Marcial Rodríguez y la ley del embudo

Quizás más arcaica que la Ley del Talión o incluso que el Código de Hammurabi resulta la llamada ley del embudo, que tanta aplicación práctica tiene aún hoy en la política patria.

A medio camino entre el derecho y la física, dicha ley se formula así: “Lo ancho para mí y lo estrecho para ti”. Parece ser que la progresía le ha cogido gusto a su aplicación y se pasa el día tirando de sus preceptos para despellejar a cuanto adversario político juzga peligroso para sus intereses.

El último episodio de esta miseria moral es el protagonizado por los líderes de la izquierda en el Consell, Catalina Cladera y Jaume Alzamora, a cuenta del supuesto incidente del conseller executiu de Turisme, Marcial Rodríguez, con un funcionario de la casa, que fue objeto de una denuncia colectiva en el canal de la institución que ha sido finalmente archivada por su manifiesta inconsistencia e irrelevancia en el ámbito administrativo y aún mayor en el penal. Ruboriza el indecente uso político que ha pretendido hacer la izquierda de esta denuncia.

Qué magníficos fascistas hubieran sido Cladera y Alzamora si hubieran nacido cien años antes; cómo dominan el manual goebbelsiano de expandir mentiras y sublimar nimiedades para tratar de destruir al adversario y presentarlo socialmente como una bestia inhumana, violenta y sin sentimientos. Y todo, porque Rodríguez, al contrario que ellos, sí tiene interés en poner orden en el sector de su competencia -que lo logre sería ya milagroso- y, sobre todo, porque trabaja duro, algo que los izquierdistas de kindergarten, que jamás han dado un palo al agua en la vida civil más allá de la teta del partido siempre han juzgado deshonroso.

Lo chusco del asunto es que la supuesta víctima ni siquiera interpuso una denuncia ante el orden penal (ni civil), lo que evidencia la “gravedad” del episodio. Seguramente, algún jurista con buen criterio debió aclararle que lo que se denunciaba no integraría siquiera un delito leve de coacciones -es decir, una falta-, de manera que era ocioso e inútil acudir a los tribunales. Pero eso era lo de menos, porque de lo que se trataba para la oposición socialcomunista no era de que se impusiera una multa a Rodríguez, sino de descuartizarlo políticamente.

Pero es que, además, a estas alturas Cladera y Alzamora lo que tendrían que hacer es callarse el resto de la legislatura por pura vergüenza torera, si es que alguna vez la han conocido. Que la máxima representante en la Isla del partido más corrupto de la historia de España -el PSOE-, cuyo secretario general tiene imputados por graves delitos a su esposa, a su hermano, a su fiscal general, a su ex mano derecha, a su ex comisionista, y a un largo etcétera de cargos en todo el territorio nacional se escandalice por una supuesta discusión de un conseller de Turisme con su jefe de inspección y no lo haga por los millones de nuestros bolsillos que su jefa -hoy presidenta del Congreso de los Diputados- regaló a la trama de Koldo García, es la constatación de la doble moral con que se maneja este personal o mejor dicho, por la moral que exige a los demás mientras convive entre personajes que carecen de cualquier atisbo de ella.

Por su parte, el representante de Més, Jaume Alzamora, con su episodio inmobiliario, quedó tan absolutamente desacreditado ante la sociedad mallorquina para exigir coherencia a los demás que lo sorprendente es que, él sí, aún no haya dimitido.