El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha decidido mover la silla de la Ley de Capitalidad. La norma, en vigor desde 2006, se ha quedado vieja frente a una ciudad que ya no es aquella Palma de hace dos décadas. Su propuesta pretende duplicar la aportación mínima del resto de administraciones hasta los 60 millones de euros anuales. Una cifra que, según defiende, "se ha quedado corta durante años y que ha obligado al Ayuntamiento a asumir una presión financiera que ya roza el límite".
Martínez ha explicado este jueves, en una comparecencia ante los medios, que el crecimiento demográfico —Palma es hoy la séptima ciudad más poblada de España, con unos 480.000 habitantes si se suma población flotante y estacional— ha tensionado infraestructuras y servicios municipales “más allá de lo que la actual ley preveía”. En estas dos décadas, recordó, la capital ha crecido un 27 por ciento, pero su financiación no lo ha hecho al mismo ritmo.
A esa carga habitual se suman los efectos colaterales del turismo y del hecho de que las cuatro grandes puertas de entrada del archipiélago —aeropuerto, puerto, servicios y logística— se encuentren en su término municipal. “Palma asume costes que van mucho más allá de los palmesanos”, ha reivindicado el alcalde, que insiste en que los servicios que se prestan en la ciudad los usan tanto residentes como visitantes y ciudadanos del resto de Baleares.
El alcalde también ha lanzado un mensaje directo hacia Govern y Consell. "Solo en los dos últimos años se ha cumplido la aportación mínima de 30 millones prevista en la ley vigente". Entre 2016 y 2023, según sus cálculos, Palma habría dejado de recibir 152 millones de euros en concepto de capitalidad. Ese desfase, ha dicho, ha obligado a Cort "a tirar de su propio presupuesto hasta un 122 por ciento en las últimas dos décadas".
PROPUESTA A GOVERN Y CONSELL
Según su propuesta, el reparto de los 60 millones sería de manual. "Unos 50 millones los asumiría el Govern y otros 10 el Consell de Mallorca". No obstante, Martínez ha dejado la puerta abierta a que otras administraciones colaboren en servicios específicos. La cifra, además, estaría ligada a la evolución del IPC, aunque la aportación no podría reducirse en años de inflación negativa. “La capital necesita un régimen justo y actualizado”, ha insistido.
Preguntado por si este incremento ha sido negociado con quien debe pagarlo, el alcalde ha reconocido que se trata de "una iniciativa propia del equipo de gobierno". Pero ha asegurado que tanto Govern como Consell muestran “predisposición” a sacarla adelante. De hecho, ha defendido que el cumplimiento de los últimos dos ejercicios es prueba de ese compromiso.
LA MODIFICACIÓN DE LA LEY SE ELEVARÁ AL PLENO
La modificación de la ley se elevará al pleno de noviembre antes de llegar al Parlament, donde los partidos tendrán que retratarse. “Decidirán si quieren que Palma sea de verdad la capital de Mallorca y Baleares”, ha afirmado Martínez.
Además del capítulo financiero, la revisión legal incluye un paquete más amplio de cambios. Refuerzos en seguridad y atención a víctimas de violencia de género, nuevas herramientas de videovigilancia y la posibilidad de que Cort pueda proponer cuotas de vivienda protegida, de precio limitado o libre en futuros desarrollos urbanísticos autonómicos. También pretende clarificar competencias compartidas con otras instituciones y garantizar que Palma tenga asiento en órganos del Govern y del Consell donde su participación es relevante.
