La discrepancia ha surgido a raíz las palabras del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull. Este ha defendido que la acogida de los residentes de la antigua cárcel de Palma debería hacerse de forma "personalizada" y en pequeños grupos, al considerar que cada caso requiere una atención específica.
El prelado ha sido rotundo sobre los límites de la Iglesia: "No podemos recibir masivamente a 100 personas porque no sabríamos dónde ponerlas", aunque ha reiterado su disposición a colaborar en la atención a los afectados.
RESPUESTA DE CORT
La respuesta del Ayuntamiento de Palma no se hizo esperar. La portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, ha sido igualmente contundente en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este miércoles: "Teníamos que poner un límite a esta situación y se puso cuando se acabaron todas las vías administrativas. En este momento tenemos el auto judicial que nos permite desalojar y tenemos que ejecutarlo".
Celeste ha matizado, no obstante, que los canales de comunicación siguen abiertos. Si alguno de los moradores desea ponerse en contacto con el Obispado para "encontrar una salida" antes del desalojo, puede hacerlo. "Mantenemos todos los canales abiertos para que se pueda dar apoyo, pero de ninguna manera podemos impedir no ejecutar el desalojo", insistió la portavoz.
Aunque el Ayuntamiento ha recordado en reiteradas ocasiones que la mayoría de los ocupantes se encuentran en situación administrativa irregular —lo que les impide acceder a la cartera de servicios sociales municipales—, Celeste tendió la mano: "Siempre se les puede informar o derivar. Pero soluciones definitivas, como una vivienda, ya hemos dicho muchas veces que no. Pero se les puede dar una solución temporal".
LUZ VERDE A LA COMPULSIÓN DIRECTA
Tras obtener la autorización judicial, la Junta de Gobierno ha acordado formalmente "la ejecución forzosa mediante la compulsión directa sobre las personas" para culminar el proceso de recuperación posesoria de la antigua prisión.
Este jueves está prevista una Junta Local de Seguridad en la que se debatirá cómo llevar a cabo el desalojo, las actuaciones y los tiempos previstos. El operativo requerirá la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tal y como ha solicitado el consistorio. "No podemos decir la fecha, porque no la sabemos. Hemos pedido auxilio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque tiene que ser una cosa conjunta. Lo avisaremos", ha señalado Celeste.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ya había avanzado que el desalojo se llevaría a cabo antes de que acabe el mes de junio.
