Baleares afronta una situación insostenible con 795 menores migrantes tutelados

El aumento de 406 a 434 de la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados en Baleares no resuelve ninguno de los problemas que sufre el archipiélago. Al contrario, agrava la sensación de que el Gobierno de Pedro Sánchez continúa gobernando desde los despachos de Madrid sin atender la realidad de los territorios afectados. Mientras las cifras oficiales reconocen que Baleares ya tutela a 795 menores, muy por encima de la capacidad que el propio Estado considera ordinaria, la respuesta del Ejecutivo consiste en elevar aún más ese umbral sobre el papel.

¿Qué sentido tiene incrementar la capacidad teórica de un sistema que ya se encuentra claramente saturado? Cambiar un número en un real decreto no crea nuevas plazas, no construye centros, no incorpora educadores, psicólogos ni trabajadores sociales. Tampoco reduce la presión que soportan los consells insulares ni mejora la atención que merecen esos menores. Es una decisión burocrática que pretende maquillar un problema de fondo.

Recibe embarcaciones de inmigración irregular de manera constante y soporta una extraordinaria presión sobre sus servicios públicos

Más preocupante aún es la impresión de que el Gobierno utiliza la política migratoria como un instrumento de confrontación territorial. Son numerosas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular las que denuncian decisiones unilaterales adoptadas sin consenso, mientras el Ejecutivo central insiste en imponer sus criterios desde una lógica política antes que de gestión. La solidaridad entre territorios es un principio irrenunciable, pero la solidaridad no puede confundirse con la imposición permanente ni con el reparto de responsabilidades sin garantizar previamente los recursos necesarios.

Baleares, además, no es una comunidad cualquiera. Es frontera exterior de Europa, recibe embarcaciones de inmigración irregular de manera constante y soporta una extraordinaria presión sobre sus servicios públicos. Ignorar esa singularidad supone legislar de espaldas a la realidad.

Un Gobierno responsable debería concentrar sus esfuerzos en controlar las fronteras, combatir las mafias que trafican con seres humanos y reforzar los recursos de acogida allí donde realmente son necesarios. Sin embargo, decisiones como esta transmiten la sensación de que el objetivo prioritario no es solucionar el problema, sino trasladarlo a las comunidades autónomas, especialmente a aquellas gobernadas por un signo político distinto al de La Moncloa. Esa no es la política de Estado que exige un desafío migratorio de esta magnitud.