La cita judicial también incluye a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados en la causa.
La vista está prevista para las 18.00 horas y forma parte de los trámites previos al eventual juicio con jurado popular que impulsa el magistrado instructor.
Peinado recordó en una resolución judicial que los tres investigados tienen la obligación de acudir personalmente a la audiencia. En caso contrario, advirtió de que podrían ser conducidos por la fuerza pública.
Inicialmente, la comparecencia debía celebrarse el pasado 9 de junio. Sin embargo, el juez aceptó aplazarla después de que la defensa de Gómez alegara una coincidencia con otro procedimiento judicial.
Además de los investigados y sus abogados, a la audiencia acudirán representantes de la Fiscalía, de las acusaciones populares y de la Universidad Complutense de Madrid, personada como acusación particular.
Las acusaciones populares están encabezadas por la asociación Hazte Oír.
El instructor considera que los hechos investigados podrían encajar en delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
La investigación se centra, entre otras cuestiones, en la relación entre Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés, la gestión de la cátedra y los másteres que dirigía en la Universidad Complutense, el uso de un software vinculado a dicha cátedra y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente.
La defensa de Begoña Gómez sostiene que los hechos investigados no constituyen delito alguno y reclama su absolución en caso de que la causa llegue finalmente a juicio.
La Fiscalía mantiene una posición similar. El Ministerio Público ha solicitado el archivo del procedimiento y ha avanzado que pediría la absolución de los tres investigados si la Audiencia Provincial de Madrid decide abrir juicio oral.
Frente a ello, las acusaciones populares reclaman penas que alcanzan los 24 años de prisión para Begoña Gómez.
También solicitan medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España al considerar que existe riesgo de fuga.
En el caso de Cristina Álvarez, Hazte Oír pide una condena de 22 años de cárcel por su supuesta participación en los hechos investigados. Para Juan Carlos Barrabés reclama seis años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La audiencia de este lunes supondrá un nuevo capítulo en una causa que continúa generando una intensa batalla judicial y política.
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