El Ayuntamiento de Palma afronta la fase definitiva para el desalojo de la antigua cárcel de Palma después de que un juzgado autorizase la entrada y expulsión forzosa de las 70 personas que todavía residen en el recinto, ocupado desde hace años y cuyo estado de deterioro supone el grave riesgo que supone para sus ocupantes.
La resolución judicial da cobertura a la actuación impulsada por Cort, que había solicitado autorización para ejecutar el desalojo forzoso ante la imposibilidad de lograr el abandono voluntario del inmueble. El Consistorio sostiene que la situación representa un peligro para la seguridad de las personas que viven en el complejo y para quienes acceden al recinto.
Alrededor de 70 personas continúan residiendo en la antigua prisión, pese a los requerimientos efectuados por las administraciones. El auto judicial autoriza la entrada en las instalaciones para proceder a su desalojo inmediato.
Hace cinco días, el consistorio notificó a los residentes del recinto la obligatoriedad de salir del lugar en cinco días tras desestimar las alegaciones formuladas contra el desalojo. Este miércoles al mediodía ha arrancado el dispositivo conjunto de Policía Local y Policía Nacional, que se prevé se prolongue a lo largo de la jornada.
Durante toda la ejecución del desalojo permanecerán en el lugar los servicios sociales municipales, que continuarán prestando atención individualizada a las personas que continúan ocupando el recinto y ofreciendo alternativas a través de los recursos sociales existentes. También se contará con la presencia de una ambulancia del 061.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, confirmó recientemente que la cuenta atrás para la actuación municipal ya está en marcha y que el objetivo es que la antigua cárcel quede completamente desalojada durante este mes de junio. Desde Cort se insiste en que la medida responde exclusivamente a criterios de seguridad y a la necesidad de evitar posibles accidentes en unas instalaciones muy degradadas.
