Según ha informado el portavoz adjunto del Consistorio y regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá, la Junta de Gobierno ha acordado notificar a los residentes su salida en un plazo de cinco días tras desestimar 45 alegaciones contra el desalojo.
En el marco del proceso de recuperación posesoria de Sa Presó, Cort ha informado de la desestimación de la totalidad de las alegaciones presentadas por las personas que ocupan el recinto. En este sentido, Bauzá ha explicado que "ya se ha dado respuesta" a los requerimientos de los residentes, que tendrán hasta el lunes próximo para abandonar el edificio por su cuenta.
Por otra parte, el portavoz ha admitido que, de tener que resolverse por la vía judicial, no hay un plazo estimado para la salida de los moradores. "Son las vías judiciales quienes lo tienen que determinar", ha concluido.
INFORMES TÉCNICOS
El Consistorio palmesano ha justificado la decisión en varios informes técnicos elaborados por Policía Local, Bombers y el área de Sanidad, que alertan del grave deterioro del edificio, con problemas de insalubridad, riesgo de incendio y condiciones que suponen un peligro para la seguridad de las personas que lo habitan.
Según ha explicado Cort en una nota de prensa, se han puesto a disposición de los residentes diferentes recursos de atención social, incluyendo acompañamiento individualizado, derivaciones y alternativas habitacionales dentro de los servicios públicos disponibles. El área de Servicios Sociales mantiene además un seguimiento activo de las aproximadamente 226 personas que viven en el recinto, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad.
FASE DE NOTIFICACIÓN
Con la desestimación de las alegaciones, el Ayuntamiento activa la fase de notificación, que comenzará de inmediato y se prolongará hasta este viernes. A partir de la recepción de la comunicación, los residentes dispondrán de cinco días hábiles para abandonar voluntariamente el edificio. En caso de no poder realizarse la notificación de forma personal, esta se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), abriendo igualmente el mismo plazo de cinco días.
El procedimiento forma parte del expediente de recuperación posesoria iniciado en febrero por el Ajuntament de Palma, que busca recuperar el control del inmueble, de titularidad pública, actualmente en desuso y ocupado desde hace años. El edificio está previsto para acoger futuras viviendas dotacionales. Mientras tanto, el Ayuntamiento insiste en que el objetivo del proceso es “garantizar la seguridad de las personas y recuperar un espacio público en condiciones adecuadas para su futura transformación”.
