El Consell asegura desconocer quién autorizó la recogida de firmas del indulto a Abellán en su sede

El Consell Insular de Menorca ha asegurado a través de su directora insular de comunicación, Raquel Marqués, que el equipo de gobierno de la institución menorquina "decidió mantenerse al margen" de la petición de indulto del médico Juan Abellán, a pesar de que en la recepción de su sede se ubicaron durante varios días los documentos que solicitaban firmas en apoyo a la causa.

La institución menorquina, que gestiona el Servei Insular de Família y el Centre Assessor de la Dona entre otros servicios sociales, no quiso pronunciarse en torno a la presencia en su sede de las hojas de adhesión al indulto de Abellán, ni tampoco informó de quién concedió la autorización para depositar dichos documentos. “Si alguien dejó los papeles ahí, nosotros lo desconocemos", afirmó la directora insular de comunicación, departamento que depende directamente de la presidencia del Consell Insular. Marquès, tampoco se refirió a si la institución ha abierto una investigación para depurar responsabilidades si las hubiera. El Consell ordenó retirar más tarde las hojas de adhesión al comprobar que no era el lugar indicado para este tipo de manifestación de adhesión.

Abellán fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y tres meses de prisión por revelación continuada de secretos. Según la sentencia, el especialista, sin autorización ni consentimiento, accedió vía informática al historial clínico de su excompañera sentimental, así como al de su hija, su marido y la hermana de éste.

El alto tribunal anula la condena por falta de injurias leves, ya que estaba prescrita, y mantiene la condena por descubrimiento de secretos, que incluye, además de la pena de prisión, una multa de 6.000 euros. Además, el médico deberá indemnizar a la mujer, enfermera en el mismo centro que él cuando sucedieron los hechos, con 6.000 euros, y a la comunidad balear con 2.358.

El Supremo destaca en la sentencia que el hombre accedió a las bases de datos "con interés en acosar a la perjudicada, con la que el acusado había roto una relación, de manera que se expresa en el relato fáctico que la relación era 'tormentosa'".

Los accesos a los historiales médicos fueron numerosos (más de 200 en total), prolongados en el tiempo (desde diciembre de 2009 a febrero de 2011) y afectaron a la mujer y a tres familiares de ella.

"Esto es indicativo de un inusitado interés en la búsqueda de información a la que no podía acceder. Esa reiteración de la conducta supone una agresión continuada en la intimidad de la perjudicada y sus familiares, lo que supone la realización del tipo, un acceso inconsentido realizado en perjuicio de la titular que ha visto perjudicado su derecho a la intimidad por la conducta del acusado, que la realiza no de forma casual, ni de forma involuntaria, sino reiterada", dicta el fallo.

EL ATENEO TAMBIÉN SE DESMARCA

Por su parte, mediante un comunicado aparecido en prensa, el Ateneu de Maó quiso desvincularse de la recogida de firmas que se llevó a cabo en su sede y aseguró que, si bien se llevaron solicitó la adhesión en sus instalaciones, fue "única y exclusivamente a título personal por una empleada y sin haber solicitado autorización para la recogida de firmas en las dependencias de la entidad", manifestó la entidad ateneística.