Adrián Salazar, fiscal superior de Baleares, reflexiona sobre su labor. Foto J. Fernández Ortega
El despacho del fiscal superior de Baleares, en el edificio de la Fiscalía, es un buen espejo del ritmo que marca su cargo desde hace seis meses. La mesa, abarrotada de expedientes que no dejan de crecer, apenas deja hueco para nada más. Antes de sentarse con mallorcadiario.com, un funcionario entra con nuevos documentos que Adrián Salazar debe revisar; el móvil no deja de sonar. "Es una velocidad a la que ya estoy más que acostumbrado", comenta mientras se sienta en una de las sillas de su oficina.
En 1988 Salazar desembarcó en la fiscalía de Baleares y desde entonces ha llevado una carrera llena de ritmo, casos relevantes y temas relevantes para la sociedad balear. Se trata de uno de los fiscales más veteranos y con mayor conocimiento y reconocimiento del tejido judicial del archipiélago. En 1996 asumió la coordinación de delitos contra el medio ambiente y urbanismo, y en 2004 tomó las riendas de la Delegación de la Fiscalía Especial Antidroga, siendo uno de los principales azotes de las bandas del crimen organizado. "Debemos adaptarnos a las nuevas infraestructuras de los delincuentes. Si queremos ser más rápidos y ágiles, la coordinación entre fiscales y agentes debe ser fundamental", explica Salazar sobre la necesidad de mejorar la comunicación y la organización entre la fiscalía balear y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
"No podemos estar dos años esperando para un juicio penal, esto es gravísimo"
Habló en su nombramiento de la atención a las víctimas como prioridad, llegando a admitir cierto "maltrato" del sistema hacia ellas. ¿Qué cambios concretos va a implementar?
No inventamos nada, simplemente implementamos cuestiones ya reguladas en la ley y en las directrices del Ministerio Fiscal. Lo que queremos poner encima de la mesa es la empatía con las víctimas. Muchas veces no estamos pudiendo evitar la revictimización. Lo que sí logramos en procedimientos como son las agresiones sexuales a menores, llevarlo a la práctica en el resto de casos. Tener esa sensibilidad. Evitar trámites innecesarios y priorizar que consigan algún tipo de resarcimiento, ya sea por la vía de la reparación o de la indemnización. Explicar y ofrecer información clara a las víctimas para que se sientan protegidas. Hay que evitar que la gente tenga que repetir lo mismo veinte veces.
También ha alertado del colapso de la Audiencia de Baleares, con juicios de crimen organizado que se alargan meses y decenas de acusados. ¿En qué punto está la creación de una nueva sala?
Esto no es una cuestión que se resuelva de un día para otro. Como pasa con la sanidad, la bola se ha ido haciendo cada vez más grande y el retraso es cada vez mayor. Lo que antes tardaba un mes hoy tarda dos años. Y revertirlo es difícil si siguen entrando procedimientos. Ha aumentado muchísimo la población —aquí se ha más que duplicado, incluyendo residentes— y con ella la conflictividad y la litigiosidad. Antes la Audiencia celebraba tres o cuatro juicios al día; hoy lo habitual es un juicio por día, o juicios que se prolongan semanas, por lo complejo y por el volumen.
El presidente del TSJIB ya hablaba de 200.000 personas esperando resolución de sus procedimientos. En el ámbito penal esto es gravísimo porque prácticamente todos los casos acaban con la atenuante de dilaciones indebidas: hay juicios señalados a tres años vista, incluso con presos preventivos. Tengo un asunto con una persona que lleva casi tres años en prisión preventiva, cuando el límite legal son cuatro, y no hay forma de sacarlo adelante por falta de capacidad. De poco sirve la calidad técnica de jueces, fiscales y abogados si los procedimientos no pueden avanzar con agilidad. Haría falta un proyecto de Estado, como en infraestructuras o vivienda, que no dependa de una sola legislatura.
"En los tribunales hacen falta medios personales, materiales y económicos si queremos desatacar la situación"
¿Y qué medidas concretas tomaría para desatascar la situación?
