Desahucios

Un juez decidirá si debe desalojarse una antigua sede de la entidad bancaria Cajamar, situada en el barrio de Foners, en Palma, que este lunes ha sido ocupada por un grupo de activistas, agrupados en torno al colectivo denominado 'Casa Obrera'.

El Consejo de Ministros que tendrá lugar este martes dará luz verde, previsiblemente, a la prórroga de dos de las medidas estelares del Ejecutivo para paliar la actual crisis económica: la moratoria de los desahucios y la interrupción de los suministros eléctricos y otros servicios considerados de carácter esencial en el caso de ciudadanos que atraviesan una situación extrema de vulnerabilidad.

El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2020 por parte de los órganos judiciales de Baleares descendió un 33,5 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, contabilizando un total de 323 desahucios.

El PSOE y Unidas Podemos han acordado tomar medidas desde el Gobierno para "poner freno" a la "lacra social" de los desahucios por el impago del alquiler, especialmente en aquellas zonas donde el mercado está "tensionado" y hay grandes tenedores de vivienda que se dedican al mercado inmobiliario.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha dado cuenta este viernes del desahucio en Palma de un jubilado de 78 años a quien el juzgado habría obligado a abandonar su vivienda a pesar de no deber ningún recibo de alquiler. El motivo del lanzamiento es que la titular del arrendamiento era su mujer, fallecida hace diez años, y a pesar del tiempo transcurrido el ocupante de la casa no había actualizado los datos del contrato. Según PAH, el Ayuntamiento de Palma se ha comprometido a facilitar al anciano un piso donde residir.

Varios miembros y seguidores de 'Stop Desahucios' se han concentrado hoy en la Plaza de España para apoyar a Óscar, el joven que ha sido desahuciado junto a su familia.

El impago del alquiler es el motivo más habitual en los casos de desahucios de viviendas que tienen lugar en Baleares, según los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial relativos al tercer trimestre del presente año. De hecho, suponen el 80 por ciento de los lanzamientos que los juzgados ordenan efectuar en el archipiélago. Aún así, se aprecia un descenso del 8,2 por ciento.

El Tribunal Supremo ha sentenciado que los desahuciados en los que el impago se ha producido en un periodo menor a 12 meses no deben ejecutarse, confirmando así lo acordado en el Tribunal de Justicia de la UE que declaró abusivas las claúsulas de vencimiento anticipado.

El número de desahucios practicados en el primer trimestre de 2019 se situó en 486 en Baleares, lo que implica una variación del -4,52 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior, según el estudio 'Los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' publicado este lunes por la Sección Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Ayuntamiento de Palma ha informado que prevé que el desmantelamiento total del poblado de Son Banya, segunda fase de la supresión del poblado, se inicie a finales de este año y esté concluido el 30 de diciembre de 2020.

La Policía Local de Ibiza ha detenido a una persona acusada de violación de domicilio y por los daños provocados en una vivienda de la que había sido desahuciado el mismo día por orden judicial.

El Ayuntamiento de Palma ha decidido aplazar tres desahucios que estaban previstos para este miércoles en el poblado de Son Banya al descubrir que en dos de las tres viviendas a derribar hay dos mujeres embarazadas que no habían comunicado su situación a los Servicios Sociales de Cort.

Los lanzamientos hipotecarios o desahucios por impago de las cuotas de alquiler han aumentado un 7,9 por ciento entre julio y septiembre, con lo que encadenan ya quince meses consecutivos al alza y frenan la caída de un total que vuelve a su tendencia bajista y pierde un 0,3 por ciento.

Dos de las tres familias que debían ser desalojadas de sus casas en el poblado de Son Banya se han negado a primera hora a abandonar las viviendas e impedir así lel derribo de las mismas. No ha sido hasta las 12:30 horas cuando se han podido reanudar las tareas de demolición después de que las dos familias hayan aceptado su salida acogiéndose al plan de reinserción municipal. Los representantes judiciales han ejecutado las tres órdenes de desahucio de las viviendas ubicadas en la calle Cuatro de Son Banya, acompañados de un dispositivo integrado por Policía Nacional, Policía Local y técnicos de las áreas de Bienestar y Derechos sociales e Infraestructuras.

Los desahucios aumentan un 0,7 por ciento en Balears, disparándose sobre todo los relacionados con impago de alquiler y bajando los de ejecución hipotecarias. Así lo reflejan los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referentes a los meses de abril, mayo y junio.

Stop Desahucios y Stop Maltrato han contestado este martes al Ayuntamiento de Palma que "las expulsiones de los centros de acogida no son bajas, sino que son desahucios", por lo que le han acusado de "querer confundir con eufemismos". Así se han expresado las dos entidades después de que este lunes responsables municipales aseguraran que no se expulsa a una mujer y a sus dos hijos del centro de acogida del SAM Familia sino que se les da "de baja" siguiendo el reglamento.

El portavoz de la Plataforma Stop Desahucios Mallorca, Juan Segura ,ha catalogado de "desahucio criminal", el que se produjo ayer en un domicilio de Son Gotleu, y ha advertido: "La cosa no quedará así; hemos pedido la intermediación del Cort y seguiremos movilizándonos". Este pasado jueves, por orden judicial, varios obreros tapiaron con bloques y cemento la puerta y las ventanas de una planta baja ubicada en el número 2 del Pasaje Picos de Europa de Son Gotleu.

La vivienda, en muy mal estado y propiedad de una entidad bancaria, estaba 'okupada' desde hace cuatro años por una mujer con una hija enferma de cáncer que la habitaba sin ningún tipo de contrato.

En Balears se registró una media de 6,6 ejecuciones hipotecarias cada día (festivos incluídos) durante el año 2.015. Una cifra especialmente elevada cuando hablamos de embargos por impago de la hipoteca.