El Govern deberá pagar 1,8 millones por la recalificación de Cala Carbó como suelo rústico en 2008

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha fijado en un total de 1.817.292 euros las indemnizaciones que deberá abonar el Govern balear a cuatro propietarios de parcelas de Cala Carbó, en Pollença, que fueron reclasificadas como suelo rústico en el año 2008, bajo la presidencia de Francesc Antich. En un auto, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB ha acordado las cantidades a pagar a cada perjudicado, que oscilan de 49.633 euros al propietario de la parcela de menor tamaño (1.175 metros cuadrados) a 1.336.251 euros en el caso de la mayor (31.634 metros cuadrados). En todos los casos deberán sumarse los intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa.

El auto fija la indemnización en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2015 que condenó al Govern a indemnizar a los dueños de los terrenos, por la reclasificación de unos terrenos urbanos a rústicos. Los propietarios solicitaban en total 28.096.998 euros en indemnizaciones.

El TSJIB señala en el auto que quienes reclaman no son los primitivos promotores de la urbanización sino unos terceros que adquirieron las parcelas, por lo que no pueden acreditar ni justificar documentalmente el importe de los gastos realizados en la promoción de la urbanización, porque no fueron costes asumidos o desembolsados directamente por ellos. El tribunal considera incorrecta la valoración presentada por los reclamantes, porque está basada en un sistema de análisis de costes de obras del Gobierno Vasco del año 2008, por lo que "no puede coincidir" con los módulos de costes de Baleares, ni con los estándares del año en el comenzó la urbanización, en 1963.

La sala descarta el informe pericial aportado por los demandantes y admite el del otro perito, que parte del presupuesto de las obras proyectadas y realmente ejecutadas.

El perito cifra en 2.988.584 euros el total de los gastos, que debe dividirse entre la superficie apta para edificar. Sin embargo, el tribunal corrige la cifra de terreno edificable aportada por el especialista, porque precisa que deben añadirse 2.500 metros cuadrados destinados a zona verde que todavía no se habían entregado al Ayuntamiento.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB fija el coste por metro cuadrado en 42,241 euros, de manera que establece la indemnización para cada uno de los cuatro propietarios afectados a partir de esa cifra, multiplicándola por los metros de los que dispone cada uno. En total suma 1.817.292 euros.