El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, ha reclamado que la futura Ciudad de la Justicia de Palma incluya viviendas reservadas para los funcionarios judiciales, muchos de los cuales no pueden hacer frente al elevado coste de vida del archipiélago. Gómez lo ha planteado durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, donde ha presentado la Memoria Judicial de 2025.
FUNCIONARIOS DE JUSTICIA INTERINOS
El magistrado ha ilustrado la gravedad de la situación con un caso concreto: una trabajadora de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJIB que tuvo que abandonar las islas porque su salario, de entre 1.200 y 1.300 euros mensuales, no le permitía costear su vida en Baleares. Una situación que se agrava, ha subrayado, por el hecho de que el 58 por ciento de los funcionarios de la administración de Justicia destinados en el archipiélago son interinos.
Sobre la Ciudad de la Justicia, cuyo proyecto de urbanización ya ha salido a concurso pero que todavía tardará varios años en materializarse, Gómez ha señalado que el solar permitiría levantar un edificio de uso residencial para el colectivo. "Eso ya se habló y cada vez que viene el secretario de Estado de Justicia le digo que se tendrían que poner estas viviendas. Es una idea positiva que se tiene que intentar conseguir", ha afirmado.
EQUIPARACIÓN CON CANARIAS
Otra de las vías en las que trabaja el TSJIB para mejorar las condiciones de sus trabajadores es la equiparación del plus de insularidad con Canarias. La Sala de Gobierno ya ha pedido a sus dos vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que gestionen una reunión con el Ministerio de Justicia para abordar esta cuestión. "Es necesario que nos equiparen con Canarias, de otro modo no saldremos de esta. No sé si lo conseguiremos o no, pero estamos encima", ha asegurado Gómez.
