El jefe de la Guardia Civil en Baleares, el general Alejandro Hernández Mosquera, ha salido este martes en defensa de la actuación desarrollada por el Instituto Armado en la denominada operación Grafito, que culminó con la detención de dos activistas vinculadas al movimiento 'Menys Turisme, Més Vida' por su presunta implicación en los actos vandálicos cometidos el pasado 31 de mayo contra cinco agencias inmobiliarias de Santa Maria del Camí.
En una comparecencia tras el acto de incorporación de nuevos guardias civiles destinados a Baleares, Hernández Mosquera rechazó de forma rotunda las críticas sobre una supuesta actuación policial desproporcionada y aseguró que el operativo se ajustó a los protocolos habituales de cualquier investigación por delitos contra el patrimonio.
"No veo ningún tipo de desproporción; la considero absolutamente adecuada", afirmó el general, quien insistió en que la condición de activistas de las detenidas "no tuvo ninguna influencia" en la actuación de la Guardia Civil. "Yo no le veo excepcionalidad. Es la actuación normal en un puesto de la Guardia Civil. Otros casos no son tan mediáticos y no existe ese fondo de discrepancia entre grupos políticos o de la sociedad, pero nosotros siempre actuamos exactamente igual", añadió.
El máximo responsable del Instituto Armado en Baleares recalcó que la Guardia Civil "no persigue activistas", sino que investiga presuntos hechos delictivos cuando existen denuncias. "Nosotros no perseguimos activistas ni entramos en el debate político. Lo que hacemos son investigaciones policiales sobre denuncias de hechos penales", subrayó.
Asimismo, dejó claro que la polémica política y mediática generada tras las detenciones no condicionará la labor del cuerpo. "Seguiremos investigando todos los hechos delictivos que tengamos conocimiento. Nosotros no somos los responsables; los responsables son los autores de los hechos delictivos que son denunciados y que se cometen", afirmó.
"Lo que simplemente se hizo fue registrar los domicilios para intervenir aquellas prendas que habían sido utilizadas durante los actos de daños realizados la noche del 31 de mayo. Lo único que se hizo fue asegurar esas pruebas para que sirvieran ante la autoridad judicial", explicó.
También destacó que las dos detenidas fueron puestas a disposición judicial ese mismo día, sin ingresar en los calabozos, ya que las diligencias de investigación se habían completado previamente. "Las detenciones se produjeron por la mañana y ya por la tarde estaban en el juzgado", recordó.
"No solamente son pintadas"
El general quiso además desmontar la idea de que los hechos investigados se limitaran a unas simples pintadas. "Hablamos de pintadas, pero también hubo daños contra cristales. Se rompieron cristales con un martillo y también se estropearon con pegamento las cerraduras de cinco edificios. Por tanto, hay un daño agravado. No solamente son pintadas", afirmó.
Además, recordó que uno de los inmuebles afectados está catalogado como Bien de Interés Cultural, circunstancia que agrava la posible responsabilidad penal de los autores.
Hernández Mosquera aprovechó para felicitar públicamente a los agentes del puesto principal de Inca y de la compañía de Calvià por el trabajo realizado durante la investigación, destacando que en un plazo "bastante razonable" lograron esclarecer unos hechos que afectaron a cinco edificios.
La referencia al grupo criminal
Uno de los aspectos más controvertidos de la operación ha sido la inclusión en el atestado de la posible existencia de un grupo criminal. Sobre esta cuestión, el jefe de la Guardia Civil defendió que no se trata de una decisión discrecional de los investigadores, sino de una obligación derivada del Código Penal.
"El Código Penal habla de grupos criminales y organizaciones criminales y establece una serie de características. No es la Guardia Civil quien decide eso; lo determinan los hechos", señaló.
Según explicó, "cuando existen más de dos personas concertadas para cometer un delito", los agentes deben reflejar esa circunstancia en las diligencias policiales. "En este caso hay más de dos personas concertadas para realizar un delito. Encaja perfectamente con lo que establece el Código Penal. No es nada que queramos añadir; es lo que tenemos que añadir", concluyó.
