El ICAIB ha cargado con dureza contra la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia y ha denunciado la existencia de un "caos sin precedentes" en el funcionamiento de la Administración de Justicia. La Junta de Gobierno de la entidad considera que la puesta en marcha del nuevo modelo organizativo previsto en la Ley 1/2025 se está realizando "de forma precipitada, sin los medios necesarios y con consecuencias directas para ciudadanos y profesionales".
En un comunicado difundido este lunes, el máximo órgano de gobierno colegial expresa su "extrema preocupación" por la situación generada tras la sustitución de los antiguos juzgados unipersonales por los nuevos Tribunales de Instancia y oficinas judiciales. Los abogados sostienen que la falta de inversión en recursos materiales y, especialmente, el déficit de personal tanto en la judicatura como en los cuerpos de gestión y tramitación está agravando aún más los problemas estructurales que ya sufría la Justicia balear.
SITUACIÓN GRAVE EN EL ÁMBITO CIVIL
Según denuncia el ICAIB, esta situación está provocando retrasos en prácticamente todas las jurisdicciones y fases procesales, con una "incidencia especialmente grave en el ámbito civil". La corporación asegura que ya se están señalando procedimientos para dentro de tres e incluso cuatro años y que existen asuntos completamente instruidos que acumulan más de un año de espera para recibir sentencia.
La Junta de Gobierno insiste en que no cuestiona ni el modelo diseñado por el legislador ni los objetivos perseguidos por la denominada Ley de Eficiencia Judicial. Sin embargo, considera que una reforma de esta magnitud "debería haberse acompañado previamente de un refuerzo de plantillas y de una planificación más pausada y consensuada con los operadores jurídicos". A su juicio, las prisas y el método utilizado "han terminado generando más problemas que soluciones".
LA VIVIENDA AGRAVA LA FALTA DE PERSONAL
El ICAIB advierte además de que Baleares sufre dificultades añadidas respecto a otros territorios. La corporación vincula parte de los problemas de cobertura de plazas al elevado coste de la vivienda en las islas, una circunstancia que dificulta la llegada de funcionarios destinados a la Administración de Justicia y favorece que muchos de los que ya trabajan en el archipiélago soliciten el traslado en cuanto tienen oportunidad.
Esta situación, sostiene el Colegio, provoca "una elevada rotación, inestabilidad en las plantillas y un déficit estructural de personal" que complica todavía más la reorganización derivada de la nueva estructura judicial.
PROBLEMAS TECNOLÓGICOS Y ATENCIÓN DEFICIENTE
La organización colegial también pone el foco en las incidencias tecnológicas que se registran "de forma recurrente" y en los problemas de interoperabilidad entre sistemas informáticos. A ello suma una atención que considera "deficitaria tanto para profesionales como para ciudadanos".
Los abogados señalan que la desaparición de un canal unificado para la gestión de los asuntos "dificulta el seguimiento de los expedientes" y conocer con precisión "el estado de tramitación de cada procedimiento".
CRÍTICAS AL REQUISITO PREVIO PARA PRESENTAR DEMANDAS
Otro de los aspectos que centra las críticas del ICAIB es la aplicación de los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), requisito obligatorio desde abril de 2025 para presentar determinadas demandas civiles y mercantiles.
La Junta de Gobierno considera que la falta de criterios homogéneos sobre cómo acreditar este intento previo de acuerdo extrajudicial ha generado "una notable inseguridad jurídica". Según denuncia, "cada órgano judicial está interpretando de forma diferente el cumplimiento de este requisito", lo que incrementa el riesgo de inadmisión de demandas y está provocando incluso nuevos litigios derivados de esas decisiones judiciales.
Ante este escenario, el Colegio de Abogados insiste en que la situación actual no puede atribuirse a jueces, letrados, funcionarios ni al resto de operadores jurídicos, que —asegura— están realizando un esfuerzo extraordinario para intentar mantener el funcionamiento del servicio público de Justicia pese a las dificultades existentes.
