En apenas unas horas, Mallorca ha sido el trágico escenario de dos siniestros que trascienden el drama humano de las víctimas para abrir un inquietante debate sobre la respuesta judicial ante los accidentes mortales con fuga. En Pollença, un conductor que presuntamente atropelló y mató a un ciclista de 83 años abandonó el lugar de los hechos. El Juzgado de Instrucción acordó su ingreso en prisión provisional. Sin embargo, en Capdepera, un joven de 21 años que atropelló mortalmente a un turista mientras corría, abandonó inicialmente el escenario del siniestro. Tras ser localizado, dio positivo en alcohol y alegó haberse quedado dormido al volante. En este caso, el juez decretó su libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la retirada del carné y del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
Nadie cuestiona que cada procedimiento presenta circunstancias particulares y que la prisión preventiva debe acordarse conforme a criterios estrictamente legales. Sin embargo, para una ciudadanía indignada ante la proliferación de este tipo de sucesos, completamente execrables, resulta extraordinariamente difícil comprender que dos hechos con elementos comunes —una muerte, una huida y la presunta comisión de graves delitos contra la seguridad vial— reciban respuestas tan diferentes.
La sensación de desigualdad se acentúa cuando aparecen factores especialmente graves, como el consumo de alcohol o drogas. La huida tras un atropello mortal no constituye únicamente una infracción penal; representa una quiebra moral que priva a la víctima de un auxilio inmediato y dificulta la investigación. Cuando además existen indicios de conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, la alarma social aumenta inevitablemente.
No se trata de reclamar automáticamente la prisión preventiva para todos los investigados. Tampoco de cuestionar la independencia judicial. Se trata de algo más elemental: dotar al sistema de criterios homogéneos que eviten respuestas aparentemente contradictorias ante supuestos similares. La Fiscalía también debe desempeñar un papel determinante, unificando sus criterios de actuación y sus peticiones de medidas cautelares para ofrecer una respuesta coherente en todo el territorio.
La proliferación de accidentes con fuga exige una reflexión profunda. La sociedad necesita saber que quien decide ponerse al volante bajo los efectos del alcohol o las drogas y, además, abandona a una víctima a su suerte, sin detenerse y sin prestarle auxilio, afrontará unas consecuencias severas, previsibles y uniformes. La seguridad jurídica también consiste en que la justicia hable un mismo lenguaje.
