreto de sumario, y si aun no se ha acabado la investigación y no se ha llegado a ninguna conclusión, ¿qué acciones violentas se deberían condenar? Y si hay presunción de inocencia, y la hay, porque si no, no estaríamos en una democracia, ¿cómo es que hay que condenar a unos presuntos inocentes?

Y ¿cómo es que pedro Sánchez y el resto no condenan las filtraciones del sumario? Y ¿cómo es que el magistrado instructor no ordena una investigación inmediata del origen de las mismas?
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