La reacción de Més per Mallorca tras la detención de dos activistas acusadas de cometer actos vandálicos contra varias inmobiliarias revela una preocupante confusión entre el legítimo debate político y el funcionamiento del Estado de derecho. Presentar una investigación policial como una supuesta "persecución ideológica" parte de una premisa sencillamente equivocada: el Código Penal no castiga las ideas, sino los hechos.
En un sistema democrático, nadie responde ante los tribunales por las convicciones que profesa. El Derecho Penal sanciona acciones u omisiones típicas, antijurídicas, culpables y punibles, previamente tipificadas por la ley. La ideología que un investigado invoque para justificar su conducta carece de relevancia jurídica. Lo determinante no es por qué dice actuar, sino qué hizo realmente y si esa conducta encaja en un tipo penal.
Precisamente por asumir una premisa errónea se entiende la contradicción en la que incurre Més. La formación ecosoberanista condenó con contundencia —y con toda razón— el vandalismo contra los bustos de Emili Darder y Aurora Picornell, calificándolos de ataque fascista contra la memoria democrática. Sin embargo, cuando los daños recaen sobre inmobiliarias mediante el bloqueo de cerraduras o la rotura de escaparates con martillos, se rebaja la gravedad alegando que sus autores actúan de forma democrática, movidos por una determinada causa política como es la denuncia de la saturación turística. Ese razonamiento no resiste el menor análisis jurídico ni democrático.
Aceptar que la legitimidad de un acto violento depende de la ideología de quien lo comete supone abrir una peligrosa grieta en el principio de igualdad ante la ley
Aceptar que la legitimidad de un acto violento depende de la ideología de quien lo comete supone abrir una peligrosa grieta en el principio de igualdad ante la ley. Si el vandalismo es condenable cuando procede de la extrema derecha, también debe serlo cuando lo protagonizan quienes dicen actuar contra la turistificación o la especulación inmobiliaria. La ley no puede tener distintos baremos según quién empuñe el martillo o pinte la consigna.
La crítica política al modelo turístico, al mercado de la vivienda o a cualquier otra realidad es perfectamente legítima. Lo que nunca puede ser legítimo es recurrir a la violencia o a los daños contra bienes ajenos para defender una causa, por noble que algunos la consideren. Confundir activismo con impunidad solo contribuye a erosionar la convivencia, pues por esa regla de tres, cada cual recurriría a la violencia cuando le diera la gana. La ley de la selva.
Por ello, resulta imprescindible que la sociedad condene sin ambigüedades cualquier conducta delictiva, con independencia del color político de sus autores. Y del mismo modo debe respaldar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Administración de Justicia, cuya obligación no es perseguir ideologías, sino investigar hechos presuntamente delictivos y garantizar que la ley se aplique con el mismo rigor para todos. Ese es, precisamente, el fundamento de una democracia madura.
