El equipo antidrones de la Guardia Civil sólo tiene cuatro agentes para vigilar los cuatro aeropuertos

La irrupción de un dron en el espacio aéreo del aeropuerto de Palma el pasado domingo, 19 de octubre, obligó a suspender la operativa durante 35 minutos. El caos fue total. Ocho vuelos fueron desviados a otros aeródromos, contabilizándose trece desvíos durante la tarde. 22 vuelos sufrieron retrasos, algunos de más de 60 minutos.

El piloto del aparato en cuestión se enfrenta a multas de entre 90.000 y 225.000 euros, dado que el uso de drones a menos de 8 kilómetros de cualquier aeropuerto sin la correspondiente autorización, se considera infracción grave. Pero la dificultad estriba en localizar al responsable del aparato que protagonizó la intrusión.

Baleares apenas dispone de medios para garantizar la seguridad aérea frente al creciente uso de aeronaves no tripuladas. La investigación del suceso, asumida por el Equipo Pegaso de la Guardia Civil, se enfrenta a una dificultad casi insalvable. “Las posibilidades de identificar el aparato o a su responsable son mínimas”, admiten fuentes de la investigación.

El dato es elocuente. La unidad encargada de vigilar los cielos de las islas, el Equipo Pegaso, está integrada únicamente por cuatro agentes para todo el archipiélago, donde hay cuatro aeropuertos: Palma, Ibiza, Menorca y Son Bonet.

A ellos les corresponde supervisar, investigar y sancionar cualquier infracción o incidente vinculado al uso de drones o a la aviación general. “No hay personal ni medios suficientes para ejercer un control efectivo. El equipo está desbordado y trabaja más por reacción que de forma preventiva”, señalan fuentes del instituto armado.

MISIÓN CASI IMPOSIBLE

El Equipo Pegaso —acrónimo de Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional— nació para controlar el uso civil de drones y velar por la seguridad en el espacio aéreo. Sin embargo, la unidad carece de sistemas avanzados de detección o neutralización de aeronaves no tripuladas, por lo que su trabajo depende en gran medida de los avisos de los controladores aéreos o de denuncias ciudadanas.

Los vuelos irregulares sobre zonas sensibles son cada vez más habituales. En los últimos meses se han registrado incursiones de drones sobre la Catedral, el Palacio de la Almudaina o el Castillo de Bellver, sin que haya sido posible localizar a sus responsables. “Estamos lejos de tener la capacidad tecnológica necesaria para una vigilancia real”, lamentan fuentes del sector aeronáutico.

3.000 OPERADORES EN BALEARES

El fenómeno no es exclusivo de Baleares. Según datos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), España cerró 2024 con más de 119.000 operadores de drones registrados, un 27 % más que el año anterior. En Baleares había entonces más de 3.076 pilotos de dron, el 2,5 por ciento del total nacional. Seguramente ahora son más.

El crecimiento del uso recreativo y profesional de estos aparatos ha disparado las exigencias de control, pero los recursos de las fuerzas de seguridad no han seguido el mismo ritmo.

Los equipos Pegaso comenzaron a implantarse en 2020, con 54 equipos en todo el territorio nacional. En Baleares comenzó a trabajar con dos agentes que posteriormente se aumentó hasta cuatro.

POCOS EFECTIVOS

La situación resulta especialmente delicada en un territorio insular donde el turismo y el tráfico aéreo son esenciales. Cuatro aeropuertos, miles de operaciones cada semana y un espacio aéreo saturado, con más de 243.000 vuelos al año, convierten a Baleares en una zona de vigilancia prioritaria.

Sin embargo, la falta de medios complica cualquier respuesta inmediata. “Cuando ocurre un incidente, los agentes deben desplazarse desde Palma o desde otra isla, lo que retrasa cualquier actuación”, explican fuentes de la Guardia Civil.

El episodio del domingo lo demuestra. La activación de los protocolos de seguridad en el aeropuerto de Palma evidenció la vulnerabilidad del sistema, mientras el dron desaparecía sin dejar rastro.