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El Supremo ha estimado su recurso

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por un exteniente argelino que huyó en junio de 1998 desde su país a Ibiza a bordo de un helicóptero militar, y ha reconocido su derecho a obtener la nacionalidad española por razón de residencia. De esta manera, el Alto Tribunal ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional, de 27 de junio de 2019, que desestimó el recurso del exmilitar contra las resoluciones, de mayo de 2013 y febrero de 2015, del Director General de los Registros y del Notariado, por las que su solicitud fue denegada.

La mitad no estaban dados de alta.

Un hombre ha aceptado este martes una condena de seis meses de prisión y una multa de 360 euros tras admitir que tenía a trabajadores en Calvià ocupados como voluntarios, sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Este viernes se ha celebrado el Día de la Justicia Gratuita

Los más de 700 abogados del turno de oficio de Baleares atendieron en 2019 cerca de 47.000 asuntos de justicia gratuita, lo que supone una media de 3.898 asuntos cada mes, o de casi 130 diarios, con un incremento del 5,7 por ciento en relación a 2018. Estos son los datos que han sido expuestos este viernes en la rueda de prensa convocada por el Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) con motivo de la celebración del Día de la Justicia Gratuita.

Ha reconocido los hechos.

El acusado de abusar sexualmente de su sobrina menor, de 13 años, ha admitido los hechos. El joven ha aceptado una condena de dos años de cárcel por lo ocurrido en Palma.

El atasco se advierte especialmente en Social y Mercantil

La aplicación del estado de alarma a lo largo de los tres últimos meses ha supuesto la paralización de la práctica totalidad de las actuaciones previstas en el ámbito judicial en el conjunto de España y por supuesto también en Baleares. En cierto modo, las vistas orales quedaron circunscritas desde marzo casi sólo al fascinante terreno de las ficciones cinematográficas y las series norteamericanas de policías y de abogados. Pasado ya ese periodo de parón, la Justicia balear se vuelve a poner hoy de nuevo en marcha.

También se han reforzado los recursos telemáticos

El Ministerio de Justicia ha destinado 2.317.617 euros a la compra de material sanitario para la protección del personal, así como otros 576.040,30 euros a la adquisición de diferentes soluciones tecnológicas para el refuerzo del teletrabajo y las comunicaciones por videoconferencia en los juzgados y tribunales desde que se declaró el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, y se fijaron los servicios esenciales en la Administración de Justicia.

Tratará de evitar "la presencialidad" en la medida de los posible

Los organismos judiciales de Baleares irán recuperando actividad hasta septiembre por medio de actuaciones que "serán fundamentalmente telemáticas y se evitará la presencialidad en la medida de los posible", ha anunciado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Terrasa. Para los trabajadores que sí acudan al trabajo físico, las mascarillas, mamparas y distancia física serán obligatorios.

Con 12 acreedores.

Un Juzgado de Palma exonera una deuda de 150.000 euros a un hombre aplicando la Ley de Segunda oportunidad en Mallorca.

Devolverá las competencias tras el estado de alarma

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tomará el control de todos los funcionarios de la Administración de Justicia en todo el territorio nacional para poder coordinar su actividad profesional y garantizar la prestación de servicios esenciales durante el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus. En este sentido, podrá adoptar, cuando lo considere conveniente, las resoluciones necesarias para aplicar un criterio "homogéneo" en toda España.

La Justicia europea ha sentenciado que Oriol Junqueras tenía inmunidad como eurodiputado. Esquerra Republicana ha exigido la "nulidad del juicio y la libertad inmediata" de Junqueras.

La justicia ha condenado a dos gorrillas a cuatro meses de cárcel por lesionar y amenazar a un policía local en Murcia.

Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Este martes se celebra la vista previa al juicio contra tres acusados de traficar con horoína en Baleares.

Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Fiscalía pide ocho años para dos hombres acusados de introducir cuatro kilos de cocaína escondida en un coche en un ferry con destino a Baleares.

El delegado del Gobierno en Madrid ha sido citado por presunta prevaricación

Expectación este miércoles en las dependencias del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid por la comparecencia del delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco, para responder a la imputación de un presunto delito de prevaricación por no haber ordenado la suspensión de las concentraciones y manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar en la capital del país en las fechas previas a la declaración del Estado de Alarma.

La Justicia también comienza su “nueva normalidad”, pero los abogados del turno de oficio han mostrado su preocupación por la falta de garantías sanitarias, que pueden llevar a una “deshibernación caótica”.

Crisis del Covid-19

El Ministerio de Justicia ha anunciado este miércoles a jueces y fiscales que el objetivo del Ejecutivo es que en la Administración de Justicia se recupere la normalidad en el mes de septiembre. Hasta entonces recomienda "no cargar en exceso las agendas de señalamientos".

Los jueces quieren que la Justicia vuelva a andar. Han pedido medidas de seguridad para que los juzgados puedan retomar su actividad con garantías frente al coronavirus.

Día Europeo de la Mediación

La Institución de Mediación de Baleares apuesta por divulgar "el funcionamiento y los beneficios" de este sistema de resolución de conflictos, que gana terreno en Europa porque es más ágil que la justicia tradicional.

Tal y como estaba previsto, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha condenado este jueves al president de la Generalitat, Quim Torra, a un año y medio inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de la Generalitat cometiendo un delito de desobediencia. Además, le impone una multa de 30.000 euros.