Justicia fiscal para las víctimas de la okupación

El Partido Popular ha anunciado su intención de impulsar una bonificación fiscal para aquellos propietarios que han sido víctimas de la okupación. La medida busca aliviar la carga económica de quienes, además de padecer la usurpación de su propiedad, se ven obligados a seguir pagando impuestos y servicios básicos como el agua y la electricidad.

La propuesta del PP es un reconocimiento de una realidad inaceptable: en España, las víctimas de la okupación no solo pierden el uso de su propiedad, sino que también son castigadas económicamente por un sistema que, en demasiadas ocasiones, protege más al infractor que al afectado.

El fenómeno de la okupación ha proliferado hasta derivar en situaciones verdaderamente inaceptables. Los okupas no son únicamente personas que entran en una vivienda para vivir en ella por falta de una opción mejor y para no estar en la calle. También hay okupaciones ilegales organizadas por mafias que luego alquilan la propiedad okupada; e "inquiokupas", inquilinos que, amparados en la condición de vulnerabilidad, dejan de pagar el alquiler y siguen residiendo en la vivienda sin que el propietario tenga una vía rápida y efectiva para recuperar su inmueble, debido a la prohibición gubernamental de desahuciar a personas vulnerables. Mientras el sistema judicial ofrece amparo a estos casos, los propietarios sufren meses, e incluso años, de impotencia y pérdidas económicas.

No es admisible que alguien, desposeído de su inmueble, deba seguir cumpliendo con las obligaciones fiscales y económicas derivadas de su uso

Resulta aberrante que, en este contexto, sean los propietarios quienes deban seguir abonando los recibos de luz y agua de viviendas que han sido usurpadas. La situación desafía cualquier lógica y atenta contra el derecho a la propiedad privada. No es admisible que alguien, desposeído de su inmueble, deba seguir cumpliendo con las obligaciones fiscales y económicas derivadas de su uso.

El anuncio del PP es, sin duda, un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. No se trata solo de bonificar impuestos, sino de reformar con urgencia una legislación que sigue fallando a los propietarios. Se necesitan cambios estructurales que garanticen la expulsión inmediata de los okupas y un marco legal que impida que la condición de vulnerabilidad de los inquilinos se convierta en una herramienta para la apropiación ilegítima de viviendas.

El derecho a una vivienda digna no puede sostenerse a costa otros ciudadanos. La okupación y la inquiokupación deben ser combatidas con firmeza, garantizando una protección real y efectiva para los propietarios. Hasta que esto ocurra, cualquier iniciativa que alivie la carga de las víctimas será bienvenida.