El dinero que mejor administra un ciudadano suele ser el que permanece en su bolsillo. Bajo ese principio, el balance que hace el Govern balear de sus tres años de reforma fiscal merece una valoración positiva. Los 1.444 millones de euros de ahorro acumulado para los contribuyentes de las Islas no son una cifra menor; representan un alivio tangible para miles de familias, autónomos y jóvenes que han visto reducirse una parte de la presión tributaria.
La medida más significativa ha sido, sin duda, la práctica eliminación del Impuesto sobre Sucesiones entre familiares directos. Que cerca de 39.000 familias hayan dejado de pagar más de 1.099 millones de euros por heredar el patrimonio construido durante toda una vida responde a una idea de justicia fiscal que cuenta con un amplio respaldo social. Resultaba difícil explicar que unos bienes ya gravados durante décadas volvieran a ser objeto de tributación simplemente por cambiar de titular tras un fallecimiento. Corregir esa anomalía ha supuesto devolver capacidad económica a los ciudadanos en uno de los momentos más delicados para cualquier familia.
También merece destacarse la rebaja del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para facilitar el acceso a la primera vivienda. Más de 10.800 compradores se han beneficiado de bonificaciones o exenciones que han supuesto un ahorro superior a los 116 millones de euros. En un mercado inmobiliario tensionado como el balear, donde el precio de la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales, cualquier medida que reduzca la factura inicial de acceso a una vivienda constituye una ayuda real, especialmente para jóvenes y familias.
Cada euro que una familia deja de destinar a impuestos es un euro que puede emplear en pagar una hipoteca, afrontar el coste de la educación de sus hijos, atender una situación de dependencia o emprender un negocio
A ello se suma la ampliación de deducciones autonómicas en el IRPF vinculadas a vivienda, conciliación, educación, discapacidad o apoyo a los autónomos, que ya benefician a más de 111.000 contribuyentes. Son incentivos que, además de aliviar la carga fiscal, orientan el sistema tributario hacia objetivos sociales concretos.
Frente a quienes consideran que cualquier necesidad pública encuentra respuesta en nuevos impuestos, nuevas tasas o mayores gravámenes, existe otra visión que apuesta por dejar más recursos en manos de quienes los generan. Porque el alivio fiscal también es política social. Cada euro que una familia deja de destinar a impuestos es un euro que puede emplear en pagar una hipoteca, afrontar el coste de la educación de sus hijos, atender una situación de dependencia, emprender un negocio o, simplemente, llegar con mayor tranquilidad a final de mes. La mejor política social no siempre consiste en aumentar el gasto público; en muchas ocasiones pasa también por permitir que los ciudadanos conserven una mayor parte del fruto de su trabajo para decidir libremente cómo atender sus propias necesidades.
Naturalmente, toda política fiscal debe convivir con unos servicios públicos sólidos y bien financiados. El propio Govern sostiene que estas rebajas han sido compatibles con el incremento del gasto sanitario, educativo y social, así como con unas cuentas públicas saneadas. Ese equilibrio será el verdadero examen de estas políticas en el largo plazo.
