La publicación en el BOE del real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros que contempla la revisión de la indemnización por residencia de los funcionarios de la Administración General del Estado destinados en Baleares supone, por fin, una buena noticia para unas islas que llevan demasiado tiempo esperando justicia. Se trata del cumplimiento de un compromiso adquirido con las organizaciones sindicales y del reconocimiento de una realidad que resulta imposible seguir ignorando: vivir y trabajar en Baleares cuesta mucho más que en la mayor parte del territorio nacional.
El denominado plus de insularidad nació precisamente para compensar los sobrecostes derivados de la condición insular. Sin embargo, el paso de los años ha convertido esa compensación en una cantidad absolutamente desfasada, incapaz de responder al espectacular incremento del precio de la vivienda, del coste de la vida y de las dificultades que afrontan quienes aceptan un destino en el archipiélago. La indemnización dejó hace tiempo de cumplir la función para la que fue concebida.
Las consecuencias son visibles desde hace años. Numerosas plazas de la Administración General del Estado quedan vacantes o resultan muy difíciles de cubrir porque muchos funcionarios renuncian a trasladarse a Baleares o solicitan marcharse en cuanto les resulta posible. El problema afecta a cuerpos esenciales para el funcionamiento del Estado, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hasta la Administración de Justicia, Instituciones Penitenciarias o la Administración Tributaria. La escasez de personal termina repercutiendo directamente en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.
Por eso, la revisión anunciada merece una valoración positiva. Constituye el primer paso para corregir una anomalía que nunca debió prolongarse durante tantos años. Ahora bien, la satisfacción debe ir acompañada de prudencia. La medida solo será realmente eficaz si la actualización de las cuantías responde a la realidad económica de Baleares y no se queda en un incremento meramente simbólico.
El reto no consiste únicamente en revisar unas cifras, sino en garantizar que trabajar para el Estado en las islas deje de ser un sacrificio económico. Baleares necesita atraer y retener talento en sus administraciones públicas, no expulsarlo. La insularidad es una realidad permanente y su compensación debe estar a la altura de las circunstancias. Lo importante ya no es reconocer el problema, sino resolverlo de una vez por todas.