Aparte de que todos se involucren —ahora mismo las salas hacen desdoblamientos y celebran juicios todos los días, aunque sigue siendo insuficiente—, hace falta dotar de más medios personales y materiales, y avanzar en la implantación de tecnología para optimizar el trabajo que ya hacen los tribunales.
Comentó que la plantilla de fiscales aumentará en cinco efectivos. ¿Ya sabe dónde se van a ubicar?
Todavía tenemos que ver cómo los organizamos porque hay que dotarles de una infraestructura y un lugar para que puedan ser eficientes. Lo que es seguro es que tres de ellos se ubicarán en Palma y uno en Ibiza.
¿A qué áreas se destinarán?
Hay demanda en todas las materias. Desde la celebración de juicios del día a día hasta especialidades como drogas, trata de seres humanos y delitos económicos, donde hará falta refuerzo porque han aumentado en cantidad y complejidad. Lo mismo ocurre con la ciberdelincuencia, que ya supone alrededor del veinte por ciento de los delitos que se cometen: uno de cada cinco delitos en España está relacionado con estafas informáticas o criptomonedas.
"Harían falta 10 nuevos fiscales., pero hablar de cifras sin un estudio previo no es realista"
¿Son suficientes estos cinco nuevos fiscales?
Son manifiestamente insuficientes, pero es un progreso significativo y estoy contento por poder contar con ellos.
¿Cuánto cree que haría falta realmente?
En Fiscalía, aparte de los cinco ya incorporados, harían falta entre cinco y diez más. Pero hablar solo de cifras es poco realista. No basta con tener más gente, hay que ser eficientes y para eso hacen falta medios técnicos e instalaciones adecuadas. No basta con poner fiscales; hace falta también personal que tramite las causas y de apoyo a ese fiscal. Cualquier ampliación de plantilla exige un estudio previo sobre qué dotación necesita realmente cada fiscal para desempeñar su trabajo.
Coincidiendo con el Día de la Justicia Gratuita, el Colegio de Abogados alertó de la caída del sistema Lexnet y de la crisis del turno de oficio. ¿Cómo está afectando esto al funcionamiento de la Fiscalía?
Todos formamos parte del mismo ecosistema. Si uno se resiente, todos sufrimos. Para que funcione la administración de Justicia tienen que funcionar de forma ágil todas las patas del sistema: tribunales, fiscales, abogados y procuradores. Si fallan las notificaciones o las citaciones todo se retrasa y, por lo tanto, lo padecemos. Obviamente entendemos que algunos sistemas informáticos relativamente nuevos sufran errores. Nosotros fuimos pioneros en Mallorca en el expediente digital, que en otras comunidades no existe, y seguimos teniendo carencias. Toda implantación de nuevas tecnologías o sistemas requiere de tiempo y de mejoras. Pero sí es verdad que en un sistema como el nuestro, igual antes de implementar algún mecanismo deberíamos cerciorarnos de que su funcionamiento sea impecable.
"El crimen organizado ha evolucionado, esto hace que ahora fiscales y agentes tengamos que estar más coordinados que nunca"
Ha defendido que los fiscales participen desde las primeras fases de la investigación en casos económicos o de crimen organizado. ¿Qué cambios concretos requiere esa mayor implicación?
El crimen organizado ha evolucionado y nos exige que nosotros también. Su complejidad hace que ahora el trabajo de fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenga que estar más coordinado que nunca. Es necesario que, pese a que la investigación la lleve a cabo un Cuerpo, siempre esté bajo la supervisión de un fiscal para garantizar que se ajusta a los parámetros legales. De esta manera lograremos centrar más el tiro, el juicio será más ágil y evitaremos errores. Los agentes deben tener un compañero de viaje que les guíe por la Justicia.
En realidad es implementar un sistema que ya se aplica en otros estados democráticos y que funciona. Lograríamos que la fase de instrucción fuera más breve, centrada solo en las diligencias imprescindibles ordenadas por el fiscal, y en el que el juzgado de garantías intervenga únicamente para medidas privativas de libertad o intervenciones telefónicas, evitando que las diligencias se puedan recurrir sistemáticamente y alarguen la instrucción de forma innecesaria.
