Autor: J. Fernández Ortega.
La Audiencia Provincial de Baleares juzgará, por un lado, la adjudicación del contrato -el uso del procedimiento de emergencia ya fue avalado por un juzgado- y las supuestas presiones -"interacciones verbales o gestuales", dice el auto, consultado por Europa Press- que pudo sufrir la funcionaria por el posible nombramiento en el puesto de interventora que había quedado vacante y por otras discrepancias.
La acusación particular que ejerce la funcionaria pide que Marí sea condenado a 12 años de inhabilitación por el delito de prevaricación, dos años de cárcel por tráfico de influencias y multa de 500.000 euros; dos años y seis meses de prisión por lesiones psíquicas, y a un año y seis meses por coacciones.
En concepto de responsabilidad civil, la acusación particular que pide que se condene a Marí a indemnizar a la demandante la suma mínima de 80.000 euros.
Por su parte, el PSIB, que ejerce la acusación popular, reclama por el delito de prevaricación inhabilitación por un plazo 12 años y por tráfico de influencias un año de prisión. La Fiscalía pide el sobreseimiento y el archivo de la causa al no apreciar delito.
El caso deriva de la adjudicación del contrato de la campaña de promoción turística 'La Vida Islados' -un juzgado ya avaló el procedimiento de emergencia- y el supuesto acoso y coacciones a una interventora de la institución insular.
El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha mantenido que es una "víctima" de una "persecución política y personal" del PSIB, tras conocerse la apertura de juicio oral.
De acuerdo con el relato de Marí, la investigación "nació" de la Oficina Anticorrupción en la pasada legislatura porque el Govern "dio instrucciones para perseguirle e investigarle".
Marí ha aducido a una supuesta "indefensión" inicial por "no haber tenido acceso al expediente" con el que se elaboró el escrito de acusación que, a su manera de ver, "incumplía" las normas de la propia oficina.
Este documento se envió a la Fiscalía con el que se tramitó la querella que investigó un juzgado de instrucción ibicenco. Una vez judicializado, ha reconocido que sí pudo defenderse al presentar pruebas y acabó con un primer sobreseimiento del caso, "apoyado por la Fiscalía".
El PSIB y una acusación particular presentaron alegaciones, que se aceptaron de manera parcial, y se ha continuado con el juicio oral, aunque ha resaltado que Fiscalía ha presentado un escrito de conclusiones absolutorias, en el que se dice que "de los hechos descritos no se desprende ilícito penal y sin delito no hay autor al que imponerle un pena".
Por estos motivos, ha sostenido que se trata de una "causa fabricada" dado que, a su manera de ver, el PSIB "quiere ganar en los tribunales lo que es incapaz de ganar en las urnas". "Al PSIB no le interesa la justicia, sino eliminar a un adversario político porque en la causa hay otras personas absueltas y solo recurrieron la mía", ha defendido.
Marí ha subrayado que en sede judicial se ha acreditado que "no hay prueba, ni testimonio" en su contra, de manera que ahora ha indicado que irá al juicio oral a "desenmascarar" que lo único que quiere el PSIB es "dañarle".
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