La definitiva entrada en funcionamiento de este nuevo sistema organizativo en muchos juzgados es el eje sobre el que pivota la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, impulsada por el Ministerio que dirige Félix Bolaños.
UNA CITA CLAVE
Este lunes, un día después de las elecciones autonómicas en Extremadura que se están celebrando este domingo, el Ministerio y las comunidades con las competencias de Justicia transferidas valorarán de forma telemática la tercera y última fase de implementación de la ley, que arranca el próximo 31 de diciembre y afectará a los partidos judiciales más grandes.
Una cita que se antoja clave dado que el Ministerio de Justicia ha abierto la puerta a conceder una prórroga a aquellas comunidades que lo soliciten.
Ahora bien, según Justicia, en las comunidades en las que el Ministerio es el competente en la materia todo está a punto para arrancar en la fecha prevista y se prevé que así sea en la práctica totalidad del territorio.
La norma ha tenido una implementación progresiva y ya el pasado junio, en una primera fase, comenzaron a funcionar los 315 primeros tribunales de instancia, a los que se añadieron otros 16 en octubre.
Con la tercera fase, se prevé alcanzar 431 tribunales en todo el país.
UN OBJETIVO COMPLEJO Y AMBICIOSO
El objetivo de la ley es transformar la planta judicial para integrar todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial: 3.900 juzgados unipersonales pasarán a ser 431 tribunales de instancia.
Y además, cada tribunal de instancia contará además con un nuevo modelo de oficina judicial, que centralizará los servicios comunes.
Este nuevo sistema ha generado cierta preocupación en el sector.
Recientemente, los jueces decanos de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca han alertado de las "carencias y falta de preparación" que han detectado en sus respectivos territorios y que, en su opinión, pueden lastrar esta fase final de implantación.
Desde el sector de los abogados, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González reconoció recientemente la incertidumbre y el impacto en la actividad diaria que genera la reforma, aunque recordó la disponibilidad del Gobierno a retrasar su implantación en las comunidades que lo reclamen.
Alguna asociación judicial ha transmitido que vigilará del funcionamiento del nuevo modelo en las grandes capitales, y la asociación Juezas y Juezas para la Democracia ha urgido esta semana al Consejo General del Poder Judicial a reformar los reglamentos para aclarar aspectos como la forma de llevar a cabo las guardias o el modo de distribuir el trabajo por unidades judiciales.
