La asociación Stop Desahucios Mallorca ha presentado una denuncia penal contra el agente de la Policía Local de Palma, actualmente suspendido de sus funciones, que figura como propietario de las infraviviendas ubicadas en los sótanos de un edificio de la avenida Joan Miró de la capital balear. La acción judicial se produce a escasos días de que estén previstos nuevos desahucios de familias que residen en estos inmuebles.
Según ha informado la entidad en un comunicado, la denuncia, registrada en el juzgado de guardia, se dirige contra la mercantil de la que el policía es administrador único y le atribuye presuntos delitos de estafa procesal, fraude de ley y abuso de derecho.
La asociación sostiene que uno de los lanzamientos previstos estaría directamente relacionado con la supuesta estafa procesal denunciada, motivo por el que ha solicitado su paralización cautelar. En este sentido, Stop Desahucios asegura que el propietario habría diseñado una estrategia "deliberada y de mala fe" para "engañar" al juzgado sobre la normativa aplicable tras la finalización de la moratoria antidesahucios, con el objetivo de evitar la aplicación de la Ley de Vivienda y el correspondiente trámite de mediación.
La organización añade que, si la Administración asumiera el pago del alquiler de una de las familias afectadas mediante fondos públicos, ese dinero serviría para hacer frente a las "cuantiosas multas" acumuladas por la mercantil propietaria. Por ello, sostiene que el procedimiento habría sido manipulado para continuar percibiendo ingresos procedentes de alquileres que considera ilegales y eludir las consecuencias de las sanciones impuestas.
Un segundo lanzamiento previsto para el jueves
Además del primer procedimiento, Stop Desahucios alerta de que una segunda familia que reside en las infraviviendas de Joan Miró podría ser desalojada este jueves. Según la asociación, un juez reconoció la situación de vulnerabilidad de los ocupantes, aunque decidió no suspender el lanzamiento debido a su "particular interpretación" de la legislación vigente.
Ante esta situación, la entidad tiene previsto presentar este martes un nuevo escrito ante el juzgado solicitando la suspensión provisional del desahucio.
En paralelo a las acciones judiciales, Stop Desahucios denuncia que los residentes de estos sótanos continúan sufriendo "cortes criminales de suministros básicos" y una estrategia de "acoso institucional" destinada, según afirma, a "quebrar la resistencia de los afectados".
Asimismo, acusa al Ayuntamiento de Palma de enviar trabajadores sociales a las viviendas "con la única misión de desmoralizar a las familias" e intentar convencerlas de que el desalojo es "inevitable".
Otro desahucio afecta a una familia vinculada a una vivienda del Ibavi
La asociación también ha puesto el foco sobre otros tres procedimientos de desahucio recientes. Uno de ellos, igualmente señalado para este jueves, afecta a una familia que reside en una vivienda del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).
Según Stop Desahucios, los afectados ocupaban el inmueble para cuidar a la abuela, titular del contrato de alquiler y ya fallecida. La organización considera que la administración autonómica debería haber estudiado la posibilidad de autorizar la subrogación del contrato.
Además, denuncia que la familia permanece sin representación procesal desde que su procuradora causó baja el pasado mes de noviembre y sostiene que el juzgado ha continuado la tramitación sin sustituirla, pese a la existencia de una abogada de oficio que representa a los afectados.
Por este motivo, la asociación ha solicitado la nulidad de las actuaciones, petición que continúa pendiente de resolución. También presentó una solicitud para suspender el lanzamiento al amparo de la moratoria antidesahucios, aunque asegura no haber recibido respuesta.
