Los reiterados cortes de suministro eléctrico registrados durante los últimos días en Can Pastilla, Playa de Palma e incluso Es Pil·larí constituyen un episodio de enorme gravedad que trasciende una simple incidencia técnica. Cuando una avería se prolonga o se repite en plena temporada alta, se causa un serio perjuicio económico, social y de imagen para Mallorca.
Miles de residentes han visto alterada su vida cotidiana. Cientos de visitantes han sufrido interrupciones impropias de un destino turístico de primer nivel. Y numerosos hoteles, bares, restaurantes, comercios y empresas han tenido que afrontar pérdidas económicas, dificultades para desarrollar su actividad e incluso problemas para garantizar la conservación de alimentos y el servicio a sus clientes. Todo ello en uno de los fines de semana de mayor actividad del verano.
Las infraestructuras críticas no admiten improvisaciones. La red eléctrica debe dimensionarse para responder con garantías a la elevada demanda que soporta Mallorca durante los meses estivales. Si las instalaciones actuales resultan insuficientes o presentan deficiencias, las inversiones necesarias no pueden seguir aplazándose. La calidad del suministro eléctrico forma parte de la competitividad de un territorio y de la confianza que ciudadanos y empresas depositan en sus servicios esenciales.
Del mismo modo, cuando las averías se producen, la respuesta debe ser rápida, eficaz y transparente. Los afectados tienen derecho a conocer qué ha ocurrido, por qué ha sucedido y qué medidas se adoptarán para impedir que vuelva a repetirse. No basta con restablecer el suministro; es imprescindible ofrecer explicaciones y asumir el compromiso de reforzar la red.
Mallorca no puede normalizar que barrios enteros permanezcan durante horas sin electricidad precisamente cuando reciben el mayor volumen de visitantes del año. La isla proyecta al exterior una imagen de excelencia turística que debe sustentarse también en unos servicios públicos y unas infraestructuras fiables. Garantizar un suministro eléctrico robusto ya no es una opción: es una obligación ineludible para proteger a los residentes, responder a las expectativas de quienes nos visitan y preservar la actividad económica que sostiene buena parte del bienestar de Baleares.
