En concreto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Palma dio el pasado viernes el visto bueno al Consistorio para acceder al antiguo centro penitenciario “en ejecución forzosa”, tras el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno municipal el pasado 6 de mayo, dentro del procedimiento de recuperación posesoria del inmueble.
UN AUTO QUE AVALA LA ACTUACIÓN MUNICIPAL
El auto judicial respalda la “necesidad, adecuación y proporcionalidad” de la medida solicitada por Cort ante la situación del inmueble y las condiciones en las que se encuentran sus ocupantes. La resolución judicial a la que ha tenido acceso mallorcadiario.com subraya la existencia de un “riesgo real, grave y actual” para la vida e integridad de las personas que permanecen en el interior, basándose en informes técnicos de la Policía Local, servicios de emergencias y sanidad, que alertan del mal estado de salubridad del recinto.
Además, el auto advierte de las dificultades que supondría evacuar el edificio en caso de incendio o de cualquier incidente grave, debido a la propia configuración estructural del antiguo centro penitenciario, un extremo que el Ayuntamiento había venido señalando desde hace meses.
DE 226 A 80 OKUPAS
El auto también hace constar que el Consistorio ha cumplido con la obligación de informar, valorar y ofrecer a las personas ocupantes el acceso a los recursos del sistema de servicios sociales, tanto municipales como del Consell de Mallorca, incluyendo alternativas de atención social y acompañamiento.
Jaime Martínez ha explicado en rueda de prensa urgente que la resolución judicial da luz verde a la actuación municipal tras un proceso que se ha prolongado durante meses. Según ha detallado, en febrero había 226 personas residiendo en la antigua cárcel, una cifra que ha ido reduciéndose progresivamente hasta las aproximadamente 80 actuales, en su mayoría tras abandonos voluntarios.
El alcalde ha señalado que muchas de estas personas han abandonado la isla de Mallorca en los últimos meses y han regresado a sus países de origen, según los datos de seguimiento de los servicios municipales.
COORDINACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
El Ayuntamiento de Palma ha convocado una Junta Local de Seguridad extraordinaria que se celebrará este jueves con el objetivo de coordinar el operativo de desalojo junto a la Delegación del Gobierno en Baleares, con la participación de la Policía Nacional y la Policía Local.
El desalojo forzoso se ejecutará dentro del mes de junio, aunque la fecha concreta aún está por determinar. El Consistorio confía, no obstante, en que los actuales ocupantes abandonen voluntariamente el recinto antes de la intervención policial. Mientras tanto, la Policía Local continúa protegiendo el perímetro del edificio para garantizar la seguridad del entorno y evitar nuevos accesos al inmueble.
El Ayuntamiento ha asegurado que los servicios sociales municipales, junto al Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), seguirán trabajando con las personas que aún permanecen en el interior, informándoles y facilitando el acceso a recursos habitacionales, asistenciales y de acompañamiento social.
El objetivo, según el Consistorio, es favorecer la salida voluntaria de los ocupantes antes de la ejecución forzosa del desalojo, dentro del marco de actuación coordinada con las diferentes administraciones implicadas.
FUTURO DEL EDIFICIO
Una vez ejecutado el desalojo, el Ayuntamiento procederá a bloquear los accesos y tapiar el edificio para evitar nuevas ocupaciones. Además, se reforzará la vigilancia mediante la presencia permanente de la Policía Local y sistemas de control para impedir el acceso al recinto.
El Consistorio prevé la demolición del antiguo complejo penitenciario para la construcción de alrededor de 130 viviendas de protección oficial, un proyecto que el equipo de gobierno quiere impulsar “cuanto antes” y que forma parte de la transformación urbanística del entorno.
Jaime Martínez Llabrés ha enmarcado esta actuación dentro del proceso de recuperación de lo que ha calificado como “cadáveres urbanos” heredados de anteriores mandatos, citando también otros espacios como el antiguo edificio de GESA, Son Dureta o el estadio del Lluis Sitjar.
El alcalde ha responsabilizado además a la “inoperancia” del anterior gobierno municipal de la situación prolongada del inmueble durante la última década, al considerar que se permitió su degradación sin intervención efectiva. Con esta resolución judicial, el Ayuntamiento da un paso decisivo para culminar la recuperación del antiguo centro penitenciario, en una operación que combina el desalojo, el cierre definitivo del edificio y su futura reconversión en vivienda pública.
