Ley de Puertos, entre el relato y la realidad

Asistir a un debate parlamentario siempre debería ser una oportunidad para escuchar argumentos, contrastar ideas y comprobar el nivel de rigor con el que se abordan cuestiones que afectan directamente al futuro de nuestra comunidad. Por eso, lo vivido recientemente en el Parlament de les Illes Balears durante la modificación de la Ley de Puertos merece una reflexión.

No por la ley en sí. Al contrario. Se trata de una reforma técnica, necesaria, orientada a ordenar y armonizar el marco normativo a fin de aportar mayor seguridad jurídica a un sector clave. Lo preocupante fue el tono y, sobre todo, el enfoque de una parte de la oposición durante el debate. Porque, en demasiados momentos, no se debatió sobre el contenido de la ley. Se intervino desde el prejuicio.

Y ese es el problema.

El sector náutico balear no admite simplificaciones. No se divide entre buenos y malos. No funciona enfrentando modelos. Es un sistema complejo, en el que conviven clubes náuticos y marinas deportivas, cada uno con su historia, su función y su aportación. Y es precisamente esa convivencia la que ha permitido su desarrollo.

Sin embargo, desde la tribuna parlamentaria, algunos intervinientes trataron de construir un relato diferente. Un discurso en el que esa diversidad se convertía en una especie de línea divisoria moral, otorgando a una parte una legitimidad incuestionable y situando a otros bajo una sospecha difícil de justificar.

El ejemplo del Club de Vela de Andratx es especialmente clarificador. Fue un gobierno progresista el que impulsó su salida a concurso y que acabó con la adjudicación a una marina deportiva. Ese dato, por sí solo, debería servir para rebajar el tono y recuperar un enfoque más constructivo. Por desgracia, no fue así.

A estas incoherencias se añade una situación que plantea dudas desde el punto de vista de la seguridad jurídica: la denegación, hace escasos meses, de la prórroga de la concesión en la instalación náutica de Cala en Bosch, en Menorca, en un momento en el que ya se encontraba en tramitación una modificación de la Ley de Puertos que contempla y habilita este tipo de prórrogas. La simultaneidad entre una decisión administrativa restrictiva y la evolución del marco normativo en sentido contrario introduce un elemento de inconsistencia que merece ser analizado. No se trata de una cuestión menor, sino de un aspecto que incide directamente en la previsibilidad del sistema y en la necesaria continuidad de criterios en la actuación pública.

La realidad es bastante más sencilla de lo que algunos quieren hacer ver. Los clubes náuticos cumplen una función social y deportiva incuestionable. Son historia viva de nuestras islas. Pero las marinas también cumplen otra función esencial: invierten, generan actividad, crean empleo y sostienen parte del sistema portuario. Son dos modelos que no compiten en legitimidad. En realidad, se complementan. Plantear el debate como si hubiera que elegir entre unos u otros es del todo erróneo.

Lo mismo ocurre cuando, desde el ámbito político, se proyectan mensajes que pueden poner en duda principios básicos como la igualdad de trato o la seguridad jurídica. Porque esos principios no protegen a un modelo u otro: protegen a todos. Y, cuando se erosionan, el daño no es sectorial. Es colectivo.

En ese contexto, debe reconocerse que los grupos parlamentarios del PP y VOX se mantuvieron al margen de ese planteamiento divisivo y facilitaron la aprobación de la modificación de la ley, contribuyendo a preservar el enfoque técnico necesario en una materia de esta complejidad.

Al acabar el debate, más allá de las intervenciones, quedó una sensación difícil de ignorar: se había hablado más desde una idea preconcebida que desde el conocimiento real del sector. Y eso es relevante porque Baleares no vive de discursos. Vive de su economía, de su capacidad de generar confianza, de atraer inversión capaz de sostener sus industrias. Vive, en gran medida, de su relación con el mar. Por eso, más allá de posiciones políticas, hay algo que debería ser irrenunciable: el compromiso con nuestra realidad.

Tomeu Bestard, CEO de Alcudiamar