Con la nueva gran operación Enroque Bal-Manso se ha podido observar el cambio en el modelo de las organizaciones criminales. ¿Por qué cuesta tanto encausarlas y lograr una condena rápida?
Al igual que pasa en la economía legal, el sistema evoluciona y se perfecciona: triunfan los más eficientes. La delincuencia organizada cuenta con medios tecnológicos y económicos cada vez más avanzados. Ya no vemos organizaciones que solo se dediquen a un ámbito. Tienen una estructura menos jerarquizada y más transversal. Una red que trata diferentes sectores y se extiende: dinero, armas, personas, drogas. Multinacionales que requieren de un trabajo muy arduo y extenso. Hay que intentar erradicar de raíz el problema, por eso ahora no vemos tanto causas unipersonales y cada vez hay más juicios con un gran número de detenidos. Debemos mejorar y perfeccionar nuestro sistema para adaptarnos y lograr estar por delante de los delincuentes.
¿Es posible lograr un sistema social en el que estas redes desaparezcan o no proliferen?
La verdad es que no lo sé. Probablemente surgirían nuevos tipos. La delincuencia en este sentido evoluciona y se adapta. Hace 15 o 20 años eran los clanes locales, ahora son organizaciones internacionales que se refugian en paraísos fiscales como Dubái. Allí no pagan impuestos y es muy difícil detenerlos. Por lo tanto, lo que antes podíamos solucionar de forma local ahora requiere de una colaboración nacional e internacional.
"Las reformas del Ministerio son positivas, el problema está en cómo se traducen en la práctica"
En su nombramiento habló también de mejorar la comunicación de la Fiscalía. ¿A qué se refería?
Es una reivindicación pendiente. Creemos que es necesario ofrecer a la sociedad y a los medios una comunicación más clara. Dejar que profesionales asesoren y se encarguen de esta área, liberando a los fiscales y dejando que se centren en su labor.
¿Cómo valora la Ley de Eficiencia y las reformas que impulsa el Ministerio de Justicia?
En su planteamiento las considero positivas. Todo lo que sea mejorar y crecer es beneficioso. El problema está en cómo se traducen en la práctica. Muchas veces la ley no es mala, pero la implantación ha sido incorrecta o de forma precipitada. Igual lo que se debería haber hecho es una aplicación más gradual. Lograr que los funcionarios se adaptaran de forma progresiva. Hay que intentar optimizar y no sobrecargar.
Creo que la implantación de nuevos sistemas exige de medios y de estudios que determinen la adecuada distribución de los recursos humanos, técnicos y económicos. De esta manera evitaríamos parchear y arreglos constantes, y optimizaríamos el tiempo de cada uno de los profesionales de Justicia.
Con el aumento de población en Baleares y la presión urbanística que conlleva, ¿tiene la Fiscalía herramientas suficientes para perseguir delitos urbanísticos y medioambientales?
Nunca son suficientes, pero la peculiaridad de Baleares —donde fui fiscal de medio ambiente durante mucho tiempo— es que no hay industrias contaminantes ni químicas: el problema es el desarrollo urbanístico y poblacional, que genera problemas de gestión de residuos, ocupación de espacios naturales, sobreexplotación de acuíferos y urbanización descontrolada.
La vía penal debe reservarse para las agresiones más graves; el grueso del control corresponde a las administraciones —Govern, Consell y ayuntamientos— a través de procedimientos sancionadores. Perseguir a quien no cumple protege, en realidad, a quien sí lo hace.
Cuando alguien asegura que será breve al inicio de su disertación, es casi seguro que…
Los 'cafeteros' caen en los penaltis ante unos helvéticos que regresan, 72 años después, a…
Se trata de una iniciativa impulsada por la Empresa Funeraria Municipal (EFM) que apuesta por…
Los de Scaloni, que perdían 0-2 en el minuto 78, pasan a cuartos tras una…
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos para crear 500 nuevas…
Esta web usa cookies.