Baleares ante la bancarrota hídrica: soluciones para proteger acuíferos y asegurar el agua

Un informe de la United Nations University (UNU-INWEH), publicado a principios de año, sostiene que el planeta ha entrado en una nueva fase de “bancarrota hídrica”: no se trata solo de episodios de sequía, sino de un deterioro crónico de los sistemas de agua por sobreuso, contaminación y calentamiento global, que hace que muchos territorios ya no “reboten” a una normalidad histórica.

EL INFORME DE LA UNITED NATIONS UNIVERSITY: “BANCARROTA HÍDRICA” COMO REALIDAD POSTCRISIS

El diagnóstico de la UNU-INWEH plantea que el vocabulario habitual (“estrés hídrico”, “crisis del agua”) se queda corto para describir lo que ocurre en numerosos ríos, acuíferos y humedales: la escasez y los episodios de contaminación dejan de ser excepciones y pasan a ser una condición persistente.

La metáfora económica es deliberada. El informe explica que muchas sociedades no solo han gastado su “ingreso anual” de agua renovable (lluvias, ríos, suelos), sino que han tirado de “ahorros” acumulados durante décadas o siglos en acuíferos, humedales, glaciares y otros reservorios naturales, dañándolos a veces de forma difícilmente reversible.

En este marco, la UNU-INWEH reclama un giro estratégico: pasar de la gestión de emergencias (reaccionar a la sequía cuando llega) a la “gestión de bancarrota”, con medidas como contabilidad transparente del agua, límites exigibles, y protección del “capital natural” que almacena y filtra agua (acuíferos, humedales, suelos, ríos).

El informe subraya, además, que la bancarrota hídrica no es solo un problema ambiental: es un reto de seguridad, justicia y economía política, porque los costes tienden a recaer de forma desproporcionada en los más vulnerables si no se diseñan transiciones justas.

QUÉ PROPONE BALEARES Y CÓMO ENCAJA CON LA “BANCARROTA HÍDRICA” DEL INFORME

En una entrevista publicada por Mallorcadiario, con motivo del Día Mundial del Agua, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, describe un problema que conecta directamente con el concepto de la UNU-INWEH: años “sacando agua” de los acuíferos, niveles a la baja y un déficit histórico de infraestructuras.

A partir de sus declaraciones, la respuesta balear se articula en varios ejes. La comparación con el informe ayuda a ordenar qué parte es “obra” (aumentar resiliencia) y qué parte es “gestión de bancarrota” (medir, limitar y proteger capital natural).

Proteger acuíferos y frenar la salinización: la prioridad compartida

Lafuente fija como “objetivo número uno” no sobreexplotar pozos para evitar que se salinicen (“nos cargamos los acuíferos” si se baja demasiado la captación). Y plantea la desalación como herramienta para no depender de la lluvia.

Encaje con la UNU: el informe insiste en que la bancarrota ocurre cuando se vive “por encima de los medios hidrológicos” y se agota el “capital natural” (acuíferos/humedales). Evitar la degradación de esos activos es parte central de la receta.

Desalación y eficiencia energética: “más suministro” con menor coste climático

Lafuente asegura que el Govern trabaja en la mejora energética de desaladoras existentes y en ampliar la red: ampliación de la planta de Santa Eulària (Ibiza) y proyectos para tres nuevas desaladoras (Ibiza, Levante de Mallorca y Levante de Menorca), con expedientes de viabilidad, ubicación y proyecto básico ya iniciados en Abaqua, además de financiación vía ITS.

Encaje con la UNU: el informe pide pasar de parches a planes estructurales, pero no como “cheque en blanco” de oferta: la idea es invertir con contabilidad y límites claros, para no seguir desplazando el problema. En Baleares, el énfasis en eficiencia energética apunta a un riesgo señalado por la UNU: resolver agua a costa de más energía en un mundo que se calienta.

Reutilización del agua depurada: atacar la contaminación que impide cerrar el ciclo

Según Lafuente, Baleares depura “correctamente”, pero el gran cuello de botella para el segundo uso (riego, baldeo, parques) es la salinidad: entra agua salada por grietas en alcantarillado cerca del mar y por vertidos no autorizados de sal al sistema. El resultado: agua “limpia” que se acaba vertiendo al mar por ser demasiado salada para regar.

El conseller añade que hay inversión pública en mantenimiento y tecnología de depuradoras (vía canon de saneamiento) y menciona proyectos para detectar puntos de entrada sin levantar toda la red.

Aquí la conexión es directa con el factor “contaminación” del diagnóstico global: la UNU subraya que la bancarrota no es solo falta de cantidad, sino también calidad, y que proteger el capital natural implica evitar degradaciones (incluida la salinización) que convierten el recurso en inutilizable.

Medir, controlar y poner reglas: de la concienciación a la contabilidad del agua

En clave de “gestión de bancarrota”, Lafuente cita varias piezas de control:

-Contadores digitales para grandes consumidores (proyecto “de más de un millón de euros”) para obtener datos de extracciones y controlar consumos.

-Más restricción a industrias intensivas en agua: deben acreditar suficiencia hídrica y, en caso de restricciones, su suministro sería “lo primero” en cortarse.

-Reducción de fugas: subvenciones de “más de 20 millones” a través de consells para mejorar redes; obligación de planes municipales de gestión sostenible; y referencia a un objetivo del plan hidrológico de menos del 17% de pérdidas.

El informe reclama precisamente pasar a contabilidad transparente, límites exigibles y medidas contra extracciones ilegales y degradación. La batería balear (medición digital, planes municipales, inversión en redes) se parece a esa transición desde la improvisación hacia un tablero de mando con indicadores.

QUÉ QUEDA MÁS “PENDIENTE” FRENTE AL MARCO DE LA UNU

Lafuente pone el foco en infraestructura, control y eficiencia; el informe de la UNU añade una dimensión explícita: límites de uso alineados con disponibilidad real, protección del capital natural y equidad en el reparto de costes. En Baleares, el debate sobre cómo se traducen esos límites (tarifas, prioridades, restricciones por sectores, objetivos cuantificados por isla/municipio) no aparece desarrollado en esa conversación y quedaría por concretar con documentos, calendarios y métricas públicas.