La autodenominada Asamblea Ciudadana por el Clima de Mallorca ha acordado este fin de semana limitar la entrada de personas y de vehículos en las isla, así como restringir aún más la llegada de cruceros. Esta ha sido la premisa principal con la que concluían las cinco sesiones de debate que esta plataforma ha celebrado durante los últimos cuatro meses y de las que han salido un conjunto de propuestas que serán presentadas el próximo día 27 en la UIB.
Ideado para relanzar la agenda ecologista y auspiciado por el Ministerio de Transición Ecológica de cara a marcar agenda ante las próximas elecciones autonómicas, este lobby se ha creado en numerosas comunidades, desde Cataluña a Madrid, pasando por Andalucía, Cantabria... y, por supuesto, Baleares.
La entidad se ha querido revestir de una supuesta representatividad de la sociedad. Para dar respuesta a la pregunta inicial "¿qué necesitamos hacer en Mallorca antes de 2030 para afrontar la emergencia climática de forma efectiva y socialmente justa?", se enviaron 10.000 cartas aleatorias invitando a otros tantos ciudadanos a participar; de ahí -y coordinado por la UIB- se pasó a seleccionar a 60 personas que pretendían ser una muestra representativa de la población en términos de género, edad, nivel socioeconómico, estudios y procedencia geográfica.
Los debates han girado en torno a la energía, el transporte, la gestión del agua, el territorio... Pero no han sido abiertos, sino que han estado dirigidos por un "grupo de facilitadores" -según terminología empleada por la propia asamblea- que han planteado los temas y han conducido las sesiones bajo la premisa de garantizar una hoja de ruta verde para los próximos años.
Es legítimo sospechar, por tanto, que las conclusiones que han surgido de esta asamblea estuvieran decididas de antemano. Sorprende que el límite al turismo -más allá de lo que fuerzas políticas y el propio sector ya vienen defendiendo hace años- sea una de las conclusiones más valoradas por la entidad. Y sorprende también que el Govern y el Consell se hayan comprometido a tirar adelante los acuerdos aprobados por la asamblea, cuando muchas de sus propuestas difícilmente conseguirían pasar una votación del Parlament, donde sí hay una representación legítima de la sociedad balear.
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