Baleares creará 1.752 empleos en el sector de los cuidados tras la reforma de la ley de dependencia. El departamento que dirige Pablo Bustinduy calcula que este refuerzo económico permitirá además incorporar a 8.455 nuevas personas beneficiarias en el archipiélago y recortar la lista de espera balear en 1.248 personas.
La Cámara Baja dio luz verde este martes al texto impulsado por Derechos Sociales, que introduce más servicios, más prestaciones y menos burocracia en el sistema de dependencia. La reforma blinda la financiación al fijar por ley que la Administración General del Estado (AGE) deba aportar el 50% de la inversión total del sistema.
Junto a esta ley, el Congreso también aprobó el Real Decreto-ley que el Gobierno había aprobado a finales de junio para ampliar la aportación estatal destinada a financiar el nivel mínimo de la dependencia: las cuantías mensuales que se transfieren a las comunidades autónomas en función del número de personas con prestación reconocida y su grado de dependencia.
Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, estas cuantías ya han comenzado a transferirse este mes de julio con una subida media del 82%. El incremento beneficia especialmente a los grados II y III, correspondientes a las situaciones de dependencia más severa, que aumentan un 100% y un 128%, respectivamente.
El Congreso aprobó asimismo la aportación que Derechos Sociales repartirá este año entre las comunidades por el nivel acordado —la otra vía de financiación estatal del sistema—, que también crecerá: 120 millones de euros en 2026 y otros 120 millones adicionales en 2027.
Sumando ambos incrementos, el Gobierno alcanzará la mayor inversión histórica en dependencia: entre 2026 y 2027 transferirá 6.200 millones de euros más a las comunidades autónomas para reducir las listas de espera. A nivel nacional, Derechos Sociales estima que estas podrán reducirse en 71.000 personas para 2027, con 417.000 nuevas personas beneficiarias.
Desde el Ministerio se ha trasladado que un "objetivo prioritario" de esta ampliación de financiación debe ser que las comunidades autónomas la trasladen a una mejora de las condiciones laborales del sector: mejores salarios, mejor formación y mayor estabilidad para los profesionales de los cuidados.
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